El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, explicó que registros audiovisuales y testimonios señalan que el mayor utilizó patrullas y personal bajo su mando para permitir la liberación de cuatro personas denunciadas por estafa
Fuente: eldeber.com.bo
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El mayor de la Policía Iván C.A. fue enviado a un mes de detención preventiva en el penal de San Pedro de Oruro, tras ser imputado por su presunta participación en un operativo irregular que derivó en la fuga de cuatro personas. Los fugados estaban acusadas de estafar a más de 200 víctimas mediante la promesa fraudulenta de dólares a precio reducido.
El Ministerio Público lo imputó por los delitos de favorecimiento a la evasión, tráfico de influencias y uso indebido de bienes y servicios públicos.
El fiscal departamental Aldo Morales explicó que registros audiovisuales y testimonios señalan que el oficial utilizó patrullas y personal bajo su mando para retirar a los sospechosos de un inmueble en la zona sur de la ciudad orureña, con el argumento de trasladarlos a la Felcc. Sin embargo, la ruta fue desviada y los implicados fueron liberados en otro punto de Oruro sin iniciar ningún procedimiento legal.
A esta versión se sumó la declaración del fiscal Anticorrupción, Richard Gutiérrez, quien detalló que el operativo fue ejecutado “solito” por el mayor, un domingo, aprovechando su condición de supervisor.
“Ha montado una intervención en una vivienda de la avenida España, donde estaban personas que habían sacado dinero a otras prometiéndoles devolverlo en dólares muy por debajo del precio del mercado”, explicó.
Según Gutiérrez, el mayor convocó al personal de la unidad operativa Delta para intervenir el inmueble, extraer a los acusados y dejarlos posteriormente en la calle Quintana, desde donde “tomaron rumbo desconocido”. Hasta la fecha no se conoce el paradero de los cuatro sospechosos.
Consultado sobre la versión del oficial, el fiscal informó que Iván C.A. se acogió al derecho al silencio, aunque en la audiencia cautelar intentó justificar su actuación asegurando que “cumplía su función constitucional de resguardar los derechos” de las cuatro personas, que supuestamente estaban privadas de libertad. El juez rechazó ese argumento y dio por acreditada la hipótesis fiscal. Por tanto, ordenó su detención preventiva por un mes mientras avanza la investigación.
Gutiérrez señaló que la imputación provisional incluye los delitos de tráfico de influencias —dado su rango y condición de funcionario— y uso indebido de bienes y servicios públicos, porque el mayor utilizó patrullas oficiales para movilizar a particulares y facilitar su fuga.
“No ha dado parte a su inmediato superior, no comunicó el hecho en el libro de novedades, y actuó por su cuenta, lo cual es irregular según doctrina policial”, precisó.
El fiscal también cuestionó la explicación del acusado, quien en redes sociales afirmó que solo intentó rescatar a personas presuntamente secuestradas. “Si realmente hubiera existido una restricción a su locomoción, correspondía trasladarlos a la Felcc para verificar su situación y formalizar la denuncia, no liberarlos en vía pública”, afirmó.
Respecto a la medida impuesta, Gutiérrez indicó que el juez realizó un “equilibrio” entre el derecho del Estado a perseguir delitos y el derecho del imputado a la libertad. Recalcó que la detención preventiva no constituye una condena anticipada, sino una medida para evitar la obstrucción de la investigación. No descartó solicitar una ampliación del plazo o presentar una acusación formal conforme avancen las pesquisas.
El Ministerio Público continúa con los actos investigativos para identificar a todos los involucrados en el operativo y establecer las responsabilidades penales que correspondan. Mientras, las víctimas exigen justicia por las pérdidas económicas sufridas en la estafa millonaria.