Oscar Ortiz Antelo
Bolivia se encuentra frente al desafío de elegir un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE que debe gozar de legitimidad constitucional y credibilidad ciudadana, así como de reconstituir el Tribunal Constitucional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), los cuales están conformados parcialmente por ciudadanos debidamente elegidos según el procedimiento constitucional debido a las manipulaciones judiciales del anterior gobierno que evitaron una elección completa de estos dos últimos tribunales.
En todas estas situaciones, la responsabilidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional es fundamental, así como el liderazgo del presidente del Estado, Rodrigo Paz, y de quienes dirigen las alianzas con representación parlamentaria que representan a las fuerzas comprometidas con la reconstrucción democrática, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa. Es imprescindible que establezcan entre todos los acuerdos políticos necesarios para posibilitar la renovación del TSE y la elección de los magistrados faltantes del TCP y del TSJ.
En el caso del TSE la necesidad tiene carácter de urgencia, puesto que los actuales vocales vencen en su mandato el 19 de diciembre próximo y se requiere que, tanto en el nivel nacional como en el departamental, los tribunales electorales puedan organizar con normalidad las elecciones municipales y departamentales que se deben realizar en marzo de 2026.
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En el caso del sistema judicial, la situación del Tribunal Constitucional Plurinacional es muy grave en su anomalía constitucional, puesto que, frente al debido cese en las funciones de los “autoprorrogados”, ha quedado conformado por tan solo cuatro magistrados, los cuales constituyen menos de la mitad más uno del número de sus miembros establecido en la Constitución, habiendo dejado a los ciudadanos de cinco departamentos sin la posibilidad de elegir a sus magistrados con lo cual más de la mitad del país, y en particular el Oriente Boliviano, no está representado en el TCP.
En el caso del Tribunal Supremo de Justicia se eligieron siete magistrados, habiendo sido los departamentos de Beni y de Pando privados de la elección de jueces del TSJ por dichos departamentos. Obviamente, la Constitución no podía haber previsto estas situaciones de anomalía institucional, resultado de maniobras inconstitucionales provocadas por el sometimiento al poder político del sistema judicial en los años anteriores.
Es imperioso que la Asamblea Legislativa y las alianzas electorales representadas en el Parlamento puedan encontrar soluciones jurídicas de forma eficaz y oportuna para que se asegure la continuidad del trabajo del TSE, con nuevos vocales y se restablezca la normalidad constitucional del TCP y del TSJ, mediante la regulación de un proceso de transición hasta la conformación plena de sus miembros mediante el proceso de elección constitucional; el cual además debe ser modificado en el actual periodo constitucional para asegurar la independencia y probidad de los magistrados que conforman los altos tribunales de la nación.
Sin embargo, la Asamblea Legislativa Plurinacional está perdiendo un tiempo precioso e irrecuperable en este cometido, acercándonos peligrosamente al vencimiento de mandato del TSE sin que se haya avanzado en el proceso de selección de los nuevos vocales.
Como antecedente podemos mirar lo que sucedió en la crisis política suscitada por el fraude electoral perpetuado en las elecciones presidenciales del 2019. Recordemos algunos hitos. El 10 de noviembre el presidente Evo Morales presentó su renuncia, el 12 de noviembre la senadora Jeanine Añez asumió la presidencia frente al vacío constitucional, el 23 de noviembre se promulgó la ley 1266 que dejaba sin efecto legal las anteriores elecciones, convocaba a nuevas elecciones y establecía las bases para la elección de nuevos tribunales electorales, tanto en el nivel nacional como en los nueve departamentos.
Consecuentemente, el 28 de noviembre se publicó la convocatoria a postulantes al TSE, a las cuales se presentaron más de quinientos ciudadanos, los cuales fueron debidamente evaluados por la Comisión Mixta de Constitución, tanto en la revisión de sus documentos como en la toma de exámenes y entrevistas, en un trabajo por tiempo y materia de varias semanas que dio como resultado que el 19 de diciembre de 2019 asuma funciones la nueva Sala Plena del TSE.
Si bien actualmente no sufrimos la crisis institucional, política y social del 2019, se requiere igualmente este mismo sentido de urgencia y responsabilidad institucional para asegurar que las esperanzas de la ciudadanía en la reconstrucción democrática no se vean frustradas por la falta de actuación oportuna de los actuales legisladores y los líderes políticos.