La Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac) denunció la existencia de un nuevo punto de minería presuntamente ilegal en la cuenca del río Beni, a la altura del río Quendeque, muy próximo al límite del Parque Nacional Madidi, una de las áreas naturales más biodiversas del país.
Fuente: Sumando Voces
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La alerta fue hecha pública a través de un posteo en redes sociales por el presidente de Abolac, Marcos Uzquiano.
Según la denuncia, el punto de explotación está a cargo de inversionistas de nacionalidad colombiana, presuntamente en complicidad con la Cooperativa Chushuara de la comunidad “Chushuara Originaria”. De acuerdo con la Abolac, esta comunidad está compuesta por personas provenientes de los municipios Apolo, Palos Blancos, Mapiri, Guanay y otras regiones de las tierras altas del departamento de La Paz.
«Desde la Abolac hacemos conocer a la opinión publica y autoridades competentes la ubicación de un nuevo punto de minería presuntamente ilegal a cargo de inversionistas colombianos en complicidad con la cooperativa Chushuara de la comunidad denominada «Chushuara Originaria», conformada presuntamente por personas de la localidad de Apolo, Palos Blancos, Mapiri, Guanay y otros procedentes de tierras altas del departamento de La Paz», posteó Uzquiano.
La actividad minera se desarrolla en jurisdicción del municipio de Apolo, en la provincia Franz Tamayo del departamento de La Paz, y preocupa a los guardaparques debido a su ubicación: a escasos metros del límite del Parque Nacional Madidi, en su zona de Protección Estricta.
El reporte señala que incluso se utiliza el excampamento de guardaparques —fuera del área protegida, pero al otro lado del río Quendeque— como campamento minero.
La Abolac advierte que estas operaciones representan un riesgo grave para los ecosistemas de la región y para las comunidades indígenas y poblaciones que viven aguas abajo del río Beni, debido a la potencial contaminación por mercurio asociada a la explotación aurífera.
Ante esta situación, la organización exhortó nuevamente a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), al Ministerio de Minería, al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), al Ministerio de Planificación y Medio Ambiente, al Gobierno departamental de La Paz y a todas las instancias competentes a trasladarse al lugar para verificar la situación in situ y hacer cumplir la normativa vigente.
«El Instituto Nacional de Reforma Agraria debe tomar nota de estas comunidades, a quienes otorga resolución de asentamiento, y que, sin tener título ejecutorial, se prestan a autorizar y encubrir este tipo de actividades, que atentan contra el medio ambiente y contra la salud de pueblos y comunidades en situación de alta vulnerabilidad», agregó Uzquiano.
El presidente de la Abolac aclara que esta denuncia se sustenta en información proporcionada por una fuente cuya identidad se mantiene en reserva.