La revisión documental, los testimonios de las víctimas y el criterio de expertos revela un “modus operandi” de fiscales y jueces, quienes “instrumentalizaron la justicia con fines políticos”, para direccionar la investigación.
Por Carlos Quisbert
Fuente: El Deber
Un reportaje de Pablo Peralta y Carlos Quisbert. Edición y producción multimedia: Erika Segales
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
“Prefiero mil veces morir defendiendo lo legal, a seguir vivo y que mis hijos piensen que yo soy un corrupto. Mi nombre no será utilizado para lavar la imagen de nadie”. Esas fueron las palabras con las que el exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo Caballero, negó inculparse por un delito que no cometió.
No solo fue el primero en denunciar el millonario desfalco que se dio en esa institución, sino también el primero evidenciar el “modus operandi” de fiscales, jueces y funcionarios del Gobierno del MAS, quienes “ofrecían” juicios abreviados a cambio de sentencias cortas y la anhelada libertad. Así hallaron “chivos expiatorios” para tapar el escándalo político y evitar el proceso contra las altas autoridades de ese entonces.
El Fondo Indígena fue creado para ayudar al desarrollo de comunidades indígenas, pero, al contrario, su funcionamiento provocó el encarcelamiento de centenares de dirigentes y cobró la vida algunos.
Una de aquellas autoridades contra las que Aramayo aseguró tener pruebas, fue el entonces ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, quien fue parte del Directorio del Fondo Indígena y en 2020 asumió la presidencia del Estado. Pero solo al dejar el poder, cuándo el MAS ya no ejercía la misma injerencia sobre la Justicia, fue imputado y procesado por autorizar las millonarias transferencias de dinero del Estado a cuentas particulares de los dirigentes afines al partido socialista, pese a que la Ley Financial lo impedía.
Muerte sin justicia
Aramayo era un hombre de “convicciones fuertes”, así lo recuerda hoy quien fue su abogado y amigo, Héctor Castellón. Paradójicamente, comenta el jurista, aquella fortaleza moral que le ayudó a resistir las presiones para someterse a un juicio abreviado, fue el instrumento usado para acabar con su vida.
Falleció el 19 abril de 2022 víctima de la persecución judicial iniciada durante el gobierno de Evo Morales. Meses más tarde, se publicó el informe elaborado por el Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), con datos de su puño y letra de Aramayo, en el que se enumeró 194 actos de tortura cometidos en su contra mientras estuvo preso.
Los mismos se cometieron en medio de los 216 procesos judiciales que le iniciaron y que de a poco carcomieron su salud, al punto de tener que abrir su celda a patadas para sacarlo inconsciente y constatar, en el hospital, que el cuerpo del hombre de 54 años no resistió al “paro cardiovascular” y la falla multiorgánica provocada por las seis enfermedades que adquirió durante el injusto encierro.
En efecto, Aramayo no sobrevivió para ver cómo, el 12 de diciembre de este año, el expresidente finalmente fue llevado a la misma sección donde él estuvo preso, en la cárcel de San Pedro, y tampoco pudo escuchar cuando Arce gritó -mientras era arrastrado por los policías al interior del penal- aquella frase que él repitió durante los siete años de su encarcelamiento: “somos inocentes”.
Sobreviviente y más víctimas
Un sobreviviente de aquel “modus operandi” aplicado por fiscales y jueces fue don Félix Becerra, exlíder del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq). Relató que emisarios del gobierno del MAS se le acercaron cuando estaba preso en el penal de San Pedro, en 2015, para “sugerirle” que se someta a un juicio abreviado y así acceder a una sentencia corta y luego salir libre.
Becerra contó sobre aquella propuesta a sus amigos y su abogado. Estos le respondieron: “Si has robado autoculpate; pero si no has robado nada ¿cómo te vas a autoincriminar?”.
Por supuesto, el dirigente indígena no aceptó. Hoy, mientras aún cumple una detención domiciliaria en su comunidad, Ch’alla Grande, en el altiplano de Cochabamba, recuerda aquel episodio con una sonrisa, pero con profunda indignación.
No fue el caso de Epifanio Pacheco, quien falleció en agosto de 2023, con la salud resentida por la pena. Su abogado, Sergio Vildozo, fue testigo de cómo la persecución judicial “irracional”, consumió otra vida.
