La familia denunció que el proceso se llevó a cabo de forma clandestina, con el expediente declarado confidencial y sin permitir acceso a una defensa independiente.
Rafael Tudares Bracho, yerno del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, fue condenado a 30 años de cárcel tras un proceso calificado por su familia como “clandestino, inhumano y plagado de irregularidades”.
Mariana González de Tudares, esposa del sentenciado e hija de González Urrutia, hizo pública la información este miércoles y afirmó que la medida es consecuencia directa de su vínculo familiar con el dirigente opositor.
González de Tudares manifestó que la sentencia se dictó tras 11 meses durante los cuales Tudares Bracho habría estado en situación de desaparición forzada, sin acceso regular a su abogado de confianza, y con el expediente judicial declarado confidencial desde septiembre pasado.
Según explicó en un comunicado divulgado en X, la condena fue resultado de una única audiencia de juicio realizada el viernes 28 de noviembre, extendida por más de 12 horas.
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El fallo fue notificado al acusado mediante un sistema telemático el lunes 1 de diciembre, cuando llevaba meses incomunicado.
“En 10 meses de proceso nunca se nos ha permitido revisar las actas procesales del caso y, mucho menos, obtener una copia del expediente”, denunció González de Tudares, quien afirmó no conocer el número de la causa judicial.
La familia insiste en que el régimen chavista nunca permitió que Rafael designara un abogado particular y le impuso un defensor público que, según sostienen, no brindó información efectiva sobre el estado del expediente ni sobre la acusación.
La sentencia condenatoria, según la familia, fue por delitos de conspiración y otros cargos graves, a partir de una supuesta asociación entre Tudares y una persona desconocida, sin pruebas ni vínculos demostrados.
De acuerdo con González de Tudares, tanto Rafael como ella desconocen la identidad de la persona con la que las que el régimen lo vincula y descartan cualquier tipo de relación o actividad ilegal.
“A Rafael se le asoció con una persona que él desconoce, se le atribuyeron hechos que no ha realizado y delitos que en modo alguno ha cometido”, señala el comunicado.
La familia del condenado sostiene que el proceso violó derechos establecidos en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, además de varias disposiciones de la Constitución venezolana sobre el debido proceso, defensa técnica y presunción de inocencia.
Enfatizaron que la confidencialidad del caso impidió durante meses conocer siquiera el contenido de la sentencia y constituyó un escenario de indefensión absoluta.
“Ha sido un proceso inhumano, injusto, inconstitucional, ilegal y clandestino”, remarca la denuncia, cuestionando la legalidad del proceder estatal.
La esposa de Tudares subrayó que la acusación sólo se debe a su relación matrimonial: “La única razón detrás de esta condena es su vínculo familiar con el excandidato presidencial. Es absolutamente inocente de los hechos y cargos que injustamente le han atribuido”, sostuvo.
La familia afirmó que seguirá recurriendo a todas las vías humanitarias y legales internacionales para exigir un proceso justo y la libertad de Tudares Bracho.
El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia reaccionó a través de su cuenta de X, donde calificó la condena de arbitraria y carente de sustento jurídico.
El líder opositor sostuvo que la decisión viola principios constitucionales y es parte de una práctica sistemática de represalia política.
Para González Urrutia, utilizar el sistema judicial para castigar a familiares de opositores evidencia la fragilidad del régimen y la confusión entre poder e impunidad agravada durante los últimos años.
Denunció que la sentencia solo busca intimidar a las voces críticas y distorsionar la voluntad popular expresada en las últimas elecciones. Insistió en que todo proceso debe ajustarse a la ley y sostuvo que, lejos de inhibir la defensa de los derechos humanos, esta condena refuerza su compromiso con la libertad de Tudares y de todos los presos políticos, así como con las víctimas de desaparición forzada en Venezuela.
“Esa causa no admite renuncias”, manifestó González Urrutia.
El caso ocurre en un contexto de creciente presión sobre los opositores y sus allegados en Venezuela, donde organizaciones de derechos humanos y agencias internacionales han denunciado un patrón de persecución, criminalización y restricción a la defensa legal.
La condena a Tudares Bracho encendió las alertas tanto dentro como fuera de Venezuela sobre la situación de los derechos fundamentales y la independencia judicial en el país.
(Con información de EFE)