Una revisión de distintas publicaciones de medios de circulación nacional permite advertir que el juez Mario Helmer Laura Picavia es una autoridad judicial que en su trayectoria ha intervenido en procesos de alto impacto político, casos de corrupción y denuncias por vulneraciones a derechos humanos, acumulando cuestionamientos por presunta selectividad, benevolencia fiscal y posibles protecciones políticas.
Fuente: ANF
Laura Picavia figura en documentos oficiales primero como Juez Primero de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer y, posteriormente, como Juez 12º de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer de La Paz. Además, fue postulante al Consejo de la Magistratura. Su nombre aparece reiteradamente vinculado a decisiones judiciales que generaron debate público y observaciones de actores políticos, jurídicos y organizaciones de la sociedad civil.
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Entre los casos de mayor resonancia se encuentra el proceso por el Fondo Indígena (Fondioc), en el que, como juez anticorrupción, determinó la víspera la detención preventiva del expresidente Luis Arce Catacora por cinco meses en el penal de San Pedro. Arce es investigado por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en relación con el manejo de recursos del Fondioc. La resolución se sustentó, según el juez, en la existencia de indicios suficientes y riesgos procesales, especialmente la posibilidad de obstaculización de la investigación por su condición de exministro y exmandatario.
En 2022, tras siete años de investigación, la Fiscalía y los abogados del Fondo Indígena solicitaron al juzgado de Laura Picavia que se investigue individualmente cada una de las 250 irregularidades denunciadas. La solicitud fue cuestionada por Cristian Alanes, abogado del fallecido exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, quien advirtió que la intención del pedido era dilatar el proceso lo más posible.
Otro proceso emblemático fue el denominado “Golpe I”, seguido contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. En abril de 2023, el juez decidió sumar seis delitos al caso a solicitud del Ministerio Público, entre ellos financiamiento al terrorismo, seducción de tropas y asociación delictuosa. Meses después, en junio de 2023, también resolvió el traslado del caso Banco Fassil a la sede de Gobierno, una determinación que generó críticas desde sectores empresariales y cívicos.
Las controversias no se limitan a casos políticos. En el ámbito de violencia y derechos humanos, en noviembre de 2024 Laura Picavia favoreció con detención domiciliaria a una pareja imputada por trata y tráfico de personas, acusada de haber mantenido en condiciones de esclavitud, vejámenes sexuales y malos tratos a una adolescente durante una década. La decisión fue duramente cuestionada porque, según los reportes, el juez relativizó el testimonio de la víctima y sostuvo que no existía privación de libertad al considerar que “podía salir al patio”, además de señalar que la agresión sexual “no estaba clara”. La Fiscalía y la Policía anunciaron apelaciones a esa resolución.
A estos antecedentes se suman denuncias vinculadas a su actuación previa como funcionario público. En 2020, durante el gobierno de Jeanine Áñez, Laura Picavia trabajó en el Ministerio de Educación y fue señalado por presunto encubrimiento en el caso del hijo del exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, investigado por uso indebido de bienes del Estado. De acuerdo con publicaciones periodísticas, pese a que era el abogado que debía denunciar el hecho, no fue imputado por la Fiscalía de La Paz, situación que llamó la atención al ser el único funcionario que quedó al margen del proceso.
Asimismo, el senador Erick Morón presentó en octubre de 2022 una denuncia penal contra el juez por presunto prevaricato y resoluciones contrarias a la ley. Sin embargo, la causa fue rechazada por el Ministerio Público en Santa Cruz, por el fiscal Roger Mariaca, decisión interpretada por analistas y abogados como una muestra de “benevolencia fiscal” hacia la autoridad judicial.
Diversos medios también recogieron acusaciones de actores políticos y litigantes que sostienen que Laura Picavia contaría con protección del gobierno y del Movimiento Al Socialismo (MAS). Se menciona la existencia de un supuesto “padrinazgo” político que explicaría por qué las múltiples denuncias en su contra no prosperan o avanzan lentamente en el Consejo de la Magistratura. Abogados de La Paz denunciaron que los procesos disciplinarios en su contra se encuentran estancados.
El historial atribuido al juez incluye además una serie de antecedentes con 26 denuncias penales que van desde agresiones sexuales, liberación irregular de imputados a corrupción. También fue fiscal entre 2013 y 2015, durante el gobierno de Evo Morales, etapa en la que habría sido despedido por faltas gravísimas, antes de dedicarse a la docencia universitaria y retornar al sistema judicial en 2021, ya en el gobierno de Luis Arce, en circunstancias que varios analistas calificaron como poco claras.
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