Indígenas denuncian ante la AJAM la operación de dragas y maquinaria pesada que destruyen el bosque primario del río Toromonas. La actividad ilegal pone en peligro la vida y la cultura de un Pueblo Indígena en Aislamiento Voluntario (PIA).
La Central de Comunidades Indígenas Tacanas II Río Madre de Dios (CITRMD) denunció ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) la presencia de minería ilegal en el río Toromonas, dentro de la TCO Tacanas II, un territorio donde existen indicios documentados de un pueblo indígena en aislamiento voluntario.
La denuncia, respaldada por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) y la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), incluye evidencias audiovisuales y verificaciones en campo que muestran dragas y maquinaria pesada operando en el cauce y márgenes del río.
Las organizaciones aseguran que estas actividades están provocando contaminación, deforestación y destrucción del ecosistema amazónico.
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El presidente de la CITRMD, Roland Mejía, afirmó que ninguna autoridad indígena legítima autorizó estas operaciones y que cualquier documento que intente avalarlas proviene de acuerdos individuales.
“En Madre de Dios la única cooperativa autorizada es Asobal RL. Hemos pedido a la AJAM información sobre áreas legalmente habilitadas y no recibimos respuesta”, declaró.
Riesgo para un pueblo en aislamiento voluntario
Las organizaciones recordaron que en la zona existen registros de la posible presencia de un pueblo indígena no contactado, relacionado con los Toromona o los Araona. Por esta razón, exigen la participación del Ministerio de Justicia en la inspección, en cumplimiento de la Ley 450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas en Situación de Alta Vulnerabilidad.
Destacan que la TCO Tacanas II tiene doble protección legal: es territorio titulado y territorio con presencia confirmada de Pueblos Indígenas en Aislamiento (PIA). En ese sentido la minería ilegal en la zona, advierten, vulnera la Ley 450, normativas ambientales y convenios internacionales sobre Derechos Humanos.
Piden inspección urgente y acciones de interdicción
Las organizaciones exigieron a la AJAM una inspección técnica in situ, con participación de autoridades indígenas; un informe sobre solicitudes de contratos mineros, procesos de consulta previa y cualquier autorización vigente, y la activación de acciones de interdicción y el desalojo inmediato de operadores ilegales, incluidos extranjeros.
“Defenderemos nuestra casa grande y no permitiremos que destruyan nuestro territorio ni amenacen a nuestros hermanos en aislamiento”, señala el pronunciamiento.
Cuestionan omisiones de la AJAM
Los dirigentes también cuestionaron que inspecciones previas de la AJAM no detectaran los daños ambientales, pese a su magnitud. Consideran que esta omisión genera “profunda extrañeza” y podría reflejar negligencia o falta de transparencia.
Antecedentes en la zona
La carta recuerda informes de monitores ambientales indígenas, reportes técnicos de YPFB y testimonios de especialistas que evidencian presencia de grupos no contactados en el área. Uno de los casos más recientes fue registrado el 17 de septiembre por personal de la empresa china BGP, durante trabajos de exploración para YPFB.
Además, investigaciones del CEDIB señalan que el SERNAP declaró el área como zona intangible debido a los indicios de presencia del pueblo Toromona.