La dirigente de Conamype, Helen Riveros, destacó la enorme distancia entre las fortunas beneficiadas y los pequeños negocios que trabajan con capital “muy reducido”. Por eso, su principal demanda es un “perdonazo fiscal” que permita condonar las deudas acumuladas ante Impuestos Internos.
Fuente: ANF / La Paz
La Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) cuestionó la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) por ser una medida que solo favorece a quienes más tienen y lamentó que el gobierno ignore por completo a los productores que hoy luchan por mantenerse a flote.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Helen Riveros, presidenta Conamype, afirmó que la eliminación del IGF profundiza la desigualdad y deja en evidencia la falta de políticas coherentes para el sector productivo más vulnerable.
“Están volviendo más rico a los ricos y más pobre a los pobres”, señaló en entrevista con ANF, remarcando que se perdona un impuesto a las grandes fortunas mientras miles de unidades productivas siguen sin recibir ninguna medida de alivio. Recordó que durante la campaña electoral se prometió una estrategia impositiva para todos, pero aseguró que “no hay ningún proyecto o una medida que llegue al sector”.
La dirigente destacó la enorme distancia entre las fortunas beneficiadas y los pequeños negocios que trabajan con capital “muy reducido”. Por eso, su principal demanda es un “perdonazo fiscal” que permita condonar las deudas acumuladas ante Impuestos Internos. Explicó que los montos más frecuentes oscilan entre 7.000 y 10.000 bolivianos, aunque en algunos casos pueden alcanzar hasta 50.000.
“El 90% de los microempresarios tiene este tipo de deudas”, aseguró, lo que impide cualquier posibilidad de reactivación. La consecuencia de no pagar es inmediata y severa: “Impuestos Internos paraliza las cuentas y cierra las cuentas de quienes trabajan con billetera móvil o la banca”, denunció.
Ese bloqueo financiero ha llevado a que muchos microempresarios suspendan o den de baja su NIT, profundizando la crisis del sector productivo popular. Riveros insistió en que la condonación es urgente para “volver a empezar”, especialmente en un contexto en el que ni los costos de producción ni los precios de los insumos han bajado, pese a la reducción del tipo de cambio.
“El dólar ha bajado su cotización, pero sigue escaso en la banca y en el comercio informal”, advirtió.
A esta demanda se suma el pedido de un impuesto diferenciado, una propuesta que —según Riveros— lleva años sin ser atendida. “A todos nos miden con la misma vara”, criticó. En su criterio, la normativa actual ignora la baja escala de operación de los talleres artesanales, las pequeñas manufacturas y los comercios familiares. “No tenemos el movimiento que tienen las grandes empresas, y aun así la carga impositiva es la misma”.
Además de las medidas tributarias, Conamype exigió políticas económicas que impulsen de verdad la reactivación. Entre ellas, estabilizar la oferta de dólares, garantizar que Insumos Bolivia cumpla su rol y asegurar que las materias primas lleguen a precios razonables.
También pidió acceso a nuevos mercados y un plan de apoyo para enfrentar la caída en ventas. “Sin insumos accesibles y sin mercados abiertos, la reactivación no será posible”, sostuvo Riveros.
El economista y analista Martín Moreira coincidió en que la eliminación del IGF es una medida mal dirigida. A su juicio, el paquete de supresiones tributarias —que también incluye el ITF— “no va a la gente que tiene problemas ahora con impuestos”. Explicó que los verdaderos afectados no son las grandes fortunas, sino los emprendedores que llevan años lidiando con deudas, cuentas congeladas y procesos de ejecución tributaria. “Hay gente que tiene cuentas congeladas desde hace años y no puede reinvertir ni mover su propio dinero”, afirmó a ANF.
Moreira describió una situación crítica y extendida: cientos de pequeños productores enfrentan el remate de sus bienes por parte de Impuestos Internos, sin que el Estado les ofrezca alternativas. “No se les ha dado ningún plazo, ni les han liberado sus cuentas para que puedan reinvertir”, cuestionó. Para él, una política coherente debió empezar por aliviar la carga impositiva a los emprendedores morosos, otorgarles plazos amplios —hasta 2027, sugirió— y frenar los remates de viviendas y vehículos.
El analista añadió que liberar las cuentas de los pequeños negocios sería una medida clave para promover la formalidad. “Solo así podrán volver a trabajar y seguir facturando formalmente”, sostuvo, advirtiendo que la falta de apoyo estatal empuja cada vez a más personas hacia la informalidad.
Moreira calificó la eliminación del IGF como una “medida chicanera” que favorece a los millonarios mientras deja de lado a quienes realmente necesitan ayuda para sostener la economía diaria del país. Tanto él como Riveros coincidieron en que, sin un perdonazo fiscal y sin un esquema tributario diferenciado, los microempresarios seguirán cargando un peso que pone en riesgo sus propios ingresos.