El proceso busca esclarecer la situación de la planta de residuos, cuya operación fue suspendida en febrero por presunta afectación ambiental.
Por Noelia Rendón
Fuente: eldeber.com.bo
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A seis meses de la paralización judicial de la planta de tratamiento de residuos de Okinawa I, el conflicto legal ingresa a una etapa clave. Este miércoles, las 14:00, el Juzgado Agroambiental de Santa Cruz realizará una audiencia en el proceso de Acción Agroambiental, en la que se prevé que se emitan resoluciones pendientes y se establezca finalmente la fecha de la inspección judicial en el lugar.
En una entrevista con EL DEBER, el ingeniero Román Vitrón, especialista ambiental, explicó que la paralización ordenada en febrero se basó en información presentada por los demandantes, quienes atribuyeron presuntos daños ambientales. Según Vitrón, “el juez va a entender y va a considerar sí había afectación con toda la información de los demandantes y va a pedir la paralización inmediata”, aunque afirmó que la planta “no entró en operación total” y que lo ocurrido en septiembre de 2023 fue solo un ingreso inicial para comenzar el funcionamiento.
El especialista señaló que las suspensiones previas del proceso —incluida la inspección fijada para el 30 de abril de este año— han impedido avanzar tanto en la verificación en terreno como en los trámites administrativos vinculados a la licencia ambiental. Sostuvo que el municipio requiere la inspección para esclarecer datos presentados en el expediente, ya que, en sus palabras, “hay mucha información falsa como pruebas que presentaron”, entre ellas fotografías del botadero actual y un informe pericial que atribuye una inundación a septiembre de 2023, pese a que —según indicó— el municipio atravesaba una sequía en ese período.
Vitrón advirtió que la falta de definición judicial mantiene en riesgo la gestión de residuos en el área urbana de Okinawa, el manejo de desechos hospitalarios y la situación del botadero municipal, cuyo cierre técnico está respaldado por licencia ambiental desde 2019. También recordó que la normativa nacional fija como máximo mayo de 2026 para el cierre de botaderos y que el incumplimiento podría derivar en sanciones. Asimismo, agregó que el retraso afecta a la propia infraestructura construida con una inversión superior a los 3 millones de bolivianos, debido al deterioro progresivo por falta de operación.
El ingeniero explicó que entre los objetivos para la audiencia de mañana está evitar que la situación continúe dilatándose y que se programe la visita judicial con presencia de peritos. Sobre ese punto señaló: “Mañana creo que tendría que establecerse la fecha de inspección”, que permitirá a la juez “ver en el lugar y nosotros desmentir lo que los demandantes atribuían”.
El municipio sostiene que la obra cuenta con estudios y aprobaciones, incluido un informe de viabilidad del SEARPI, además de medidas estructurales de protección implementadas recientemente. Vitrón enfatizó que el retraso también podría generar impactos financieros, ya que una eventual reversión de recursos afectaría el POA municipal. “Imagínese si esto llegara a debitarse… eso va a repercutir en que el POA del municipio se reduzca y va a haber menos recursos para distribución de obras”, indicó.
A la espera de lo que determine el juzgado, la administración local insiste en que la definición de una fecha de inspección es esencial para aclarar la información del expediente, evaluar la infraestructura y encaminar la operación de la planta, punto que —según el área técnica— resulta indispensable para evitar mayores riesgos ambientales y administrativos.