La investigación apunta a que el funcionario asignado al control perimetral no se encontraba en su puesto, lo que permitió a los reos ejecutar la fuga sin resistencia.
eju.tv / Fuente: El Deber
La fuga de dos ciudadanos brasileños vinculados con el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más violentas de Brasil, desde el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, puso sobre el tapete sospecha de complicidad de la Policía.
Los evadidos, quienes antes estaban recluidos en el PC7 de penal de Palmasola, estaban implicados en asesinatos, ajustes de cuentas y vínculos directos con el narcotráfico que opera en el Trópico de Cochabamba, una de las principales zonas de producción de coca ilegal del país.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
¿Quiénes eran?
Los reos fueron identificados como Jangledson De Oliverira y Óscar Junior Terra Días de Floriano, ambos de nacionalidad brasileña. En sus cuerpos portan tatuajes del Comando Vermelho, organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, sicariato y control territorial en cárceles de Brasil y otros países de la región.
Antes de su traslado a Chonchocoro, ambos se encontraban recluidos en el PC-7, el pabellón de máxima seguridad del penal de Palmasola, en Santa Cruz. Allí fueron señalados por la Fiscalía y la Policía como autores materiales del asesinato de Remberto López Herbas, un recluso acusado de haber asesinado previamente a un juez en Villa Tunari, epicentro del narcotráfico en el Chapare. Sucedió en noviembre.
Remberto López murió con dos disparos de arma de fuego calibre 9 milímetros en la cabeza, dentro del baño de uno de los bloques del PC-7. Su celda fue precintada hace unas tres semanas, en lo que ya entonces encendió alertas sobre el nivel de control que ejercen estructuras criminales dentro de los penales.
Un asesinato por encargo
Según el fiscal Luis Alberto Hurtado, asignado al caso, los brasileños admitieron en sus primeros testimonios no solo su pertenencia al Comando Vermelho, sino también que el asesinato de López fue un crimen por encargo, solicitado por narcotraficantes del Trópico de Cochabamba a cambio de dinero.
Las investigaciones establecieron que Caique Lima Silva —otro miembro del grupo, detenido anteriormente— fue quien ejecutó materialmente el crimen, mientras que Terra Días de Floriano gestionó el ingreso del arma de fuego al penal, un hecho que por sí solo evidencia connivencia interna.
Ambos aceptaron posteriormente 30 años de prisión sin derecho a indulto, lo que llevó a su traslado a Chonchocoro, considerado el recinto penitenciario más seguro del país.
La fuga: fallas, escalera y posibles cómplices
La madrugada del miércoles 17 de diciembre, alrededor de las 03:00, los dos brasileños lograron escapar de Chonchocoro utilizando una escalera para superar los muros perimetrales. El hecho derivó en una investigación de oficio del Ministerio Público.
Durante el registro del penal, fiscales y peritos detectaron puertas con signos de forcejeo, la escalera apoyada en el muro, y un arma blanca, elementos que refuerzan la hipótesis de una evasión planificada.
El fiscal Rodrigo Condarco confirmó la aprehensión de un policía que estaba a cargo de la torre de vigilancia número dos, además del arresto de al menos cinco a siete funcionarios penitenciarios, entre ellos el director del penal, el jefe de seguridad y otros oficiales.
“Se han identificado responsabilidades en personas que cumplían funciones clave de seguridad”, señaló Condarco.
La investigación apunta a que el funcionario asignado al control perimetral no se encontraba en su puesto, lo que permitió a los reos ejecutar la fuga sin resistencia.
Operativo nacional y alerta máxima
Tras confirmarse la evasión, la Policía activó el Plan Z, desplegando unidades operativas y de inteligencia en La Paz, El Alto, Viacha y rutas interdepartamentales. También se reforzaron controles fronterizos, especialmente en Desaguadero, ante la posibilidad de que los fugitivos intenten salir del país.
“El operativo fue catalogado como de prioridad máxima”, informó el director de Seguridad Penitenciaria, Juan Carlos Rebollo.
El caso expone un problema mayor: la presencia activa de organizaciones criminales transnacionales en Bolivia, su capacidad de operar desde las cárceles y de corromper estructuras estatales, incluso en recintos catalogados como de “máxima seguridad”.