Vuelve a cobrar actualidad. Que por razones de seguridad vial y humana debe existir revisión periódica de los vehículos es algo necesario. Que esta revisión debe ser seria, responsable, compartida es la exigencia imprescindible. Hasta ahora, la “famosa revisión impuesta por la autoridad de tránsito” no ha sido otra cosa que una forma de sacarle dinero al propietario, al conductor de un vehículo. Esa o es todavía una exigencia de la que nadie podía quedar libre, porque se imponía de forma obligatoria después de cumplir “un rito ridículo” con la revisión muy superficial del sistema eléctrico, de los frenos, del arranque de los motores y de los limpiaparabrisas, aquellos que tenían carencias, pagaban determinada suma y san se acabó, terminó la revisión, que siga el próximo. Así, los policías felices de cobrar “su aguinaldo extra”, al parecer la recaudación era repartida entre los jefes policiales y la tropa ejecutora del cobro.
Alguna vez referimos la forma de cumplir con esta labor de seguridad, no sólo para los conductores, también para los pasajeros, los transeúntes, para los ciudadanos de a pie. Primero que nada, la coordinación entre aduanas, agencias de venta de vehículos y las transferencias que deben ser necesariamente registradas en Impuestos Internos y agentes comerciales. Así, todos, sin excepción alguna, reciben un aviso para acudir a una revisión en talleres privados, especializados y equipados para ejecutar a la perfección la revisión y la detección de “fallas en el vehículo”, esto por un cobro determinado y la orden de “corregir la falla”. En aquel momento, el responsable del vehículo, ante la autoridad de impuestos, debe acudir a una “segunda revisión” de la falla detectada. El propietario debe cumplir casi religiosamente con este requisito hasta que la condición del vehículo permita su circulación normal.
Debo añadir que nadie rechaza o se resiste al requisito de la inspección vehicular. De no acudir a la cita, se prohíbe la libre circulación y la incautación del transporte, lo que puede ocurrir en cualquier momento en alguno de los espacios, en medio de las carreteras o avenidas, con espacios habilitados para detener su circulación y entregar la sanción. Jamás se efectúa en mano del policía, siempre mediante una cuenta bancaria que extiende el recibo pertinente. No hay espacio para el soborno, el zafe, la escapada, los patrulleros actúan siempre en grupo de dos, de tres o más policías. El procedimiento inspira confianza y seguridad a los transeúntes.
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El flamante Director de la Policía anunció que estos pagos de mano en mano desaparecerán, toda transacción tendrá que estar documentada y de por medio los comprobantes se respalda que el infractor cumplió su pena, de lo contrario se le retira el permiso de conducir y la suspensión puede ser temporal o indefinida. Así, severamente, se castiga al infractor y nadie disputa el atributo del policía que está cumpliendo la Ley y frenando infracciones que llevan muchas veces a provocar accidentes con heridos y hasta con fallecidos.
Es de esperar que Bolivia se coloque bajo este régimen, a la altura de los países civilizados, con el tráfico cada vez mayor que impone la modernidad y las necesidades de traslado de la población. Bolivia es todavía zona de peligro y de permanente desconfianza, por cuanto la incidencia de desgracias que provoca el mal uso del transporte, sigue siendo motivo de inseguridad que afecta a los ciudadanos.