La liberación del exsacerdote Juan José Sant’Anna, acusado en Bolivia de agresiones sexuales contra niños y adolescentes del internado Ángel Gelmi de Tapacarí, provocó indignación entre las víctimas y sus representantes.
Un juez uruguayo rechazó la extradición y dispuso su libertad al considerar que los delitos habían prescrito.
Sant’Anna fue aprehendido en Salto, Uruguay, el 26 de septiembre de este año, tras una alerta roja de Interpol. Permaneció detenido casi dos meses y medio, mientras Bolivia tramitaba su extradición.
Exasacerdote Sant’Anna
Uruguay concedió inicialmente 40 días para presentar documentación, plazo que se amplió 45 días más en noviembre. La información requerida —vinculada principalmente a la edad de las víctimas— fue enviada.
El caso se remonta a 2005, cuando Sant’Anna llegó a Tapacarí para dirigir el ala masculina del internado Ángel Gelmi. Allí convivían 72 menores de entre 7 y 17 años, en su mayoría de familias vulnerables.
En octubre de 2007, una religiosa descubrió los abusos tras encontrar a un niño llorando. Él reveló que el sacerdote lo “molestaba mucho” y describió las agresiones. Con apoyo de psicólogos, se confirmó que había más víctimas.
Víctimas
Las denuncias motivaron la intervención del entonces arzobispo de Cochabamba, monseñor Tito Solari, quien reconoció públicamente el caso el 7 de noviembre de ese año y pidió perdón. Las investigaciones reunieron cartas, testimonios y pruebas que describen un modus operandi repetido: Sant’Anna invitaba a los niños a su cuarto, cerraba la puerta con llave y los agredía. Algunas víctimas declararon que las dormía con alguna sustancia.
El acusado huyó en 2011 y fue declarado rebelde. En 2010, un periodista uruguayo lo encontró y él admitió los hechos: “Son ciertas. Es lo que te puedo decir… Estoy muerto”, declaró. A pesar de esas confesiones, permaneció libre durante años.
Proceso
Tras su reciente liberación, la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS) exige que Bolivia reactive el proceso en rebeldía. Su vocero, Pedro Lima, recordó que Bolivia y Uruguay son parte del Estatuto de Roma, que considera la violencia sexual contra menores como tortura y delito de lesa humanidad, imprescriptible.
La CBS plantea recalificar el caso como violación de infante, niño o adolescente con agravantes. Pide una pena de 30 años sin derecho a indulto y que, con una sentencia firme, Bolivia solicite nuevamente su extradición.