En la imputación de la fiscalía se menciona que se hizo el análisis de 38 convenios, 13 contratos y 25 adendas por el suministro de combustible para el mercado boliviano que se suscribió con la subsidiaria, desde junio de 2023 hasta mayo de la presente gestión. La Fiscalía sostiene que Dorgathen y el resto de los implicados conocían las irregularidades que estaban cometiendo.
Fuente: ANF / La Paz
El Ministerio Público, de manera preliminar, cuantificó un daño económico al Estado de $us 857.717.017,33 que se generó en la suscripción de contratos para el suministro de combustible, entre la subsidiaria Botrading S.A. y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
“De forma preliminar, considerando los documentos cursantes en obrados, se establece que el monto pagado en favor de Botrading S.A fue de 857.717.017,33 US$ (dólares americanos), conociéndose también del pago de 118.000 US$ (dólares americanos), por la compra de acciones de BOTRADING S.A. por parte de YPFB Logística, montos que constituirían la posible cuantificación del daño económico causado al estado, monto sujeto a modificaciones de acuerdo a los resultados de la auditoria forense que se practicara como parte de la investigación”, señala la imputación contra Armin Dorgathen y otros al que accedió la ANF.
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El lunes, el fiscal del caso Omar Yujra informó que se emitió una imputación contra el expresidente de YPFB, Armin Dorgathen; el exrepresentante legal de Botrading, Omar Alarcón, y otros cuatro exfuncionarios por incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado y otros.
Anteriormente, el fiscal indicó que se detectó un contrato donde existe un sobreprecio de al menos $us 5 millones y, en la revisión de los otros convenios, el daño económico asciende a más de $us 365 millones. Sin embargo, indicó que ese monto puede cambiar tomando en cuenta los indicios que se encuentra en la etapa preparatoria de la investigación.
“Indiciariamente, se tiene que habría un contrato específico de cinco millones de dólares, posteriormente, evaluando todos los contratos, se tendría un daño económico de 365 millones de dólares. En ese entendido, el Ministerio Público está realizando la actividad investigativa y al abrirse la etapa preparatoria con esta resolución imputación, obviamente vamos a hacer los actos investigativos concernientes para precisar este daño económico”, dijo Yujra.
Contratos y adendas
Asimismo, en la imputación se menciona que se hizo el análisis de 38 convenios, 13 contratos y 25 adendas por el suministro de combustible para el mercado interno que se suscribió con la subsidiaria, desde junio de 2023 hasta mayo de la presente gestión. La Fiscalía sostiene que Dorgathen y el resto de los implicados conocían las irregularidades que estaban cometiendo.
“Al suscribir los contratos de compra de combustible o materias primas en representación de YPFB y BOTRADING S.A., respectivamente, pese a que estos implicaban una mayor erogación de recursos económicos a la verdaderamente necesaria para la compra de estos productos, en perjuicio del erario nacional, (en el caso de los codenunciados Gabriela Delgadilla Salazar, Omar Alarcón Saigua y Luis Rolando Ayala Sánchez) y a sabiendas de la incompatibilidad que implicaba este acto, ya que los representantes legales de BOTRADING S.A fueron funcionarios de YPFB y sus subsidiarias al momento de la suscripción de los contratos, incurriendo en las exclusiones contempladas por el mismo reglamento interno de contrataciones de YPFB, que era de pleno conocimiento de los tres denunciados (Gabriela Delgadilla Salazar, Omar Alarcón Saigua y Luis Rolando Ayala Sánchez)”, señala el documento.
Contratos y adendas identificadas por la comisión de fiscales. Foto: ANF
De acuerdo a una revisión que hizo este medio a los contratos publicados en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), desde 2023 hasta octubre de 2025, la empresa se adjudicó 14 contratos por $us 960,4 millones para el suministro de combustible a la estatal petrolera.
La imputación fue remitida ante el juzgado quinto de instrucción penal el 5 de diciembre y está suscrito por la comisión de fiscales, entre ellos Omar Yujra y Omar Mejillones. Señalan que la investigación inició a partir de la denuncia presentada por Ludwig Sánchez, representante de trabajadores petroleros.
A la vez, se toma en cuenta las contradicciones sobre los nexos y el origen de la subsidiaria los cuales se registraron a raíz de la Petición de Informe Escrito (PIE) que hizo el diputado Carlos Alarcón al entonces ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina.