Todos los bolivianos sabíamos y estamos conscientes de que, ante la situación de desastre y crisis generalizada en la que se encuentra el país, este nuevo gobierno esta obligado a tomar medidas drásticas y estrictamente necesarias para estabilizar la economía e iniciar el camino a la reactivación del aparato productivo nacional, para el bien de todos.
Ante el anuncio de la aplicación de parte de estas medidas, Bolivia vuelve a enfrentar un escenario que, lamentablemente, ya conocemos demasiado bien. Bajo el pretexto de “defender la economía popular”, algunos grupos sociales anuncian paros y bloqueos de alcance nacional en rechazo al Decreto Supremo 5503. No es una reacción espontánea ni genuina: es una acción promovida y amplificada por los políticos oportunistas de siempre, aquellos que jamás aceptaron las reglas de la democracia cuando no les son favorables.
No se trata aquí de negar el derecho a la protesta. La protesta es legítima en una democracia. Lo que no es legítimo, ni democrático, es utilizar el bloqueo, el paro forzado y la amenaza de caos social como mecanismo de presión política, afectando a millones de ciudadanos que nada tienen que ver con disputas de poder.
Cada bloqueo paraliza la economía, encarece los alimentos, impide el acceso a la salud, a la educación y al trabajo. Los más perjudicados no son los gobernantes, sino precisamente aquellos a quienes dicen defender: los pequeños comerciantes, los trabajadores informales, las familias que viven al día. Esa contradicción debería indignarnos como sociedad.
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La amenaza de convulsión social no es una casualidad, es una estrategia. Debilitar al gobierno a través del desgaste, generar miedo, provocar incertidumbre y erosionar la institucionalidad democrática. Es un libreto viejo que ya le ha costado demasiado caro al país.
Por eso, la respuesta no puede ser el silencio ni la resignación. La ciudadanía tiene el derecho, y la responsabilidad, de pronunciarse con firmeza y claridad. Defender la democracia no es defender a un gobierno en particular; es defender el derecho a vivir en paz, a trabajar, a circular libremente y a resolver las diferencias dentro del marco de la ley.
Hoy más que nunca, Bolivia necesita ciudadanos activos, conscientes y valientes. Ciudadanos que digan basta al chantaje, basta al uso político del conflicto social, basta a poner de rodillas al país por ambiciones personales.
El futuro no se construye bloqueando caminos, sino respetando las instituciones y fortaleciendo el diálogo.
La democracia no se defiende sola. Se defiende con la voz firme de su ciudadanía.
Fernando Crespo Lijeron