La investigación se concentra en los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo, Hidrocarburos Minería y el Banco Central. Al menos una treintena de exautoridades ocuparon los cargos más altos
Por Erika Segales
Fuente: eldeber.com.bo
El Gobierno de Rodrigo Paz identificó responsabilidades de exautoridades de al menos cinco entidades que formaron parte de un círculo de avales financieros que permitió a empresas públicas endeudarse, postergar pagos y recibir transferencias del Tesoro General del Estado (TGN) sin ningún estudio de factibilidad. El esquema preliminar identificado involucra a los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo, Minería e Hidrocarburos y al Banco Central de Bolivia.
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“Todo es parte de un círculo que ha manejado de manera irresponsable todo el tema de las empresas públicas.
El Ministerio de Economía avalaba que se incrementen los periodos de gracia de no pago de la deuda al Banco Central. El Gobierno central asumía las deudas, las transferencias que eran un estilo de salvataje. Los ministerios de Economía principalmente, el Banco Central de Bolivia, el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Minería, el Ministerio de Hidrocarburos, son todos los que tuvieron que ver”, dijo el viceministro de Coordinación de la Gestión Pública, Julio Linares.
El 15 de diciembre, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, presentó un informe sobre las empresas públicas creadas durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS),y afirmó que de 67, solo tres eran rentables: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
“Se invirtieron de nuestras reservas internacionales Bs 53.945 millones, lo que equivale a $us 7.750 millones. De este total solamente se ha recuperado el 18% en estos 19 años. El resto, $us 6.000 millones son recursos que seguramente no van a poder ser recuperados”, lamentó el ministro de la Presidencia hace dos semanas.
El diagnóstico del Gobierno señala que este esquema aplicado durante los gobiernos del MAS, permitió sostener empresas públicas inviables, profundizando su dependencia de recursos fiscales y generando un daño económico al Estado.
“Todo ha sido parte de un consorcio de ministros, de autoridades, de todo tipo, que además avalaban proyectos sin algún estudio de factibilidad, o algún estudio de mercadeo. No existían ninguno de esos estudios que deberían avalar la existencia de una empresa” remarcó Linares.
El viceministro de Coordinación de la Gestión Pública indicó que muchas transferencias que se realizaron desde el TGN se hacían como supuestos aportes de capital, pero en realidad se destinaban a cubrir gastos corrientes que las empresas ya no podían asumir.
La cuestionada gestión
Al menos una treintena de autoridades pasaron por los más altos cargos de las instancias que se encuentran bajo la lupa.
Desde la llegada del MAS al poder en 2006, la cartera de Economía y Finanzas Públicas estuvo inicialmente liderada por Luis Arce Catacora, quien se mantuvo en el cargo de 2006 hasta 2017. Entre 2017 y enero de 2019, Mario Guillén Suárez asumió el cargo hasta el breve regreso de Luis Arce en enero de 2019. Tras el retorno del MAS al poder con Luis Arce como presidente en noviembre de 2020, Marcelo Montenegro Gómez fue designado ministro de Economía y Finanzas Públicas, permaneciendo en el cargo durante todo su mandato hasta 2025.
El Ministerio de Desarrollo Productivo estuvo ocupado por varias autoridades, primero Antonia Rodríguez Medrano, desde 2010 hasta 2011, luego Ana Teresa Morales entre 2011 y 2015, Verónica Ramos desde 2015 hasta 2017, después Eugenio Rojas entre 2017 y 2019 y finalmente Nélida Sifuentes desde enero hasta noviembre de 2019.
En la siguiente etapa del MAS, bajo el gobierno de Luis Arce, Néstor Huanca Chura fue ministro de Desarrollo Productivo hasta febrero de 2025, siendo reemplazado luego por Zenón Mamani Ticona hasta noviembre de 2025.
