Desde músicos cobrando Bs 20.000 hasta oficinas fantasma y delegaciones presidenciales improductivas, más de la mitad del empleo formal quedó concentrado en el Estado, afectando la eficiencia y el desarrollo económico
Por Ernesto Estremadoiro Flores
Fuente: El Deber
Durante los casi 20 años del Gobierno del MAS, el Estado fue creciendo por los costados, sin planos ni control. El gasto corriente se infló al compás de contrataciones políticas, cargos creados a medida y oficinas que existían solo en papel. El caso del músico contratado como asesor del Ministerio de la Presidencia con un sueldo de Bs 20.000, es apenas la escena más visible de una práctica extendida en el llamado proceso de cambio.
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Otro ejemplo del despilfarro fueron delegaciones presidenciales: equipos de cinco o seis personas en cada departamento, con salarios de hasta Bs 17.000, sin funciones permanentes ni control de horarios. “No respondían a eficiencia administrativa, sino a decisiones políticas”, admitió el viceministro de Coordinación de la Gestión Pública, Julio Linares.
Así, entre lealtades y sueldos, el gasto en salarios se multiplicó por seis mientras el Estado asumía, silenciosamente, el rol de agencia de empleo partidario.
Datos del Ministerio de Economía y Finanzas sostienen que desde 2006 hasta 2025 el gasto corriente — que comprende el pago de salarios y la administración gubernamental — pasó de Bs 26.966 millones a Bs 174.271 millones.
2006: el punto de partida
El primer Presupuesto General del Estado del gobierno de Evo Morales, aprobado mediante la Ley 3302, marcó el tono. En 2006, el gasto corriente alcanzó Bs 26.966 millones, más del 58% del presupuesto consolidado, que sumó Bs 46.331 millones. El mensaje fue directo: el Estado debía funcionar, pagar salarios, cubrir transferencias y mantener políticas sociales heredadas y ampliadas.
Los sueldos y jornales absorbieron Bs 8.091 millones; bienes y servicios, Bs 8.555 millones. A ello se sumaron transferencias corrientes por Bs 4.079 millones —principalmente al sector privado— y prestaciones de seguridad social por Bs 3.347 millones.
Incluso los intereses de la deuda pública (Bs 2.437 millones) siguieron siendo un componente relevante, recordando que el “proceso de cambio” arrancó con obligaciones financieras intactas.
El verdadero quiebre ocurrió entre 2007 y 2008, coincidiendo con el inicio del auge de precios de materias primas. En apenas un año, el gasto corriente pasó de Bs 33.091 millones a Bs 54.550 millones, un salto de 65%.
El dato más revelador estuvo en la planilla estatal: sueldos y jornales se dispararon de Bs 11.926 millones a Bs 26.951 millones, más del doble en términos nominales. Las transferencias corrientes crecieron con fuerza, al igual que los gastos en bienes y servicios.
Había más ingresos —los ingresos corrientes subieron de Bs 40.559 millones a Bs 57.200 millones— y el Estado optó por gastar más en sí mismo.
Una radiografía más precisa del modelo se observa al cierre del último año de gestión de Evo Morales, cuando el gasto corriente alcanzó Bs 131.756 millones, equivalentes a más del 61% de los egresos ejecutados, que sumaron Bs 214.724 millones. El dato confirma que la mayor parte de los recursos públicos se destinó al funcionamiento del Estado y no a inversión productiva.
La herencia que llega a Arce
Durante la gestión del expresidente Luis Arce Catacora, el gasto corriente del Estado registró un crecimiento sostenido que volvió a colocar al funcionamiento del aparato público en el centro del debate fiscal. De acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado (PGE), este gasto pasó de Bs 129.806 millones en 2021 a Bs 174.271 millones proyectados para 2025, un incremento acumulado del 34,2% en apenas cinco años.
La trayectoria fue ascendente año tras año. En 2022 el gasto corriente subió a Bs 134.946 millones; en 2023 alcanzó Bs 144.484 millones; y en 2024 escaló a Bs 155.639 millones, gestión marcada además por la aprobación del presupuesto vía decreto. Para 2025, el salto interanual es del 12%, el mayor del periodo.
