Según la Cámara Agropecuaria del Oriente hasta 2024 había el registro de 331 establecimientos afectados por la toma ilegal de tierras. Durante 2025, se sumaron otros 163 casos, con una superficie afectada de unas 170.000 hectáreas
Por Juan Carlos Salinas
Fuente: El Deber
En los últimos diez años Santa Cruz se consolidó como el epicentro de las tomas ilegales de predios en Bolivia: el fenómeno no solo se mantuvo, sino que tuvo picos de intensidad en distintos momentos y se diversificó (predios privados productivos, tierras fiscales y áreas protegidas), con pérdidas crecientes en superficie y conflictos cada vez más violentos.
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Para la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la ley tiene que cumplirse y meter presos al que tenga que caer, para la institución es fundamental desarmar las mafias que hay en el tema tierra en Santa Cruz.
Klaus Frerking, presidente de la CAO, los productores tienen una labor activa denunciando los avasallamientos de tierras productivas en Santa Cruz y otras regiones de Bolivia, alertando sobre la violencia, el robo de ganado y la invasión de propiedades agrícolas por grupos irregulares, exigiendo al Gobierno acciones más firmes para aplicar la Ley 477 y desarticular mafias de tierras, con reportes recientes de cientos de predios afectados y el impacto en cultivos estratégicos como el sorgo y el trigo.
Sobre la cantidad de predios afectados, Frerking remarcó que hasta 2024 se tenía el dato de que eran 331 establecimientos afectados y que para esta gestión se tenía el dato de que 163 nuevos predios fueron avasallados.
“El problema es recurrente, pone en riesgo la propiedad privada y la seguridad de los productores. No es la primera vez que en Santa Cruz se dan los avasallamientos, hasta en algunos casos hay balas, hay un atentado contra la propiedad privada de todos los productores agropecuarios”, puntualizó el dirigente agropecuario.
Melisa Barba, vocera de la Asociación de Propietarios de Predios Avasallados, sostuvo que las tomas ilegales de predios privados productivos en Santa Cruz se han vuelto cada vez más violentas y frecuentes.
Barba sostuvo que en lo que va de 2025 se tiene registrado 163 nuevos predios afectados en donde “grupos violentos y en algunos casos armados ingresan por la fuerza a predios productivos, destrozan los cultivos y se quedan con la maquinaria. A veces toman de rehenes a los trabajadores y propietarios, todo con una impunidad que preocupa”, sostuvo Barba.
Interculturales observados
Barba hizo notar que en los últimos años “hubo un patrón de comportamiento y es que la mayor cantidad de avasallamientos eran generando por los interculturales de San Julián. Llegan del interior se reúnen en San Julián para luego realizar tomas de predios en diferentes zonas de Santa Cruz, pero últimamente más en la Chiquitania”, precisó Barba.
Que detalló que en diciembre de 2025, comunarios de una colonia menonita ubicada en Campo Grande (Concepción) denunciaron que un grupo de interculturales procedente de San Julián intentó ocupar por la fuerza predios trabajados desde hace más de 16 años.
También recordó que a inicios de octubre de 2025 se reportó otro avasallamiento en la provincia Guarayos —predio “El Cielo” y otros sectores— atribuido también a grupos que se mueven entre San Julián y otras zonas.
“El tema no solo afecta a Santa Cruz, hace unos días recibimos la noticia de que en Pando se está dando diferentes avasallamientos en zonas de producción de castañas. No se puede seguir aceptando que estos grupos hagan ilegalidades en Santa Cruz y luego se trasladen a otros departamentos afectando a sectores productivos legalmente establecidos. Esto tiene que cambiar”, observó Barba.
Sobre el tema, Dino Franco, segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, remarcó que los avasallamientos son una constante en la Chiquitania, debido a que las autoridades llamadas a sancionar a aquellas personas que realizan actos ilegales no cumplen con su trabajo.
Franco sostuvo que los que realizan la toma de tierras de forma ilegal son grupos organizados, que cuentan con información de primera mano que les permite llegar a predios donde pueden sorprender a los trabajadores, a los dueños e ingresar y quedarse en el lugar.
“Estos grupos ingresan por la fuerza, dañan la maquinaria y los cultivos. En otros casos prenden fuego y generan incendios, provocando graves daños al medioambiente, lo que significa importantes pérdidas. Por eso los avasalladores que dañan la Chiquitania deben ser castigados penalmente, deben ir a la cárcel. Los castigos deben ser más firmes, eso le pedimos a las nuevas autoridades gubernamentales”, subrayó Franco.
Los hechos y su impacto
28 de octubre de 2021. Emboscada, secuestro y tortura en el predio Las Londras. Un grupo armado atacó a 17 personas — periodistas, policías y civiles — que se encontraban inspeccionando el terreno. Fueron retenidos, amenazados, torturados durante horas.
31 de octubre de 2021. Bloqueo en el municipio de San Julián en respaldo de los acusados. Tras los hechos en Las Londras, “interculturales” bloquearon la carretera Santa Cruz–Trinidad, movilizando su base.
Julio 2022. Denuncia de intento de tomar 26.500 hectáreas en Guarayos. Dirigentes de comunidades denunciaron que “interculturales armados” pretendían ocupar tierras fiscales no disponibles, habiendo ya arrebatado unas 8.500 hectáreas.
5 agosto 2022. Un análisis documentó una serie de ataques con usurpación de tierras y violencia en varios predios, incluidos Las Londras.
Diciembre 2023. Amenazas de violencia abierta — uso de armas y “defensa” de tierras. Un comunario identificado como de San Julián amenazó con armas tras muertes en enfrentamientos, declarando que “ahora sí” usarán armas para defender lo que consideran suyo.
6 octubre 2025. Órdenes de aprehensión por avasallamientos en Guarayos, San Julián y Cuatro Cañadas. Autoridades identificaron una “estructura móvil tipo nómada” culpable de múltiples tomas ilegales — al menos 11 personas con mandamientos de captura. Último trimestre de 2025.
Avasallamiento en predio El Encanto (Guarayos). A pesar de desalojos judiciales anteriores, invasores retornaron al predio, paralizando cosechas y exigiendo reconocimiento de “inversiones”.
Fuente: El Deber