El viceministro Ernesto Justiniano anuncia la optimización de la política de erradicación, cuestiona la ampliación aprobada en 2017 y confirma la reactivación de la cooperación internacional contra el narcotráfico.
El informe de monitoreo de cultivos de coca 2024 presentado recientemente volvió a poner en evidencia una realidad incontratable; Bolivia registra actualmente alrededor de 34.000 hectáreas de coca sembradas, muy por encima de las 22.000 permitidas por ley. Frente a este escenario, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, anunció un cambio de enfoque político que apunta a una erradicación ‘más enérgica’ y a la reactivación de la cooperación internacional.
Justiniano contextualizó el problema al señalar que la ampliación de la superficie legal de coca no respondió a criterios técnicos. Recordó que en 2016 un estudio establecía 14.700 hectáreas como límite razonable, pero que en 2017 se aprobó la ley 906, General de la Coca, que elevó el techo a 22.000 hectáreas. ‘Se firmó sin rigor técnico’, afirmó, para después recordar que mediante esa norma por primera vez se autorizó coca legal en el Chapare, una zona donde se concentra la producción excedente.
De acuerdo con la autoridad gubernamental, esa decisión política del Movimiento al Socialismo (MAS) explica buena parte del crecimiento actual de los cultivos y la pérdida de control estatal, especialmente en la región del trópico de Cochabamba, a diferencia de los Yungas, donde la fiscalización es más efectiva. El informe da cuenta de que en la pasada gestión apenas se erradicaron 2.700 hectáreas, lo que representa un porcentaje mínimo frente a la expansión registrada.
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Justiniano advirtió que, de mantenerse la tendencia, el país podría llegar a 40.000 hectáreas de coca en el próximo informe, una cifra que el Gobierno considera insostenible. Frente a ello, confirmó que la actual administración será ‘mucho más enérgica’ en la erradicación, en el diálogo con los productores y en la implementación de programas de desarrollo alternativo, en alusión a que la política de la gestión actual también se enfocará en la generación de alternativas para los productores.
Foto: captura de pantalla
“Nosotros tenemos que ser mucho más enérgicos en la parte de la erradicación, en los diálogos que tenemos que sostener, y en el tema del desarrollo alternativo que tenemos que incorporar con fuerza tomando ya el ejemplo de Colombia y de Perú, que en estos 20 años han avanzado muchísimo con productos que tienen un mercado, tienen un buen precio y permite sustituir cultivos de coca que se destinan al narcotráfico”, afirmó el denominado zar antidrogas de Bolivia.
El viceministro también alertó sobre un elemento clave: la mejora en los procesos de conversión de hoja de coca a cocaína. Explicó que mientras hace dos décadas se requerían poco más de 340 kilos de hoja de coca para producir un kilo de droga, hoy se necesitan alrededor de 200 kilos, e incluso menos, lo que incrementa el potencial del narcotráfico aun sin ampliar la superficie cultivada, detalle que será dilucidado una vez se tenga un estudio pormenorizado sobre el factor de conversión actual.
“No solamente han crecido por el aumento de las hectáreas de coca, sino también porque los factores de conversión de coca a cocaína han disminuido. ¿Qué significa eso? Que con menos coca se produce la misma cantidad de kilos de cocaína. Hace 20 años se necesitaban 340 kilos de coca para producir un kilo de cocaína. Hoy en día, en el informe que se ha presentado, el número son de 200 kilos aproximadamente, tomando un promedio lo que es de Yungas y de Chapare”, puntualizó.
En consecuencia, Justiniano informó que el Gobierno solicitó a la Oficina de Naciones Unidas para el control de la Droga y el Delito (UNODC) tres nuevos estudios: uno referido al consumo legal de coca, otro sobre factores de conversión y un análisis actualizado de productividad, que servirán como una línea de base a la gestión. Estas decisiones marcan un corte con la supuesta permisividad del pasado y definen una nueva línea política en la lucha contra el narcotráfico y el control de cultivos excedentes.