La huida del país del expresidente de la República de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada, el 17 de octubre de 2003, por los problemas y convulsión social por el tema del agua y la no salida de gas a Estados Unidos por puertos chilenos, se produjo por los movimientos sociales, sindicatos, federaciones de mineros, gremiales, campesinos, que estratégicamente venían incubando la visión del nuevo Estado Plurinacional, que para mantenerse impune en la masacre que calificaron luego del golpe a la democracia de «masacre sangrienta», gestionaron y lograron la aprobación de los Decretos supremos de amnistía política y complementaria emitidos por el expresidente Carlos Mesa Quisbert, Números 27234 de 31 de octubre y 27237 de 4 de noviembre.
Por efectos de estos Decretos Supremos Evo Morales, Felipe Quispe (+), y otros que fundaron el MAS IPSP fueron alcanzados desde aquella época con el privilegio de la impunidad, prohibido es el ius puniendi cuando esa ruptura al orden constitucional de derecho proviene de los sectores populares sindicalistas.
En medio de esta protección inmutable, salvo que la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se anime a revisar o abrogar los referidos blindaje, es bueno recordar que Gonzalo Sánchez de Lozada tuvo en primer lugar antes de su caída una «Comisión negociadora» para buscar la paz y seguridad en el país y estaba integrada por ministros con cultura de dialogo y fe católica, que ahora desde hace más de 20 años viven en el exilio, como si su derecho a la amnistía general e irrestricta haya proscrito para ellos, y segundo producida su renuncia Sánchez de Lozada para huir no usó el avión presidencial para exiliarse en Maryland cerca a Washington-Estados Unidos.
En la esfera de lo indecible e indecente, el expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora antes de cesar su mandato con masiva publicidad en medios televisivos hasta poner en foco rojo los presupuestos del viceministerio de comunicación y los 27 despachos, anunció que la transición presidencial sería normal, regular y transparente, llegado el momento todo cambió -como arte y magia de circo-. Como desde su función de cajero de Evo Morales y expresidente del Estado 2020-2025, tomó la previsión de cerrar todas las investigaciones en su contra (reconocimiento de hijo prueba de ADN), contra sus hijos Luis Marcelo y Rafael Ernesto Arce Mosqueira por delitos de violencia familiar, negociados en caso Botrading (Presidente huido Armin Dorgathen), y la propiedad Adán y Eva que costó, 3,3 millones de dólares, incluido trámite expres de autoridades de ABT, INRA, Ministerio y Viceministerios de Tierras, y el crédito de 63 millones de dólares obtenido por Camila Arce Mosqueira con tan solo 20 años de edad; presuntamente acelerar las declaraciones de altas autoridades de YPFB ante fiscales de La Paz, y finalmente emprender la -huida de Bolivia- hacia el Brasil junto a autoridades ministeriales y ejecutivos, usando y abusando del avión presidencial, que según se conoce por la prensa que su destino final de «exilio dorado» sería Rusia, México, aunque más se supone que estaría en Turquía junto a sus tres hijos, con la garantía y seguridad de Recepción Tayyip Erdogan, país con el cual Bolivia no tiene suscrito convenios de extradicion.
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Además, que esa seguridad y privilegios de contar con guardia de seguridad y coches blindados las 24 horas, esta reforzada con el presunto autor de crímenes de lesa humanidad y de guerra en Ucrania, Vladimir Putin.