Pacheco no llegó a la cárcel, pero al igual que Aramayo, junto a su abogado peregrinó por juzgados de varios departamentos para demostrar su inocencia. Fue director de Proyectos del Fondo Indígena hasta 2013, pero antes de eso representante histórico de la nación Qhara Qhara.
El dirigente afrontó 12 procesos, ninguno llegó a sentencia, pero algunos estaban a puertas del juicio. “En Potosí le abrieron dos casos, en Beni teníamos tres, en Pando tres, en Santa Cruz dos, en La Paz, que era el principal, había uno y otro iniciado de forma accesoria”, explicó Vildozo.
Modus operandi
De las entrevistas con los involucrados, la revisión de los documentos y las entrevistas con expertos para este reportaje, se identificó al menos cinco características de aquella estrategia jurídica con la que buscaban “chivos expiatorios” para el desfalco del Fondo Indígena: 1) la persecución judicial contra el principal denunciante, Aramayo; 2) el direccionamiento de las investigaciones; 3) múltiples casos contra una misma persona y radicarlos en varios departamentos; 4) negar el pedido de unificación de los procesos y 5) realizar ofertas a los procesados, a través de emisarios, para que se inculpen y se sometan a juicios abreviados.
“La denuncia (sobre las irregularidades en el Fondo Indígena) la realizó Marco Aramayo en una reunión de Directorio solo tres semanas después de asumir el cargo”, recordó Castellón.
El jurista relató que, al momento de asumir la defensa, Aramayo le aseguró que el proceso era solo “hacer burbujas en el aire”, y advirtió que nunca se iba a investigar a los verdaderos responsables del desfalco. Pero “ni en la peor de nuestras pesadillas imaginamos que Marco Aramayo sería sometido a más de 200 procesos penales”, lamentó el abogado.
Moraima Monje, esposa de Aramayo, relató que el ensañamiento judicial inició el 14 de enero de 2016, cuando el exdirector, desde su celda, publicó una carta dirigida a Evo Morales, para denunciar que éste también recibió informes de todas las irregularidades en el Fondo Indígena.
“Y de eso se molestó el presidente. En la mañana (Morales) dio una entrevista indicando, ‘por qué él no renunció si sabía de las irregularidades. Por ese mismo motivo él (Aramayo) es doblemente delincuente’. Y esa misma tarde comenzaron a ir a la cárcel los jueces y fiscales”, como menciona el informe del ITEI.
El ensañamiento fue tal, recuerda Castellón, que los “fiscales y jueces hacían fila para cautelarlo”, y que ni los funcionarios de la Defensoría del Pueblo se opusieron a que su cliente sea sometido a 14 audiencias cautelares en un solo día. Pero la persecución, durante del Gobierno de Arce, se extendió hasta después de su muerte, pues a su oficina le llegaban citatorios para comparecer en otros procesos.
Cayetano Aramayo, confirmó que el Órgano Judicial aún envía citaciones, para que su padre se presente al inicio de juicios, audiencias sobre incidentes procesales, apelaciones y otro tipo de audiencias.
Tortura en vida
El informe del ITEI, titulado “El disfuncionamiento de la Justicia. Tortura y otros maltratos infligidos a Marco Antonio Aramayo”, se precisa que entre las cuatro formas de tortura y maltratos figuran acciones de: extorsión, amenaza, excesos de violencia, golpes con objetos contundentes, exposición a agentes químicos, desaparición forzada, aislamiento, privación/prohibición del consumo de agua y otros alimentos, privación/prohibición de atención médica, privación del uso de servicios sanitarios, castigo e intimidación, exposición a situaciones cercanas a la muerte y hasta abuso sexual, al ser obligado a desnudarse y permanecer así durante horas en los fríos calabozos de San Pedro.
Los expedientes reflejan un “direccionamiento” negativo en los procesos abiertos contra los dirigentes implicados que renunciaron al MAS, en su mayoría estos fueron a dar a la cárcel, como Becerra o Damián Condori, exejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y actual gobernador de Chuquisaca.
Al contrario, dirigentes afines al partido azul, que fueron parte del directorio del Fondo Indígena, como Hilarión Mamani, Rodolfo Machaca o Juanita Ancieta, si bien fueron sindicados no pisaron la cárcel y no pasaron por el calvario judicial que atravesaron otros. Mamani llegó a liderar el Conamaq y después fue senador del MAS; Machaca, exdirigente de la Csutcb, se prorrogó en la cúpula dirigencial y, Ancieta, exdirigente de las Bartolinas, pasó a ser asambleísta departamental en Cochabamba.
