La contundente victoria de Kast representa la culminación de su larga carrera política.
Fuente: RT
José Antonio Kast, abogado ultraconservador de 59 años, ganó las elecciones presidenciales de Chile en su tercera campaña consecutiva, por lo que se sumará a la oleada de políticos de ultraderecha que gobiernan en América.
El próximo 11 de marzo, Kast, quien es cercano al presidente de Argentina, Javier Milei; y al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibirá el traspaso de poder de manos del presidente progresista Gabriel Boric, e iniciará un periodo de Gobierno que culminará en el 2030.
La contundente victoria de Kast, que anticiparon todas las encuestas, representa la culminación de una carrera política que comenzó en 1996, como concejal de la comuna de Buin y que continuó en el 2002, cuando ganó una diputación nacional que le permitió permanecer en el Congreso durante 16 años consecutivos gracias a una serie de reelecciones.
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Gran parte de su trayectoria política la desarrolló al amparo de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), pero después de varias peleas internas renunció en el 2016 y, al año siguiente, se postuló por primera vez a la Presidencia en las elecciones que ganó Sebastián Piñera.
Aunque en ese momento Kast quedó en cuarto lugar, con apenas el 7,9 % de los votos, la campaña le sirvió para posicionar su figura ante la opinión pública. En las elecciones del 2021, que estuvieron marcadas por el histórico estallido social que vivió Chile en los años previos, Kast logró ganar la primera vuelta con el 27 % de los votos, pero en el balotaje fue vencido por Boric.
Para entonces ya había fundado el Partido Republicano, que comenzó a aglutinar a los sectores más radicalizados del país gracias a sus posturas contra la legalización del aborto, la educación sexual integral en las escuelas y las luchas feministas, y a su defensa de «valores» como la familia y la propiedad privada.
De hecho, Kast suele presentarse como un ejemplo de las tradiciones que defiende, ya que es un católico fervoroso que tiene nueve hijos con su esposa María Pía Adriasola, con quien se casó en 1991.
En familia
El creciente protagonismo público de Kast revivió históricos antecedentes familiares que suscitaron críticas y cuestionamientos pero que, al final, no hicieron mella en los votantes.
Uno de los datos más polémicos es la militancia nazi de su padre, Michael Kast Schindele, un ciudadano alemán que se inscribió en el partido de Adolf Hitler a los 18 años; que combatió a sus órdenes durante la Segunda Guerra Mundial y que, con Alemania derrotada, logró escapar de los aliados. En 1950 se mudó a Chile, en donde décadas más tarde apoyó al dictador Augusto Pinochet.
De hecho, Michael Kast Rigi, uno de los hermanos del candidato, fue ministro de Trabajo y presidente del Banco Central durante la dictadura, que el actual candidato suele defender. «Si Pinochet estuviera vivo, votaría por mí», dijo José Antonio Kast durante su primera campaña. Su fidelidad ha sido permanente, ya que en el histórico plebiscito de 1988 votó a favor de que Pinochet continuara en el Gobierno.
Con la llegada de Kast a la Presidencia, el apellido familiar se consolida como parte de la élite política chilena, ya que tres hijos de Michael Kast —el exfuncionario pinochetista y hermano del presidente electo— han ocupado destacados cargos públicos: Pablo Kast Sommerhoff fue diputado; Felipe Kast Sommerhoff fue ministro de Sebastián Piñera y hoy es senador; y Tomás Kast Sommerhoff acaba de ser electo diputado.
A ellos se suma el hijo mayor del nuevo presidente, José Antonio Kast Adriasola, quien también fue electo diputado en las legislativas del mes pasado.
Propuestas
Durante la campaña presidencial del 2021, Kast ofreció propuestas que levantaron cierta polémica, como la aplicación de test de drogas a todos los políticos, la eliminación del derecho al aborto por causales y la sustitución del Ministerio de la Mujer por el Ministerio de la Familia y Desarrollo Social.
