En una entrevista con EL DEBER, el ministro Oviedo afirmó que la autoridad cruceña fue llevada con violencia a La Paz
Fuente: El Deber
Tras la aprehensión del expresidente Luis Arce, la exministra de la Presidencia María Nela Prada denunció públicamente que el hecho fue “un secuestro”. La respuesta no tardó: el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, rechazó esa versión y afirmó que lo ocurrido con Arce fue una intervención legal, muy distinta a lo que sucedió —según él— en el gobierno anterior con Luis Fernando Camacho y Jeanine Áñez.
“Lo que hubo de secuestro fue del gobernador de Santa Cruz, el señor Luis Fernando Camacho. Lo mismo sucedió con la expresidenta Áñez”, declaró Oviedo a EL DEBER, marcando el eje de su defensa institucional.
La denuncia de Prada fue publicada mediante un video en redes sociales, en el que afirmó: “Acaban de secuestrar al expresidente por Sopocachi”. Pero Oviedo aseguró que en el caso de Arce no existió violencia ni irregularidad. Según su versión, los efectivos policiales le mostraron la orden fiscal y lo trasladaron “con tranquilidad” a dependencias de la FELCC.
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“Le indicaron al señor Arce Catacora que tenía un nombramiento de la Fiscalía y, con toda tranquilidad, lo condujeron. Respetamos la separación de poderes y cada institución cumple su función”, sostuvo el ministro.
Oviedo insistió en diferenciar lo ocurrido con Arce de los operativos realizados durante el gobierno anterior. Y volvió a enfatizar la frase central de su argumentación:
“A él (Camacho) sí que lo secuestraron. Todos los bolivianos hemos visto cómo lo sacan, lo maltratan, lo golpean y se lo llevan. Ahí no había fiscales, no había jueces, no se le permitió declarar ni asistir con un abogado”.
Su referencia al caso Camacho remite al 28 de diciembre de 2022, cuando el gobernador cruceño fue interceptado al retornar a su domicilio. Las imágenes de ese día muestran cómo un grupo de policías lo sacó por la fuerza de su camioneta y lo subió a un vehículo con vidrios polarizados.
La mención a Áñez alude a su aprehensión en marzo de 2021, ejecutada durante la noche en el Beni, también en medio de denuncias de vulneración de derechos y sin contacto inmediato con familiares.
Por eso, Oviedo sostiene que la comparación hecha por Prada es incorrecta:
“En ambos casos, Camacho y Áñez fueron privados de sus derechos y sus familias no podían verlos. Eso es violentar a las instituciones, y la exministra se ha equivocado al usar ese término para referirse al caso Arce”.