Otro que quedó impune fue el segundo exdirector del Fondo Indígena, Daniel Zapata, quien pese a contar con una sentencia (fue juzgado en rebeldía) nunca fue llevado a la cárcel, porque no se presentó a las citaciones y la Fiscalía no hizo cumplir las órdenes de aprehensión. Un caso opuesto es el de la primera directora, Elvira Parra, quien solo logró salir de la cárcel un año después de la muerte de Aramayo.
Parra, según su propio recuento, llegó a afrontar 150 procesos penales en diferentes departamentos. Ingresó a la cárcel en 2015, cuando su hijo mayor tenía 13 años y logró su libertad cuando él cumplió 21. En la mayoría de los casos, Parra fue acusada por firmar contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Todo lo contrario ocurrió con la exministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo, quien presidió el Directorio del Fondo Indígena.
Manipulación de fiscales
El exfiscal del caso Ánghelo Saravia reveló -en una denuncia que presentó el 3 de diciembre de 2019 ante la Fiscalía de La Paz- que la primera orden de aprehensión que se emitió contra Achacollo, en julio de 2016, no se ejecutó por presiones políticas. El exfiscal también denunció que, en agosto de ese año, una vez aprehendida la exministra, sufrió “presiones y hostigamiento” por parte del exfiscal general, Ramiro Guerrero y el exfiscal departamental Paul Franco para modificar la imputación y, al final, solo pedir detención domiciliaria.
En el documento, además de identificar a quienes lo presionaron y contar los entretelones de la aprehensión e imputación contra Achacollo, con amenazas de Morales de por medio, Saravia relató que el documento fue corregido “en Palacio de Gobierno”.
Otro punto que pone en duda la independencia de quienes estaban a cargo de la investigación y el Ejecutivo, es que luego Franco fungió como presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que emitió una serie de polémicas resoluciones en favor de Morales, Arce y el MAS. En el caso de Guerrero, este fue designado como viceministro de Desarrollo Rural en la gestión de Arce.
La cantidad de casos que se abrieron en contra de Aramayo es uno de los elementos que Castellón señala como una evidencia del ensañamiento judicial por instrucción política. Si bien en su momento se contabilizaron 256 causas, según el recuento interno de la defensa, solo conocieron de forma oficial 216 procesos penales, pero los mismos estaban radicados ocho departamentos, aunque los datos no están sistematizados por ninguna institución judicial o estatal.
“Veamos la diferencia, Nemesia Achacollo no estuvo presa por mucho tiempo, goza de una detención domiciliaria, pero Marco Aramayo murió en prisión luego de siete años de cárcel, es más, él ya cumplía condena por uno de los casos”, remarcó Castellón.
Para este reportaje se consultó en el nuevo Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) y en la Fiscalía sobre la cantidad exacta y el estado de los procesos abiertos por el desfalco al Fondo Indígena y el número de causas en las que Aramayo figuraba como procesado. Ninguna de las instituciones brindó respuesta.
Según Castellón, Aramayo la mayor cantidad de los casos en su contra estaban radicados en Beni, Santa Cruz, Pando y Oruro. Similar a lo que pasó con Parra y Pacheco. Este método de persecución judicial también incidió en la salud y la economía de los procesados.
Aramayo falleció víctima de seis patologías: “choque mixto: cardiogénico y séptico; encefalopatía mixta: anóxica y metabólica; estado hiperosmolar hiperglucémico; enfermedad renal aguda; diabetes mellitus tipo II y por último hipertensión arterial”, señala el certificado de defunción, expedido por el Hospital Municipal de Cotahuma.
Por su lado, Parra fue víctima de todas las enfermedades que acarrea la diabetes, y cuando salió libre, en abril de 2023, declaró que quedó con “muchas deudas”, porque tuvo que pagar a varios abogados.
En el caso de Pacheco, quien tuvo la “fortuna” de no quedar en detención preventiva, los constantes viajes para hacer seguimiento de las causas abiertas en su contra también repercutieron en su economía, pero, según su abogado, “lo que más ha calado es el estrés, la preocupación tanto de él y de su entorno familiar, de poder sobrellevar y afrontar con seriedad las sindicaciones que le iban haciendo una tras otra, una tras otra”. Pacheco murió el martes 22 de agosto de 2023.
