Raúl Uría, exdirigente de la Juventud Yungueña, denunció que el Juzgado Sexto de Sentencia rechazó su solicitud de permiso laboral, pese a que —según afirmó— depende de ese ingreso para garantizar su alimentación y la de su familia. La audiencia se realizó el pasado 8 de diciembre, luego de que en septiembre presentara un memorial para modificar sus medidas y permitirle trabajar mientras enfrenta su proceso judicial.
Fuente: ANF
Según Uría, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público fueron quienes pidieron al juez negar su salida laboral. “El argumento del gobierno fue que no presentamos las pruebas o documentación que demuestren que necesito trabajar”, relató a ANF. Para él, esta posición carece de sentido y desconoce la realidad económica de cualquier ciudadano que vive de su propio esfuerzo.
El exdirigente calificó la postura de ambas instituciones como “muy ilógica, muy insulsa”, y cuestionó que se exija demostrar la necesidad de trabajar para poder subsistir. “Nadie debería tener que probar que necesita trabajar para poder comer”, afirmó, visiblemente molesto por una decisión que considera contraria a derechos básicos.
Uría lamentó el fallo judicial y aseguró que la prohibición de trabajar vulnera directamente sus derechos constitucionales. Para ilustrar su situación, citó un dicho popular: “Quien trabaja come, y quien no trabaja no come”. En su criterio, esa realidad económica elemental está siendo ignorada por las instituciones que se oponen a que pueda generar ingresos durante el proceso.
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A pesar del revés, Uría sostuvo que él y su defensa continúan “de pie”, fortalecidos por la convicción que los acompañó en su defensa de la coca originaria ancestral de los Yungas. Recordó que esta hoja —científicamente comprobada como apta para el consumo tradicional— fue el motivo de su lucha contra la coca excedentaria y contra lo que considera organizaciones paralelas promovidas durante el gobierno del MAS.
El exdirigente también cuestionó la actuación del Ministerio Público al señalar que el fiscal mencionó una nueva imputación formal en su contra, a pesar de que la anterior ya había sido anulada. Según Uría, la justicia debería reconocer que una imputación presentada fuera de plazo carece de validez, como presuntamente ocurrió en su caso: “La presentaron nueve o diez días después de vencido el plazo”, dijo.
Los delitos por los que vuelve a ser imputado son los mismos que enfrentó anteriormente: tráfico ilícito y porte de armas. Uría insistió en que ambos cargos son infundados y parte de una persecución que arrastra desde su etapa de dirigencia. Reafirmó su inocencia y aseguró que confía plenamente en que demostrará la verdad en el juicio.
El exdirigente yungueño señaló que continuará apelando todas las decisiones que considere injustas y que insistirá en su derecho a trabajar mientras enfrenta el proceso. “Seguiremos firmes, con fuerza y lealtad”, dijo, convencido de que la justicia deberá reconocer las irregularidades que, según él, han marcado su caso desde el inicio.
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