Un proyecto de ley presentado por el senador Wilder Véliz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), que plantea reducir en un 50% los salarios del presidente, vicepresidente, ministros, senadores, diputados, gobernadores, alcaldes y concejales, ha puesto bajo presión a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en un contexto de ajuste fiscal, cuestionamientos al “gasto político” y malestar ciudadano por las elevadas remuneraciones de las autoridades, que –en el caso de los legisladores nacionales– superan los 22.000 bolivianos mensuales.
Fuente: El Diario
La iniciativa del legislador opositor busca que la clase política asuma parte del costo de la crisis económica antes de trasladar el peso del ajuste a la población, argumentando que existe una brecha profunda entre los ingresos de las autoridades y los salarios de la mayoría de los trabajadores bolivianos, muchos de ellos en condiciones de informalidad o con ingresos cercanos al salario mínimo nacional.
De acuerdo con distintos reportes, los sueldos de diputados y senadores titulares, que oscilan entre los 22.000 y 23.000 bolivianos, sitúan a estas autoridades en la franja alta de la distribución de ingresos, con capacidad de consumo y ahorro muy superior al hogar promedio, realidad que contrasta con la percepción de bajo rendimiento legislativo, pocas sesiones y frecuentes bloqueos políticos.
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Esta combinación alimenta las demandas de recorte salarial y de una reorientación del gasto estatal hacia servicios y programas con impacto directo en la población.
El proyecto de Véliz debe ser tratado en comisiones y luego debatido en el pleno, donde los propios beneficiarios de los altos salarios deberán pronunciarse sobre la reducción, lo que introduce un evidente conflicto de interés y abre la posibilidad de que la propuesta sea frenada, modificada o archivada. Analistas y sectores críticos advierten que sólo una presión social fuerte y sostenida podría obligar a la mayoría legislativa a asumir el costo político de aprobar una rebaja de tal magnitud.
En términos estrictamente fiscales, el ahorro derivado de una reducción del 50% a los sueldos de altas autoridades sería relativamente limitado frente al tamaño del Presupuesto General del Estado (PGE), pero el efecto simbólico sería significativo: enviaría la señal de que la élite política comparte los sacrificios del ajuste y podría convertirse en un punto de partida para revisar de manera más amplia la estructura del gasto público y la legitimidad de los privilegios asociados al poder.
Una familia de diputado o senador vive con un ingreso muy alto para la realidad boliviana, lo que le permite cubrir bien sus gastos básicos y, aun así, ahorrar una parte importante de su salario.
Con estos niveles de gasto, a una familia que vive del sueldo de un diputado o senador todavía le puede quedar entre Bs 2.000 y 5.000 al mes para ahorro o compras grandes (auto, mejoras de vivienda, etc.), algo fuera del alcance de la mayoría de los hogares bolivianos.
Fuente: El Diario