Según Asoban, la Ley 1670 afectaría la liquidez del sistema financiero, que a octubre de 2025 alcanzó utilidades históricas de Bs 2.592 millones
Fuente: El País.bo
La Ley N° 1670 de Diferimiento de Créditos, promulgada en noviembre de 2025, debía otorgar un alivio financiero inmediato a miles de prestatarios en Bolivia; sin embargo, su aplicación continúa paralizada. El Gobierno decidió suspender su puesta en marcha mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) analiza los recursos presentados por entidades financieras, lo que ha generado un creciente clima de presión social y política para que la norma entre en vigencia.
La ley fue aprobada por la Asamblea Legislativa y promulgada por el Órgano Ejecutivo el 5 de noviembre de 2025. Semanas después, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo N° 5484, que reglamenta su aplicación y establece que todos los créditos vigentes hasta el 30 de junio de 2025 pueden acogerse al diferimiento. Pero, en los hechos, ni la ley ni el reglamento están siendo aplicados por decisión del Ejecutivo, que prefiere esperar el pronunciamiento del TCP sobre las medidas cautelares interpuestas por la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) y otras entidades del sistema financiero.
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Un conflicto jurídico frena la norma
La pregunta que retumba en diferentes regiones es: ¿por qué la ley no se cumple, si está promulgada y publicada en Gaceta? La respuesta se encuentra en una disputa de fondo entre dos bloques: el Legislativo y los sectores sociales, que exigen la implementación inmediata; y la banca privada y el Ejecutivo, que consideran riesgoso poner en marcha la norma sin una revisión constitucional.
Según Asoban, la Ley 1670 afectaría la liquidez del sistema financiero, que a octubre de 2025 alcanzó utilidades históricas de Bs 2.592 millones. Por ello presentó un amparo constitucional y solicitó medidas cautelares.
El Ejecutivo, aun con la ley promulgada, decidió no ordenar su aplicación inmediata y esperar el fallo del TCP, lo que en la práctica ha congelado el diferimiento.
Prestatarios piden cumplir la ley
Mientras el Tribunal analiza el caso, los sectores que serían beneficiados —principalmente prestatarios de vivienda social, micro y pequeñas unidades económicas, comerciantes y gremiales— están exigiendo que el Gobierno haga cumplir la norma.
Argumentan que la crisis económica, los conflictos sociales y los efectos de fenómenos climatológicos han golpeado fuertemente sus ingresos. Afirman que esta ley no es un “perdón financiero”, sino un respiro temporal que les permitiría estabilizarse.
La representante de la Asociación de Prestatarios de Buena Fe de Tarija, Natividad Amador, cuestionó que las entidades financieras continúen exigiendo el pago de cuotas pese a la vigencia de la ley.
“Los bancos dicen que no hay ninguna orden ni instructivo, pese a que está publicada la ley y su decreto reglamentario. También dicen que han presentado un recurso al TCP, pero mientras no haya nada oficial, la ley no puede estar de adorno”, criticó.
Amador afirma que algunas entidades sí reciben las cartas de los usuarios solicitando acogerse al beneficio, pero otras se niegan a procesarlas.
Además, acusó a los bancos de “ganar tiempo y confundir a la población”, ofreciendo reprogramaciones cuando —según remarcó— la ley manda un diferimiento.
Aclaró, sin embargo, que en ningún momento se ha pedido a la población dejar de pagar sus créditos. “Si alguien puede pagar, que lo haga. Pero quienes no pueden, necesitan que la ley se aplique”, dijo.
Una postura similar expresó la Federación de Gremiales de Tarija, cuyo ejecutivo, Juan Carlos Vargas, recordó que la crisis que golpea al sector se arrastra desde la gestión del expresidente Luis Arce.
“Con Arce vivimos falta de dólares, escasez de diésel y gasolina, conflictos sociales y caídas en la actividad económica. Ahora pedimos al gobierno de Rodrigo Paz que se ponga del lado de la población trabajadora y no solo del lado de los empresarios quienes manejan grandes recursos”, sostuvo.
La mirada económica
El economista Roberto Castillo, entrevistado por Plus TLT, sostiene que, pese a la vigencia de la norma, muchos prestatarios terminaron pagando sus cuotas de noviembre por la presión de las entidades financieras, que continúan cobrando como si la ley no existiera.
“Los bancos no van a perder dinero. Tendrán menos utilidades, pero no pierden. Aquí los presionados son los prestatarios”, explica.
Castillo recomienda a la población acogerse al diferimiento mediante una carta formal, ya que el periodo de gracia —si la ley entra en vigencia— abarca desde noviembre de 2025 hasta abril de 2026.
“Se vienen meses de ajustes fuertes por parte del Gobierno. Es mejor asegurar el consumo de la familia y llegar a 2026 con un mínimo colchón económico”, aconsejó.
Asegura que el diferimiento representa una oportunidad para que las familias estabilicen sus finanzas, paguen deudas atrasadas y recuperen capacidad de consumo.
Presión en ascenso mientras el país espera al TCP
El futuro de la Ley 1670 depende exclusivamente del Tribunal Constitucional, que aún no ha fijado fecha para emitir un pronunciamiento. Mientras, distintos sectores preparan protestas, ampliados y movilizaciones para exigir al Ejecutivo que instruya su aplicación inmediata.
Entre la incertidumbre jurídica, la tensión política y el desgaste económico, la pregunta sigue abierta: ¿se aplicará la Ley de Diferimiento o quedará congelada por presiones de la banca? Hasta que el TCP hable, la norma continúa en un limbo que afecta a miles de familias bolivianas.
Fuente: El País.bo