El crecimiento estuvo impulsado principalmente por sueldos y jornales, que aumentaron de Bs 43.204 millones en 2021 a Bs 51.919 millones en 2025, y por el peso creciente de las subvenciones, especialmente a los hidrocarburos, que solo este año demandan Bs 15.156 millones.
Contrataron hasta músicos
Pero entre estos números fríos, una historia refleja lo absurdo e irresponsable de cómo se manejó la administración del Estado: un músico contratado como asesor del Ministerio de la Presidencia con un salario de Bs 20.000, peo sin experiencia ni funciones técnicas.
El viceministro de Gestión Pública, Julio Linares detalló que aquel funcionario le confesó con humildad: “Soy auditor, pero nunca he trabajado en las atribuciones que me dieron; mi amigo Gustavo Torrico me contrató porque soy buen músico”. La escena, casi cómica, refleja el síntoma de un problema que el Estado arrastra desde hace años: cargos creados por lealtades políticas y no por mérito.
Este no es un caso aislado. En cada departamento funcionaban las “delegaciones presidenciales”: equipos de cinco o seis personas con sueldos que oscilaban entre Bs 9.800 y Bs 17.000. El único requisito era ser bachiller. No marcaban entrada ni salida, no elaboraban informes mensuales, y solo aparecían cuando el presidente o algún ministro visitaba la región.
Su trabajo consistía en recibir autoridades, conseguir movilidad, coordinar reuniones y, en algunos casos, tomar fotos para las redes oficiales. Cada delegación costaba al Estado cerca de Bs 450.000 al mes. Estos funcionarios fueron contratados bajo el respaldo del Decreto Supremo Nº 4457, del 21 de enero de 2021.
“Cuando uno ve las caras, entiende cómo se han usado los recursos públicos”, explica Linares.
Ese gasto no se detuvo ahí. Entre 2014 y 2024, los sueldos escalaron de Bs 18.642 millones a Bs 34.113 millones
El crecimiento fue exponencial y casi sin control, afectando a empresas públicas, ministerios y entidades descentralizadas, pero dejando fuera de la estadística a gobernaciones y alcaldías.
Durante años, los gobiernos del MAS justificaron este crecimiento con la idea de que el Estado debía expandirse para liderar el desarrollo y la industrialización. La realidad fiscal, sin embargo, pinta otro cuadro: más del 50% del empleo formal en Bolivia pertenece al sector público. En La Paz, casi la mitad de los trabajadores formales dependen del Estado.
“Eso explica por qué la economía privada no despega y por qué el gasto corriente se volvió insostenible”, asegura Linares.
Hay más casos
Para el economista Germán Molina, este caso no es un hecho aislado, sino parte de un patrón que atraviesa instituciones, empresas públicas y entidades descentralizadas: cargos otorgados por lealtades políticas más que por capacidad técnica.
“Durante veinte años, el gasto en sueldos se ha incrementado por encima de lo recomendado internacionalmente, que no debería superar el 10% del PIB para un país como el nuestro”, señaló.
El economista recuerda que los ejemplos son múltiples: desde músicos hasta funcionarios del sector minero, que en la bonanza económica recibían sueldos y bonos superiores al presidente del país, un esquema que persistió incluso cuando los precios internacionales cayeron, elevando los costos de producción de empresas públicas como Comibol y Huanuni.
El ajuste que plantea la nueva administración apunta a racionalizar estos gastos sin afectar la operatividad esencial del Estado. Según Molina, se aplicará una técnica de presupuesto base cero, en la que cada institución deberá justificar su costo salarial máximo, intermedio y mínimo, permitiendo identificar qué entidades pueden ser cerradas por no generar ingresos suficientes para sustentar sus planillas. “El recorte proyectado sería cercano al 30%, contemplando tanto sueldos como gastos corrientes innecesarios”, explica.
Para Molina, decretos de emergencia económica como el 5503 son insuficientes si no incluyen lineamientos operativos claros y anexos completos que permitan a los funcionarios ejecutar las normas y controlar los gastos. “Sin la guía correcta, la maquinaria del Estado no funciona y la crisis recae sobre la población”, dijo.
Para el economista, la crisis tiene raíces profundas y no la generaron los hogares ni el sector privado: el gasto público inflado y los sueldos irracionales si, por lo que exigen un ajuste urgente, o la población seguirá pagando la factura del MAS.
Fuente: El Deber