“La libertad cuenta con dos enemigos capitales: los excesos del poder que la ahogan fingiendo protegerla, lo cual denominamos tiranía y los actos personales, que la deshonran con el abuso y pretexto de servirla, lo que llamamos anarquía”. (Eliodoro Camacho, Fundador del Partido Liberal de Bolivia, 1983)
Cuentan las crónicas del 20 de diciembre de 1973 que, la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA, España) perpetraba un atentado criminal en el que perdía la vida Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno español. El magnicidio puso de manifiesto la fragilidad del régimen franquista, mostrando que, el gobierno dependía en gran medida –para aquel entonces– mucho más de lealtades personales antes que de una institucionalidad sólida. El suceso coincidía con la crisis del petróleo que ponía fin al de ciclo del milagro económico español que había legitimado la dictadura.
El dictador Francisco Franco postrado en cama aquejado por la enfermedad, designó inmediatamente a Carlos Arias Navarro, en reemplazo del difunto presidente, lo hacía, en medio de promesas aperturistas que se vieron truncadas por los sectores más conservadores del bloque. Durante aquellos años España atravesaría un periodo decisivo para su historia, este periodo de tiempo sería recogido por la historia como el de “la transición” a la democracia, marcada fundamentalmente por el colapso del régimen franquista y la recomposición política del Estado.
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El régimen militar había gobernado desde el año 1939 mediante un sistema unipersonal sostenido por la figura del dictador, configurado jurídica y políticamente por las siete Leyes Fundamentales que sustentaban la base del gobierno en un Estado católico, monárquico y corporativo. Se constituía en un reino sin rey y con el caudillo Francisco Franco como jefe vitalicio del Estado. Durante el epílogo del régimen, la oposición se articulaba y organizaba su resistencia.
Para el año 1974 surgió la Junta Democrática impulsada por el Partido Comunista de España (PCE) y un año más tarde la Plataforma de Convergencia Democrática cedía paso al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), aliándose para 1976 con la Coordinación Democrática, también conocida como “Platajunta”, que exigía la disolución del régimen, amnistía para los perseguidos y elecciones democráticas. Con la muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975 y la proclamación del Rey Juan Carlos I, se puso fin a la dictadura, incorporándose reformas aperturistas en respuesta a la conflictividad social creciente.
Ante la presión social, el monarca destituyó al presidente Arias Navarro, nombrando en su reemplazo a Adolfo Suárez. El joven ministro era uno de los herederos del régimen, a pesar de que se había mostrado partidario de las reformas. Suárez fue el encargado de impulsar la estrategia para desmantelar la dictadura instaurada en España durante 36 años, 7 meses y 19 días. La ley para la Reforma Política propuso un sistema parlamentario con cortes bicamerales elegidas a través del sufragio universal, garantizando la participación de los partidos políticos.
Hace algunos días se han cumplido cincuenta años de la muerte del dictador español Francisco Franco, dando inicio al proceso de transición que en la práctica significó la continuidad de las élites franquistas en cargos clave, reciclándose y presentándose como parte de la nueva democracia, sin brindar la posibilidad de realizar una transformación profunda, mucho menos la apertura a cambios generacionales. La persistencia de estos grupos “gerontocráticos” han imposibilitado durante décadas a los españoles gozar de libertades plenas, constituyéndose además en el apéndice del régimen franquista.
La Transición se convirtió en un pacto –a veces tácito, a veces explícito– entre élites franquistas. Lo que para muchos podría explicarse como un “pacto de debilidades” entre estas facciones y la de una oposición tibia y llena de dudas en medio de una democracia emergente, en la que prefirieron priorizar la estabilidad social antes que la renovación generacional. Un pacto de silencio que dejó a los mismos actores políticos que habían formado parte en los últimos años de la dictadura, a la cabeza de la naciente democracia española.
Mientras en España se conmemoran cuatro décadas del retorno a la democracia, en Bolivia, la generación del Bicentenario libra una batalla cultural constante contra la generación de los 500 años, los dueños de los partidos, contra el abuso, la persecución, el ensañamiento de los grupos “gerontocráticos” de políticos que van de longevos a inmortales.
Los liderazgos emergentes surgen huérfanos, confrontados a generaciones de políticos profesionales que desde hace cuatro décadas se resisten a dejar el poder. Grupos que de una u otra manera han encontrado la forma de medrar del Estado, por lo que tienen un empecinamiento de mantenerse prendidos al poder a toda costa, sin ninguna dignidad y sin rendir cuentas de sus actos. Esta generación de “políticos inmortales” se muestra intolerante, no acepta el surgimiento de líderes emergentes, a quienes atacan atacar desde las sombras con su característica guerra de contraste.
Para finalizar, vale la pena recordar que “por la noche todos los gatos son pardos”, que Bolivia acaba de romper un ciclo de más de cuarenta años de una democracia insipiente y libertades ausentes. Inicia un ciclo en el cual la demanda de la ciudadanía está orientada a experimentar un cambio de actores. Es importante darle la oportunidad a la ciudadanía, la gente joven, la generación del Bicentenario, para que manifiesten sus intereses, con el único propósito de salir de una vez por todas del sistema “gerontocrático” que insiste en mantener a políticos desacreditados que presumen de un talento para el servicio público, cuando la realidad del país muestre todo lo contrario.
Que el desánimo y la frustración no minen nuestro espíritu y mente, obligándonos a cambiar nuestra manera de pensar, recuerden que: “Estamos acostumbrados a ver al poderoso como si se tratara de un gigante, sólo, porque nos empeñamos en mirarlo de rodillas y ya va siendo hora, de ponerse de pie”.