La huida es gravosa para la democracia y segura del expresidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, porque existiendo contratos de plantas de industrialización del litio en Uyuni con empresas chinas, rusas y otras, sin aprobación previa de la ALP y sobreprecios en la compra de combustibles vía subsidiaria de empresa Botrading que resultó recibiendo del presidente de YPFB y gerentes de transporte y logística 30 millones de dólares para que adquiera diésel y gasolina con menor octanaje y alta cotización como si se tratara de la de mayor calidad, incluido la sobrevaloración económica, estos dos hechos que representan la adjudicación de más de 776 millones de dólares con la Botrading ficticia y los contratos con la empresa rusa Uranium One Group con una inversión de 2.000 millones de dólares y con el consorcio Hong Kong chino con una inversión de 1.030 millones de dólares suscrito con YLB para instalación de plantas industriales de carbonato de litio en el Salar de Uyuni, sin licencia ambiental y socialización con las instituciones cívicas del Departamento de Potosí, entendemos como las alarmas para que el ministerio público en coordinación con la Unidad de Control Migratorio y Contraloría hayan tomado las previsiones activando la alarma migratoria contra el expresidente Arce Catacora, ministros, viceministros, ejecutivos de empresas Estatales y Mixtas.
Ha sorprendido que tribunales de garantía hayan anulado la alerta migratoria decretada en el proceso penal que sigue la Aduana y el Fiscal de Yacuiba contra Armin Dorgathen por la presunta comisión del delito por contrabando de exportación agravado de combustible mediante una acción de libertad. Es un caso que daña los intereses del Estado, pero la Procaduria del Estado y los fiscales de Santa Cruz no parecen haber estado tan atentos y estratégicos para impedir la decisión judicial anulatoria, sobre todo si se sabía que Dorgathen durante buen tiempo se mantuvo como en silencio o desaparecido de un cargo como presidente de YPFB.
En el proceso investigativo contra Armin Dorgathen, expresidente de YPFB a instancia de Ludwing Sánchez por los presuntos delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes, se presentó ante el fiscal de La Paz a prestar su declaración informativa sin estar programada la misma, inmediatamente de recepcionada fue puesto en libertad y el fiscal no aplicó la medida de aprehensión para llevarlo al juez cautelar, pese a que se conocía que la Comisión investigadora del caso Botrading de la Cámara de Diputados encontró hallazgos de más de 300 millones de dolares que comprometían a la alta autoridad. Asimismo, la empresa fue creada por YPFB en Paraguay presuntamente para no ser regulados y controlados por autoridades nacionales. En el caso Botrading que representa un daño económico gravísimo para el Estado, el fiscal no se convenció de los indicios en contra de Dorgathen y que estaba preparando la salida al exterior, por eso fue flexible y generoso que ni siquiera activó la alerta migratoria y desde luego la aprehensión que sí correspondía para que se determine la responsabilidad penal.
En materia de Hidrocarburos ningún acuerdo, contrato o convenio podrá vulnerar total o parcialmente los intereses y propiedad del Estado; es decir, que contra el patrimonio público del Estado nadie debería diezmar los recursos a favor de intereses foráneos o beneficios en uso del cargo o funciones no legales. En caso de advertirse vulneración los contratos suscritos serán nulos de pleno derecho y quienes lo hayan firmados aprobados o ejecutados, sin cumplir las normas de contratación pública, con licitaciones internacionales, cometerán delito de traición a la patria (Art. 359.II CPE). Si se analiza los indicios y el informe de la Comisión especial de la Cámara de Diputados, todos los gerentes de YPFB deberían estar con detención preventiva.
La realidad del cambio de gobierno parece que está enderezando la justicia con la convocatoria lanzada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, para que instituciones, organizaciones de la sociedad civil y personas presenten proyectos de reforma judicial, lo que nos parece importante para recuperar la confianza en la justicia de la ciudadanía. Esta medida debería ser acompañada con la labor que emprendió el magistrado del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer Arancia y asesores, revisando causas por despacho, para aplicar medidas legales contra la demora en decisiones de causas. Este trabajo debería extenderse en todo el país, así se descubrirá el compromiso del juez con la Constitución y las leyes o, en caso contrario, sedará a entender que accedieron al cargo por influencias o avales políticos.