Sin embargo, estas iniciativas ya no aparecieron en la campaña 2025, lo que se interpretó como un intento de Kast de presentarse como un candidato «moderado».
Entre sus iniciativas estrella destacan varias en materia de seguridad, que asegura que pondrá en marcha desde el primer día de Gobierno. Por ejemplo, el ‘Plan implacable’ tiene los lemas: «Ni reinserción, ni privilegios, ni visitas. Solo cárcel» y «Se buscan narcotraficantes, criminales, delincuentes, para encerrarlos. Te pillamos una vez y es la última vez que ves la calle».
También advierte que «los cabecillas del narco serán enviados a recintos de máxima seguridad, con aislamiento total: sin visitas, sin beneficios, sin contacto con el exterior» y cárceles con tecnología de bloqueo de comunicaciones, vigilancia biométrica y control permanente a los internos.
El ‘Plan cancerbero’ promete la construcción de prisiones de máxima seguridad para el crimen organizado, en tanto que el ‘Plan barrido’ apuesta por terminar con el comercio ambulante, al que califica como «crimen estructural».
Política migratoria
Kast encontró en su combate a la inmigración irregular uno de los temas más populares de su campaña. Así, a través del plan ‘Escudo fronterizo’ se comprometió a que no habrá más «fronteras débiles» ni «pasos informales» porque los chilenos defenderán «cada metro» de su territorio.
Para ello, se construirá «un sistema de contención física y tecnológica infranqueable» que combinará muros de cinco metros de altura equipados con sensores de movimiento y vigilancia por drones; habrá zanjas de tres metros de profundidad en los sectores de alto tráfico migratorio (para impedir el acceso de vehículos y el paso de caravanas) y cercos perimetrales electrificados con patrullaje constante.
«No hay tiempo que perder. Ningún ilegal volverá a cruzar nuestras fronteras impunemente», afirma sobre su plan, advirtiendo además a los inmigrantes indocumentados que deberán irse del país antes del 11 de marzo, es decir, del día de su toma de posesión, ya que de lo contrario serán deportados de manera masiva.
Para evitar la inmigración irregular, Kast propone imitar el modelo puesto en marcha por el presidente de EE.UU., Donald Trump. Así, las Fuerzas Armadas y de seguridad de Chile tomarán «el control absoluto» de la frontera norte, en donde se desplegarán 3.000 efectivos que podrán interceptar, detener y expulsar inmediatamente a cualquier inmigrante irregular.
«Su accionar estará resguardado por la justicia militar», afirma sobre su plan. «Quienes intenten ingresar de manera violenta o desobedecer las órdenes serán reducidos con protocolos estrictos. La soberanía nacional no se negocia», señala al insistir en que ya no habrá permisos de ingresos, beneficios legales, «apelaciones eternas», ni regularizaciones en favor de inmigrantes irregulares, quienes serán trasladados a los Centros de Internación y Expulsión, que estarán ubicados cerca de la frontera.
«Las deportaciones se ejecutarán en el menor tiempo posible, con vuelos/traslados directos a sus países de origen o de donde ingresaron. Acuerdos internacionales obligarán a los países de origen a recibir a sus ciudadanos expulsados. Se utilizará diplomacia efectiva, para que los países fronterizos acepten la reconducción y devolución de los migrantes irregulares sorprendidos en la frontera. Si no cooperan, Chile tomarán represalias económicas y diplomáticas», afirma en un mensaje directo a Bolivia y Perú.
El prometido endurecimiento de las políticas migratorias incluye sanciones a las organizaciones no gubernamentales que «entorpezcan» expulsiones; multas a las personas que empleen a inmigrantes indocumentados o quienes los ayuden de alguna manera. Los inmigrantes que no tienen sus papeles en regla no podrán enviar remesas a sus países de origen y no tendrán ningún derecho a programas sociales, a alquilar viviendas, a estudiar en las escuelas públicas ni a ser atendidos en los servicios médicos, salvo en casos de urgencia.