Los casos de Tariquía, Cala Cala y Viacha “ilustran un patrón común: el uso del sistema penal y las amenazas directas y agresiones como mecanismos de presión para desmovilizar la defensa del territorio”, destaca el documento.
Fuente: Visión 360
Una de las formas más recurrentes de ataque hacia los defensores ambientales es la criminalización y el hostigamiento, advierte el informe cuatrimestral II del Observatorio de Derechos Humanos de Unitas. El reporte evidencia que los casos de vulneraciones de derechos se incrementaron y concentraron en Tariquía (Tarija), Cala Cala (Potosí) y Viacha (La Paz), donde existen conflictos socioambientales vinculados a proyectos extractivos.
El informe señala que entre mayo y agosto se documentó 22 vulneraciones a los derechos de personas defensoras, de las cuales 14 corresponden específicamente a criminalización. A partir de estas cifras, la criminalización se convierte en la forma más recurrente de ataque hacia ese sector.
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Los casos de Tariquía, Cala Cala y Viacha “ilustran un patrón común: el uso del sistema penal y las amenazas directas y agresiones como mecanismos de presión para desmovilizar la defensa del territorio”, destaca el documento.
Tariquía: mecanismo de intimidación
“En la reserva forestal de Tariquía, comunarios que se oponen a las actividades hidrocarburíferas de YPFB y Petrobras fueron objeto de citaciones fiscales, imputaciones y medidas coercitivas”, señala un comunicado de la organización. Este año, 12 de 29 defensores del territorio de Tariquía fueron imputados por supuestamente “obstaculizar” el trabajo de funcionarios de la estatal petrolera.
El informe evidencia que, aunque las acciones de las comunidades se enmarcan en la defensa ambiental y en pedidos de consulta previa, diversas autoridades trasladaron el conflicto al ámbito penal. “En lugar de promover espacios de diálogo y participación, el Estado respondió con medidas punitivas que colocan a los defensores en situación de riesgo jurídico y personal”, señala Unitas.
Cala Cala: agresión a defensor indígena
Uno de los hechos más graves del periodo afecta al defensor indígena Jacobo Copa Mamani del Ayllu Cala Cala en Potosí, quien, en junio pasado, fue agredido y criminalizado por mineros de la Cooperativa Mollepata, mientras defendía fuentes de agua y territorio comunitario.
Copa contó que fue golpeado hasta perder el conocimiento y la dentadura, además sus agresores lo trasladaron desde la comunidad hasta la ciudad de Potosí, para incriminarlo en casos de porte de armas y drogas. “Las comunidades, al defender sus territorios, se encuentran con un sistema estatal y cooperativista que no solo instala maquinaria extractiva sin consulta efectiva, sino que responde con la criminalización de quienes se oponen”, señala el informe sobre este caso.
Viacha: amenazas armadas contra líderes comunitarios
En el municipio de Viacha, el informe recoge que los líderes comunitarios Juan Pablo Yujra y Pastor Carvajal enfrentaron amenazas directas, incluyendo un episodio en el que dos encapuchados que portaban un arma exigieron a Yujra abandonar su labor de denuncia por la contaminación minera que sufre su territorio.
Estas intimidaciones afectaron a nueve comunidades representadas en la microcuenca Pallina, creando un clima de riesgo permanente para las autoridades originarias.
“En Viacha, la defensa del territorio se encuentra íntimamente ligada al riesgo personal, lo que plantea un serio desafío para la protección de defensores y para una gobernabilidad democrática que garantice la seguridad de quienes ejercen vigilancia ciudadana”, resalta la institución.
Incremento de casos
El Observatorio concluye que el aumento de casos —que pasan de 10 en el primer cuatrimestre a 22 en el segundo— confirma que los mecanismos de presión contra defensores se intensificaron, especialmente a través de la criminalización, las amenazas y las agresiones físicas.
El informe sostiene que “la defensa ambiental se convierte en un factor de vulnerabilidad cuando entra en tensión con intereses extractivos”. Unitas señala al respecto que estos hechos no son aislados, sino que forman parte de un escenario en el que defender derechos ambientales y territoriales expone a líderes y comunidades a riesgos jurídicos, físicos y psicológicos, “sin que existan mecanismos estatales sólidos para su protección”.
El informe cuatrimestral II – 2025 puede ser descargado en la siguiente dirección: https://redunitas.org/download/informe-cuatrimestral-mayo-agosto-de-2025/