Juan Francisco Gonzales Urgel
“En estos solo cuatro días de gobierno, pareciera un mayor tiempo, quiero decir con el dolor personal: esto es una cloaca, es una cloaca de dimensiones extraordinarias. Lo que nos han dejado no tiene ni el valor de llamarlo Estado tranca”
(Rodrigo Paz. Erbol, 13.11.2025)
El agotamiento del modelo y la crisis de la institucionalidad
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El escenario político boliviano rumbo el horizonte de 2026 constituye un punto de inflexión crítico tras dos décadas caracterizadas por un modelo de nuevorriquismo populista llamado Estado Plurinacional, desprovisto de toda vocación democrática que priorizó la hegemonía política sobre el fortalecimiento institucional y el Estado de Derecho.
Un análisis riguroso de esta transición exige trascender los convencionalismos de la corrección política para examinar la naturaleza del proyecto político subyacente: la sustitución del orden republicano por un modelo de hegemonía continental alineado con el denominado «Socialismo del Siglo XXI», en el cual la permeabilidad de las instituciones estatales ante actividades ilícitas, como el narcotráfico, ha pasado a ser una prioridad de seguridad nacional.
Tras veinte años de vigencia, el Estado Plurinacional logró agotar su capacidad de gestión y respuesta, dejando tras de sí una estructura política caracterizada por la profunda fragmentación social, donde todo intento de gobernanza es obstaculizado por corporativismos de todo cuño en conflicto permanente ante el Estado y entre sí mismos. Hay que agregar la desastrosa herencia de una Economía cercada por carencias fiscales, agotamiento de las fuentes de ingresos y deudas sociales de impostergable y urgente atención.
En este contexto, donde las debilidades institucionales y los efectos nocivos de las contradicciones internas del gobierno aceleran el desgaste del “tiempo de gracia” del capital político obtenido en las urnas, el nuevo gobierno boliviano debe optar por la continuidad del Estado Plurinacional o la restauración del orden republicano.
De elegir lo segundo, el nuevo presidente tendrá que recurrir a un acuerdo nacional o pacto social para desmontar las estructuras del Estado Plurinacional corrupto creado por el populismo kitsch indigenista; enfrentar el deterioro institucional de raíz, y desterrar los vicios y las decisiones que llevaron al país por una senda de desatinos que —de no ser corregidos— se convertirán en camino de auto destrucción sin retorno.
En otras palabras, todo intento de gestión pública en dirección de superar la crisis sin un acuerdo nacional —por más bien intencionado o exitoso que parezca— lleva la impronta de ser un estertor intuitivo que solo alcanza para capear las circunstancias y las premuras del corto plazo. Esta convocatoria al esfuerzo colectivo de construir un futuro sin el acompañamiento de señales y acciones concretas —que no la repetición de los discursos y promesas de campaña— es solo un ejercicio fatuo de buenas intenciones.
La Paradoja de la Abundancia, la Suplantación del Estado y la Erosión de la Legitimidad
Resulta paradójico que la bonanza económica derivada del commodity boom de las materias primas, no se tradujera en un fortalecimiento de la separación de poderes y transparencia institucional. Por el contrario, el control monopólico estatal sobre los recursos naturales consolidó una estructura de neopatrimonialismo clientelar sustento de una maquinaria dispendiosa distribuidora de favores, concentradora de decisiones económicas, y altamente permeable a la corrupción.
Esta estructura corrupta suplantó el papel intermediador de los partidos políticos promoviendo dirigentes, imponiendo liderazgos, copando escenarios electorales y estableciendo soberanía sobre el territorio sometiendo todos los espacios de la burocracia estatal.
La concentración de recursos públicos y su manejo discrecional, provocaron un peligroso desequilibrio de poderes en beneficio de la hipertrofia del Poder Ejecutivo. De esta manera se transmutó la gestión pública en administración de un «botín estatal» de enriquecimiento fácil y poder discrecional altamente deseado al coste de la pérdida de la autoridad moral, la institucionalidad y el Estado de Derecho.
De forma transversal a toda la estructura, el dogma y la consigna se impusieron sobre la ley, y el interés personal por sobre el imperativo social. De igual manera, el último bastión legitimador y fuente de la voluntad popular —la transparencia del voto ciudadano— terminó siendo otra víctima del festín corruptor de instituciones.
Rompiendo el Fetiche circular
Hasta hace apenas unos días el «reloj de Choquehuanca» o “Reloj del Sur” cuyas manecillas giraban hacia la izquierda y tenía la numeración al revés, cual fetiche premonitorio se proyectaba desde el viejo edificio del Parlamento Nacional, sobre la Plaza Murillo, simbolizando el tiempo político circular —el estancamiento de un modelo que busca refugio en el pasado en lugar de proyectarse hacia el futuro— atrapado en atavismos ancestrales de los cuales Bolivia aún no logra salir ya sea por razones culturales, por la presión de grupos políticos corporativistas añorantes de la mítica Revolución Nacional de los años 50’s o por una simple y pura razón mercantil.
Romper con esta pulsión circular implica que reconocer el problema —la captura del Estado por intereses sectarios— es el primer paso necesario para evitar que el año 2026 tenga, como curso a seguir, otro giro en el círculo vicioso de la Historia. Lo demás será un largo y sostenido esfuerzo colectivo por reconstruir el vapuleado Estado de Derecho y recomponer el espacio vital de nuestra Democracia para acordar un proyecto nacional posible, sustentable y deseable con miras a enfrentar el futuro con un mínimo de certidumbre.
Para ello el Estado deberá recuperar la autoridad moral devastada por la corrupción, la vigencia del Estado de Derecho, y la legitimidad. Cualquier solución deberá contemplar acciones concretas e instrumentos eficientes que promuevan la igualdad, la participación ciudadana y la transparencia, en el marco de un pacto explícito de gobernabilidad con la sociedad civil.
Un buen comienzo —y muestra cargada de simbolismos— será poner en vigencia instrumentos legales y de gestión para establecer responsabilidades y sanciones, si las hubiere, a quienes tuvieron a su cargo la administración y el manejo de la cosa pública en las últimas dos décadas pasadas. Prioridad especial constituye la reducción del tamaño y roles del Estado para devolverle su condición de gestor y promotor del desarrollo renunciando al espurio papel de empresario privilegiado. De igual manera que descentralizar la gestión pública, pero simultáneamente sentar presencia soberana allí donde por anomia recurrente fue sustituido por la consigna de poderes fácticos y los corporativismos.
Bolivia no opera en un vacío. El país enfrenta influencias externas que buscan explotar la debilidad institucional interna para consolidar economías ilícitas y cuyo combate amerita un fuerte soporte internacional. La recuperación de la credibilidad y el apoyo imprescindibles de los aliados en esta batalla desigual, no dependerá únicamente del cumplimiento de metas macroeconómicas, sino de un compromiso explícito y verificable en la erradicación del crimen organizado y el narcotráfico dentro de las estructuras gubernamentales y sus correlaciones con la sociedad civil. Por ello, cerrar los espacios desprovistos de institucionalidad, es una prioridad estratégica para preservar la soberanía nacional y garantizar la estabilidad del país.
¡A cambiar el reloj de Choquehuanca y transformar el Estado tranca en Estado promotor!