“Esta persecución obviamente que ha deteriorado su salud. Ha sido un detonante importante, ha calado en su salud, en su estabilidad emocional, laboral, familiar. La consecuencia es ésta: falleció. Creemos nosotros que mientras estuvo con vida pudo demostrar su inocencia en cada uno de los procesos”, asegura Vildozo.
La negativa al pedido de la acumulación de casos:
De acuerdo con el parágrafo II del artículo 117 de la Constitución Política del Estado (CPE) y los artículos 4 y 45 del Código de Procedimiento Penal, una persona no puede ser juzgada dos o más veces por un mismo delito. En casos complejos como el desfalco al Fondo Indígena, que involucra instituciones, funcionarios y dirigentes de distintos niveles y grados de responsabilidad, la acumulación de procesos tiene el fin de no vulnerar ese derecho, por lo que se debe unificar las causas por delitos conexos. Ese procedimiento procura cumplir las garantías constitucionales.
El abogado de Aramayo indicó que entre 2015 y 2016 presentaron memoriales para lograr la acumulación de casos. “El primer momento cuando estaba (Ramiro) Guerrero (como fiscal general del Estado) se hizo una solicitud de acumulación. En ese momento, eran 17 causas abiertas en La Paz y teníamos conocimiento de que había unas cuantas a nivel Bolivia”, explicó. Sin embargo, el pedido nunca fue atendido.
Un hecho grave entorno a esta petición, según Castellón, fue que los fiscales recurrieron a la falsificación de una resolución, con el fin de evitar el pedido de la acumulación de los casos. En un informe emitido para el fiscal Guerrero, sus subalternos aseguraron que un juez negó la unificación de los procesos, pero luego de verificar los expedientes se descubrió que no existía dicha resolución. El hecho fue denunciado, pero nunca se lo investigó.
Respecto a las causas contra Pacheco, su defensa señaló que además de la docena de casos abiertos, presumían que habían otras causas iniciadas en su contra “con mucha cizaña”. La acumulación de denuncias era para evitar los constantes viajes, las múltiples audiencias y el deterioro de su salud y economía.
Ofertar procesos abreviados a través de emisarios:
Becerra, el exdirigente del Conamaq, relató que los emisarios del Gobierno del MAS lo visitaron dos veces. “Estás tiempo aquí adentro, por qué no te autoculpas, fácil vas a salir mañana, pasado mañana, dos años te van a dar, autoculpate”, relata que le ofrecieron.
En el caso de Aramayo, su abogado asegura que en varias ocasiones le plantearon la salida del proceso abreviado. “A Marco no una o dos, sino más de 100 veces, el anterior gobierno, el gobierno de transición (de Jeanine Añez) principalmente, le han dicho ‘declárate culpable, ándate a un proceso abreviado y tu suplicio termina, los procesos desaparecen, se acumulan (los casos) como quieres, declárate culpable’”, comenta Castellón. ¿Cuál era el fin? “un chivo expiatorio”, responde.
«Modus operandi»
En criterio del abogado y experto en defensa de Derechos Humanos, Franco Albarracín, durante el gobierno de Evo Morales, se implementó un “modus operandi” para librar de responsabilidad penal por el desfalco a directivos del Fondo Indígena y a altos dirigentes del Pacto de Unidad, esto con el fin de procesar sólo a funcionarios de bajo rango y representantes indígenas que no tenían un peso político en el MAS.
En esa línea, Albarracín mencionó que se pueden identificar al menos cinco elementos recurrentes en la persecución penal: 1) En la mayoría de los casos solo procesaron a dirigentes campesinos de bajo nivel, que figuraban como representantes legales de los proyectos y a Aramayo; 2) Hubo una “instrumentalización del Ministerio Público”, con el fin de “direccionar las investigaciones y no perjudicar a las altas esferas del Gobierno o a altos dirigentes del Pacto de Unidad”; 3) Se imputó y detuvo a dirigentes, pese a no tener indicios suficientes, cuando la responsabilidad en el mal manejo de los recursos involucraba miembros del directorio del Fondo Indígena; 4) Las detenciones dieron lugar a la vulneración de Derechos Humanos en varios aspectos; y 5) Las detenciones arbitrarias fueron usadas como instrumento de amedrentamiento contra quienes se atrevieran a denunciar los abusos.