Lo más espantoso, estupidez o ceguera es que cerremos lo ojos ante la huida segura y decantada de altas exautoridades del Estado Pluri narcoterrorismo intercontinental, si la ley 1352 de 14 de octubre de 2020, «Ley de arraigo», tiene por objeto asegurar que las autoridades salientes del Gobierno e instituciones públicas del nivel central, Autonómicas y Municipales, permanezcan en el país por un periodo de tres meses (90) días. La prohibición es de carácter obligatoria y, por consiguiente, las autoridades llamadas por ley de garantizar el cumplimiento eficaz del arraigo: Fiscalía general, Unidad Policial Migratoria, y Contraloría les correspondía coordinar medidas preventivas y cierre de fronteras y espacio aéreo inclusive antes del balotaje presidencial (19-10-25), al conocerse por medios de comunicación social que Arce Catacora no participaría de la transmisión de mandato presidencial. La omisión legal deja perplejos a toda la sociedad boliviana, como azora ante delitos graves algunos jueces están aplicando medidas de -detención domiciliaria- sin custodia policial y salidas al trabajo, estimulando a que los responsables de los hechos ilícitos fugue del país (Caso Franklin Flores de Emapa) y a un hilo de telaraña el clan familiar de Rubén Ríos en el negociadora de harina subvencionada.
Podemos imaginar y pensar algo que va suceder o es inminente que ocurra, si las condiciones son favorables para el momento y el evento. Apliquemos algunas hipótesis para la huida asegurada en el caso del expresidente Arce Catacora, el expresidente de YPFB entre otros que causan asco e indignación:
¿Huyeron del país porque juraron cumplir la Constitución y las leyes y tropezaron con límites?
¿Escaparon del territorio porque no quisieron ponerse el traje de la Ley de Arraigo 1352 que les obligaba a permanecer 90 días para rendir información y cuentas de sus responsabilidades?
¿Salieron con censores apagados porque la seguridad migratoria estaba ciega, sorda o embotada?
¿Para huir del territorio nacional sintieron el peso de la persecución despiadada que impusieron contra personas inocentes?
¿Abandonaron el país porque pignoraron pocas barras de oro y los sobreprecios de contratos no superaron sus expectativas de enriquecimiento incuantificable?
¿Fugaron del país porque Nostradamus les presagió que en el Estado que los acoge no se reconoce la extradición y el secreto bancario está oleado y sacramentado de modo que la platita robada no corre peligro de confiscación por EE.UU?
¿Se marcharon al conocer que la Comisión Europea incluye a Bolivia por segunda vez en la lista con alto riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo?
¿Desaparecen como el camaleón para encubrir el robo de dinero aprovechando la ignorancia de los indígenas usados como escaleras para mantenerse en el poder?
¿La huida tiene que ver de alguna forma con un gesto de solidaridad con los amnistiados por más de 20 años de su gobierno autoritario?
¿Después del paraíso dorado tienen esperanzas de regresar al país de los ingenuos, qué les creyeron en que trabajaban por los pobres y la democracia del pueblo?
¿Huyeron porque temen a la verdad, y a Edmand Lara que amenaza ser implacable contra la corrupción?
¿Escaparon porque estaban bien informados por élites cubanas y venezolanas que la DEA retornaría al país para acabar con los carteles de la droga y lavado de dinero que contaron hasta con seguridad policial en complicidad con altas esferas ejecutivas?
Habrá que ver cómo y quienes responden a estos cuestionamientos, sea por acción ilustrada u omisión cautiva.
Luigi Ferrajoli citando a Kant expresa: «En la madurez ilustrada, solo se necesita la libertad, y la más inofensiva de todas las libertades, la de hacer uso público de la razón, que quiere decir razonar autónomamente, en la conciencia de que nuestra dignidad de personas consiste en el uso de la razón y de que cada uno de nosotros puede ser artífice de su propio futuro y todos podemos serlo del futuro de la democracia, la paz y la supervivencia de la humanidad».
Pedro Gareca Perales