El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, acusó a los expresidentes Luis Arce y Evo Morales de ser responsables de que Bolivia ingrese a la lista gris, registro de Estados que representan “alto riesgo” en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La autoridad señaló que los mandatarios masistas “descuidaron” la lucha contra los delitos financieros, prefiriendo utilizar la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) como instrumento político en lugar de un organismo de control.
“Descuidaron el verdadero motivo y razón de ser de la UIF, que era evitar y asegurar que Bolivia no ingresara a situaciones como las que hoy se nos han vuelto a recalcar, la lista gris de Gafilat”, afirmó Espinoza este jueves durante el acto de posesión del nuevo director de la Unidad, Carlos Jáuregui. Agregó que esta institución debió ser la encargada de proteger la imagen del país, pero fue utilizada como un brazo de persecución contra quienes pensaban diferente.
Este jueves se conoció que la Comisión Europea actualizó su lista de países y territorios de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas en sus regímenes nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Además de Bolivia, el registro incluye a las Islas Vírgenes Británicas, mientras que otras naciones como Burkina Faso, Malí, Mozambique, Nigeria, Sudáfrica y Tanzania fueron suprimidas.
Esta actualización sigue las decisiones adoptadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su lista de “Competencias sometidas a un mayor seguimiento” (lista gris), tras los plenos de junio y octubre de 2025. Las entidades de la UE cubiertas por el marco de lucha contra el blanqueo de capitales están obligadas a aplicar una mayor vigilancia en las transacciones que involucren a los países incluidos en la lista.
La causa de la inclusión de Bolivia, pese a que cumplió más del 90% de las recomendaciones, es la falta de legislación específica contra el lavado de dinero. En 2021, la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo fue abrogada, debido a que la oposición de entonces y distintos sectores la percibieron como un instrumento de persecución.
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Por ello, durante el acto de posesión, Espinoza encomendó a la nueva autoridad la tarea de sacar al país de dicha lista y lograr que la UIF recupere su carácter técnico, lo que permitirá «perseguir aquellos flujos de dinero relacionados con ilícitos, que dañan la imagen del país y que definitivamente debemos erradicar».