“Entonces, el modus operandi gubernamental tenía el fin de hallar un chivo expiatorio al hecho de corrupción. Además, la protección a los altos dirigentes del Pacto de Unidad, no era siquiera por definiciones ideológicas, sino que era una protección con un trasfondo político, de carácter prebendalista. El Gobierno decía: ‘Yo te protejo y a cambio tú sales a las calles o asumes responsabilidad en situaciones de crisis en favor del Gobierno’. Esa era la forma de proceder”, concluye Albarracín.
El hombre de “convicciones fuertes”
“10483” es el número de la resolución suprema con la que Marco Antonio Aramayo fue designado como director ejecutivo del Fondo Indígena, el 4 de septiembre de 2013. Aquella jornada en la que juró ante el entonces ministro de Economía, Luis Arce, habló de la forma en que dirigiría esa institución, incidiendo en la transparencia, estaba aún lejos del suplicio que viviría desde el 3 de marzo de 2015, cuando fue aprehendido después de presentarse a declarar de forma voluntaria.
Irónicamente, Aramayo solo sintió paz, cuenta su abogado, cuando estalló la pandemia del Covid-19, que obligó al Gobierno de entonces, a establecer una cuarentena rígida desde abril de 2020.
Esa cantidad excesiva de procesos, según el jurista, generó dos fases en el procesamiento de Aramayo: la primera, obligó a que en la denominada “etapa investigativa o preparatoria”, entre 2015 y 2017, se registraran filas de fiscales y jueces en San Pedro para cautelar o tomar declaraciones a Aramayo; la segunda, en la que las autoridades judiciales y de las fiscalías departamentales ya no arribaban al penal, sino que Aramayo era trasladado.
“Y ahí empieza la humillación, ven que a Marco lo pueden sacar a cualquier hora y en cualquier momento y lo llevan a distintos lugares y Marco empezó a decir: ‘temo por mi vida’”, afirma Castellón. El último viaje que lo obligaron a hacer fue el 6 de abril, a Santa Cruz de la Sierra, su esposa lo fue a ver a su salida de tribunales y lo percibió confundido y cansado, le pareció extraño que Aramayo no la reconociera y sintió su lejanía cuando se despidieron.
Su hijo también recuerda ese último viaje, Cayetano relató que los custodios y una de las coprocesadas se opusieron a que su padre pueda ir a comer un palto de pescado. El joven le entregó 200 bolivianos, para que pueda comer algo en el camino de regreso, pero luego le avisaron que los policías le quitaron el dinero.
“La acumulación de los procesos era importante -explica Castellón-, porque acumulando los procesos se iba a determinar que Marco Aramayo estaba más de ocho años preso y con eso podía salir tranquilamente en libertad, sin importar la sentencia que le impongan”.
Cuando terminó su discurso luego del acto de posesión al cargo, Aramayo pidió a los asistentes que le ayudaran a decir “¡Que viva el Fondo Indígena!”. Paradójicamente, fue él quien perdió la vida por el Fondo Indígena.
El “infierno” de Becerra
Félix Becerra, ex Jiliri Apu Mallku del Conamaq, cree que las hierbas de su región (Ch’alla Grande, Cochabamba), que diligentemente le llevaron su padre y su esposa durante su encarcelamiento en La Paz, lo salvaron de un destino similar al de Aramayo. Tomaba esos mates a diario, por las mañanas y tardes, está convencido de que esa terapia lo ayudó a cuidar su salud y evadir los efectos de la pena.
Reconoce que el caso de Aramayo y el suyo son, en el fondo, diferentes, no solo por la cantidad de casos sino por otros aspectos, pero lo que vivió a fines de 2015 lo recuerda como un verdadero “infierno”.
Y ese “infierno” se desató cuando vio su nombre en la prensa, relacionado con una noticia sobre el desfalco del Fondo Indígena. Era un escándalo internacional, pero aun así decidió presentarse voluntariamente en La Paz.
Consejos de padre
El día que partió de su casa, aunque era consciente de que podría quedar preso, prefirió no hablar del tema con sus hijos. Como líder indígena y con el instinto que solo da la paternidad, se limitó a darles recomendaciones, “pórtense bien, y hagan deberes, estoy saliendo de viaje”, fue la breve charla tuvo con ellos.
Pero fue franco con su esposa, quien en ese momento ocupaba un cargo como concejal de ese municipio. “No sé si voy a volver o me van a detener”, le dijo cuando partió con un poco de ropa en su mochila y los documentos con los que pretendía probar su inocencia.
