Emilio Martínez Cardona
Está claro que las urgencias del país son el plan anticrisis económica y comenzar a desmontar la narco-republiqueta del Chapare. Lo primero se está demorando, en medio de un veranillo con pequeñas reformas y expectativas positivas de la gente, pero sin cambios de fondo.
Mientras que lo segundo va por dos carriles: un aumento en la interdicción, que ya está generando respuesta armada del narcotráfico y movimientos desestabilizadores “vecinales” en municipios periféricos de Cochabamba; y una gran incógnita en cuanto a la eventual detención de Evo Morales. De momento, la aprehensión de Luis Arce sirvió para “llenar el ojo” de esa otra impunidad, aunque evidentemente existían bases jurídicas para sentarlo en tribunales por el caso Fondioc.
Más allá de estas prioridades temporales, en un mediano plazo más bien cercano habrá que poner sobre la mesa la sustitución del modelo de Estado Plurinacional por un nuevo ordenamiento republicano, lo que implica, como mínimo, un paquete de reformas parciales a la Constitución.
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Desde hace 15 años, existen proyectos para una reforma que acerque las competencias autonómicas a lo deseado por los electores, que en el caso de Santa Cruz se habían decantado (en el referéndum por el Estatuto del 2008) por un catálogo competencial cuatro veces más amplio que el consagrado en el texto constitucional.
Más recientemente, estos planteos se plasmaron en una propuesta de “autonomías especiales”, por la cual algunos departamentos que así lo deseen podrán optar por ese régimen de competencias ampliadas. Esta profundización de las autonomías es fundamental, en parte para desactivar cualquier tentación neo-centralista que exista en la actual coyuntura.
Otras reformas cruciales a la CPE tendrán que alcanzar a la justicia, para llegar a una selección realmente meritocrática; a la seguridad jurídica para las inversiones; y me atrevo a agregar que también es necesaria una reforma de la Vicepresidencia del Estado, que en el texto constitucional de La Calancha es un traje a medida creado para Álvaro García Linera.
Para muestra, veamos lo que dice la Constitución sobre las funciones del vicepresidente: “asumir la Presidencia en ausencia del titular, coordinar relaciones entre Poder Ejecutivo, Asamblea Legislativa y Gobiernos Autónomos, participar en el Consejo de Ministros, coadyuvar en la dirección de la política general y colaborar en la formulación de la política exterior y misiones diplomáticas, actuando como un enlace fundamental para la gobernabilidad y articulación política nacional”.
Este diseño, prácticamente de una co-presidencia del Estado, debe ser sustituido por un papel acotado a la presidencia de la ALP y a las suplencias, que incluso podrían estar restringidas en caso de que haya precedentes de descoordinación con el primer mandatario.