La cartera de Minería y Metalurgia fue ocupada por varios titulares, en los primeros años del gobierno de Evo Morales, Luis Alberto Echazú fue ministro entre 2007 y 2010, seguido por César Navarro, quien ejerció desde 2014 hasta 2019. Con Arce como presidente, Ramiro Villavicencio Niño de Guzmán asumió el cargo hasta 2023 y fue reemplazado por Marcelino Quispe. Alejandro Santos ocupó el cargo durante el último periodo restante del gobierno MAS.
El Ministerio de Hidrocarburos tuvo cambios frecuentes, entre 2006 y 2019, pasaron por la administración Andrés Soliz Rada, Carlos Villegas, Saúl Ávalos, Óscar Coca, Luis Fernando Vincenti, José Luis Gutiérrez, Juan José Sosa y Luis Alberto Sánchez. Con el retorno del MAS en 2020 Franklin Molina Ortiz fue el titular de la cartera hasta agosto de 2024 y fue reemplazado por Alejandro Gallardo hasta el fin de la gestión de Arce.
La presidencia del BCB, la entidad emisora y responsable de la política monetaria del país, tuvo como presidentes a Raúl Garrón entre 2006 y 2008, Gabriel Loza Tellería entre 2008 y 2010 y Marcelo Zabalaga entre 2010 y 2016; luego Pablo Ramos presidió el BCB entre 2017 y 2019. Edwin Rojas fue el único presidente del BCB en la etapa del gobierno de Arce.
Linares subrayó que actualmente, el Gobierno trabaja en un estudio, empresa por empresa, para determinar responsabilidades y evaluar medidas, aunque la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) será la encargada de proponer acciones para cada caso, y estas serán evaluadas por el presidente y los ministros.
La autoridad señaló que inicialmente se ve indicios de mal manejo, daño económico y corrupción.
Blindaje legal
Pese a que el actual Gobierno aseguró que de las 67 empresas públicas heredadas de la anterior administración, solo tres son realmente rentables, y que la mayoría funciona de manera deficiente o representa un gasto para el Estado, su reestructuración se ve dificultada por un “blindaje jurídico”, según el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas, Óscar Mario Justiniano.
“El blindaje que le hicieron a través de leyes, decretos, normativas, es tan bien entramado que se requiere toda una ingeniería, que en realidad no es operativa sino jurídica, se necesita trabajar jurídicamente, para que las decisiones que se puedan tomar no sean también utilizadas para enjuiciar a quienes toman las decisiones”, explicó Justiniano.
La autoridad señaló que este blindaje legal también dificulta la creación de asociaciones público-privadas, ya que el Estado mantiene siempre la mayoría, la administración queda en manos estatales y los privados no pueden demandar al Estado por mal manejo, eliminando garantías mínimas de protección para las inversiones mixtas.
Las autoridades explican que se debe realizar una evaluación por cada una de las empresas creadas debido a que no todas tienen el mismo marco jurídico y es probable que se requiera el apoyo de la Asamblea Legislativa para cambiar la situación actual.
Presupuesto y ejecución
Durante la última gestión del presidente Luis Arce, las empresas públicas concentraron más del 20% del presupuesto estatal, equivalente a Bs 95.159 millones, pero su ejecución promedio fue apenas del 38,67%, en los primeros siete meses del 2025.
Las empresas consideradas estratégicas registraron niveles de ejecución extremadamente bajos. La Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) alcanzó solo un 4,76% de ejecución de su presupuesto de Bs 1.145 millones.
La segunda ejecución más baja corresponde a Yacana, con apenas 5,79%, esta empresa pública fue creada en 2014 para la industrialización de productos derivados de la fibra de camélidos.
Otras dos empresas con ejecución inferior al 10% fueron Servicios Aéreos Bolivianos (Esabol), con 8,61%, dedicada al transporte aéreo de pasajeros, carga y correo, principalmente mediante helicópteros, y la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria, con 9,30%, enfocada en la producción, procesamiento y comercialización de productos agrícolas y pecuarios