Ocurrió lo que menos quería. Fue aprehendido el 12 en noviembre de 2015 y sin que se respete su lugar de origen y, sobre todo, la falta de pruebas en su contra, un juez lo envió con detención preventiva a la cárcel de San Pedro.
El proyecto por el que se lo detuvo fue elaborado por su antecesor en el cargo, pero la responsabilidad recayó sobre él porque firmó el recibo del desembolso inicial. El proyecto se trataba de un curso del idioma ruso dirigido a un grupo de 18 jóvenes, miembros de sectores sociales afines al MAS, quienes irían becados a Rusia. Fue encarcelado pese a presentar todos los documentos y detallar a los fiscales y el juez, cómo se gastó el adelanto.
Durante los primeros cuatro meses en prisión recibió la ayuda de sus amigos de La Paz, quienes lo visitaban. Fue llevado a la sección El Palmar. Allí, con el apoyo de otros reos incursionó en la costura y llegó a conseguir una fuente de ingresos: ganaba 10 bolivianos diarios por costurar prendas deportivas. En su pueblo, Becerra aún luce uno de los deportivos que elaboró en San Pedro.
Durante su encierro, las cosas tomaron rumbos complicados en su casa. Su hijo mayor bajó sus calificaciones y otra de sus hijas se aplazó.
Su incursión en la dirigencia tenía el fin de lograr que su gente y sus jóvenes tengan mejores oportunidades, pero el escándalo del Fondo Indígena le robó a él ese ideal para su propia familia, ya que aún luego del retorno a su casa, la hija de Becerra mantuvo su decisión de alejarse de las aulas, sin embargo, ahora disfruta su trabajo junto a ella, porque también se dedica a la costura.
La vendetta
Los cargos en contra de Becerra generaron división en su comunidad, entre los que lo apoyaron y quienes lo juzgaron por lo dicho en la prensa.
Las dudas atormentaban a su familia, al extremo de que su padre le preguntó: “¿De verdad has robado?”. El hijo le aclaró que no lo hizo y que podía probarlo. Entonces el progenitor le exclamó: “¿Y por qué te has metido a esto de dirigente, waway?”.
Pero al margen de lo que pasó con los contratos en el Fondo Indígena, Becerra tiene otra teoría, sostiene que lo metieron preso por una vendetta. “Es la venganza del MAS”, le respondía a su padre.
Y es que durante su encierro esos emisarios del Gobierno también le recordaron que él dio su apoyo a los marchistas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y le hicieron suponer que debía “pagar” por ello.
Asegura que las dos veces que le plantearon acogerse a un juicio abreviado, a cambio de dejarlo libre, admitiendo un delito que no había cometido, mientras los emisarios le contaban historias, en su interior se decía: “ni siquiera un centavo he robado”.
El sueño del retorno
En la actualidad, Becerra se dedica al tejido de hermosas prendas con diseños característicos de la cultura Quechua, cuya venta le ayuda a mantener a su familia, pero señala que ese dinero solo le alcanzará para pagar un abogado y cerrar su caso.
Entre todas las pérdidas que Becerra contabiliza por su paso en la cárcel, también toma cuenta la de su calidad de líder. El dirigente considera que antes de ser acusado injustamente tenía el apoyo político necesario para llegar a “altos cargos”, pero el proceso en su contra lo perjudicó. “Con estas situaciones, he perdido mi liderazgo”, lamenta.
Cuando recobró su libertad, en noviembre de 2017, luego de que un juez le concediera detención domiciliaria, decidió no decir nada a su familia, porque la noticia era tan buena que temía que su anuncio trastoque su salida de la cárcel. Solo cuando lo “botaron” de San Pedro, tomó un teléfono prestado, llamó a su esposa y avisó de su inminente retorno.
Sus hijos no durmieron, Becerra recuerda que, al bajar del bus, en medio de la pampa sus cinco niños (hoy son seis) lo esperaban a un lado del camino. “Me abrazaron y esa noche hemos dormido todos en un catre”.
- Los videos y el material multimedia de este reportaje forman parte del proyecto «Visibilización de la situación de riesgo de defensores de derechos humanos en Bolivia», desarrollado por el CEDIB en alianza con la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y con el apoyo de la Embajada de Alemania en Bolivia, cuya versión inicial fue publicada en noviembre de 2023 y es reeditada para EL DEBER.
Fuente: El Deber