Fondo Indígena:El precio de denunciar


El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas nació como una conquista histórica: un esfuerzo para reparar la exclusión que durante generaciones marcó a los indígenas. El 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, obtenido tras la movilización del pueblo guaraní, debía financiar proyectos productivos reales, con impacto directo en las comunidades más pobres. Pero aquello que empezó como un acto de justicia terminó convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción del ciclo político del MAS.

Aunque fue creado en 2005, el Fondo comenzó a operar en 2009. Desde el inicio quedó atrapado en una estructura politizada, dominada por dirigentes orgánicos y operadores del poder. El directorio multisectorial que debía garantizar transparencia se transformó en un círculo cerrado donde quienes proponían los proyectos eran los mismos que los aprobaban y fiscalizaban. No había controles técnicos, ni contrapesos institucionales. Era un sistema diseñado para escapar a toda supervisión.



Los informes de la Contraloría revelaron la magnitud del descalabro: entre 2006 y 2014 se desembolsaron más de Bs 3.000 millones, de los cuales Bs 1.855 millones terminaron en cuentas particulares. Entre 2010 y 2013 se aprobaron 3.462 proyectos y solo uno se concluyó. No había carpetas técnicas, no existían obras físicas y los desembolsos se realizaban sin verificación alguna. El Fondo, creado para dignificar a los pueblos indígenas, había sido convertido en botín político.

Pero la tragedia más dolorosa tiene nombre completo: Marco Antonio Aramayo Caballero. Fue él quien, al asumir la dirección del Fondo, se atrevió a denunciar el esquema de corrupción. Y fue él quien pagó el precio más alto por hacerlo. En lugar de investigar a los verdaderos responsables -los dirigentes beneficiados, los operadores políticos y los ministerios que avalaron la estafa-, el sistema decidió destruir al denunciante. Aramayo enfrentó juicios penales; fue detenido, trasladado, hostigado, despojado de derechos básicos y convertido en chivo expiatorio de una maquinaria judicial servil al poder.

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Mientras los reales beneficiarios escapaban entre pactos y privilegios, Aramayo era triturado por un rastrero aparato de justicia que tuvo el manifiesto encargo de encubrir el latrocinio y escarmentar al delator. Lo sometieron a nada menos que 259 procesos, llevados a cabo por 84 jueces y 91 fiscales. Lo mantuvieron preso en más de 50 centros de detención de todo el país.

Nunca pudieron quebrar su espíritu ni sus convicciones y repitió hasta el final que jamás renunciaría a sus principios.

Murió en 2022, tras años de persecución, encarcelamiento, enfermedad y abandono. Su muerte no fue un hecho aislado, sino la consecuencia previsible de un suplicio prolongado. Fue el castigo ejemplar para quien cometió el pecado de decir la verdad.

Hoy, con el cambio de gobierno, la justicia comienza a moverse. La captura de Lidia Patty y la detención del exministro y expresidente del Fondo, Luis Arce Catacora, confirman que el encubrimiento empieza a desmoronarse. Pero todavía falta una larga lista de implicados que durante años se creyeron intocables. Entre ellos, el jefe político del sistema. Evo Morales no fue un espectador del desfalco: el “cajero” obedecía órdenes. Durante años, Morales utilizó los recursos públicos del FONDIOC para comprar sumisiones y enriquecer a sus más rastreros, convirtiendo un fondo destinado a los pueblos indígenas en una maquinaria de poder y corrupción.

El desfalco al Fondo Indígena debería indignarnos. Pero más aún debería indignarnos la condena inmoral impuesta a Marco A. Aramayo. Su historia revela una verdad insoportable: en Bolivia, denunciar corrupción ha sido más peligroso que cometerla. El Fondo no se explica sólo por dinero perdido, sino por un sistema que castiga al honesto y premia al cómplice. Aramayo dejó advertencias que nadie quiso escuchar. Si el país no las atiende hoy, volverá a tropezar con la misma piedra, quizá con un costo aún más alto.

Porque la corrupción devora recursos, pero la injusticia devora vidas. Y esa es la deuda que Bolivia sigue sin saldar.

Que Dios tenga en Su Gloria a Marco Antonio.