Herrera criticó que la investigación previa haya sido “funcionalizada y direccionada en una sola mirada”, lo que terminó por contaminar la búsqueda de justicia
Fuente: ANF
Yolanda Herrera, vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), advirtió que la decisión de llevar a fojas cero las investigaciones sobre las masacres de Sacaba y Senkata constituye una señal preocupante de impunidad y un grave retroceso para la búsqueda de verdad y justicia. A su juicio, la medida no solo paraliza los procesos, sino que profundiza el dolor de las familias que esperan responsabilidades claras por los hechos ocurridos en 2019.
Aunque Herrera reconoce que existieron “errores procedimentales” en la forma en que se abordó el caso de la expresidenta Jeanine Áñez —quien, según sostuvo, debió ser sometida a un juicio de responsabilidades—, considera que anular todo lo avanzado es una decisión desproporcionada. “Llevar toda la investigación a fojas cero tiene consecuencias muy negativas”, afirmó a ANF, al remarcar que los yerros procesales no justifican borrar los avances logrados.
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Entre los efectos más graves, Herrera identificó la revictimización de los familiares de las personas fallecidas. “Se invierte el proceso y se termina victimando nuevamente a quienes han perdido seres queridos”, señaló. En ese marco, subrayó que resulta irrelevante la orientación política de la investigación inicial, ya que las víctimas “eran seres humanos que estaban ejerciendo su derecho a la protesta y a reclamar”.
La activista de derechos humanos también sostuvo que las masacres fueron expresión de la incapacidad del Estado para gestionar el conflicto social sin recurrir a la violencia. “Hubo una permisibilidad de actuación que incubó la violencia antes de los hechos de Sacaba y Senkata”, afirmó, al señalar que el uso de la fuerza letal evidenció fallas estructurales en la administración estatal.
Respecto al proceso judicial, Herrera criticó que la investigación previa haya sido “funcionalizada y direccionada en una sola mirada”, lo que terminó por contaminar la búsqueda de justicia. Sin embargo, advirtió que volver a fojas cero podría implicar descartar elementos valiosos ya obtenidos. “Incluso una investigación direccionada puede servir como prueba de cómo la justicia ha actuado más en función del poder político partidario de turno que de la restauración de la verdad”, explicó.
Frente a este escenario, Herrera planteó que la salida no pasa por anular los casos, sino por profundizar y ampliar las investigaciones. A su criterio, se deben incorporar hechos que no fueron contemplados inicialmente, como las muertes ocurridas en Montero, así como los ataques a universitarios y mineros de Potosí en Vila Vila, que quedaron fuera del proceso original.
Asimismo, insistió en la necesidad de identificar tanto a los autores materiales como a los autores intelectuales de los hechos de violencia. “Los llamados a la ‘guerra civil’ y otras acciones tuvieron responsables directos e indirectos”, afirmó, al remarcar que juzgar a todos los involucrados es clave para garantizar justicia y no repetición.
Finalmente, Herrera expresó su confianza en que la reversión del cierre de las investigaciones provenga de la presión internacional. Consideró que, en el plano interno, las decisiones están más vinculadas a “promesas electorales” que a un compromiso real con la justicia. En ese sentido, destacó el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como la persistencia de las víctimas, para evitar que los casos de Sacaba y Senkata queden definitivamente en la impunidad.
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Fuente: ANF