Además de malos tratos y hacinamiento, los internos denuncian que hasta el momento ninguno ha podido acceder al indulto carcelario promulgado por el expresidente Luis Arce, vigente hace más de un mes
Aunque medidas como el indulto pretendían mitigar la crisis penitenciaria, los privados de libertad de Morros Blancos reactivaron los anuncios de posibles medidas de presión ante retardación de trámites en el Órgano Judicial, presuntos malos tratos e incluso torturas.
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Un último caso que prendió las alertas fue un intento de suicidio por parte de un interno.
El contexto se modificó esta semana por el cambio de autoridades policiales y también podría haber cambios en Régimen Penitenciario a nivel departamental, como ya ocurrió en la Dirección Nacional en virtud a la llegada de un nuevo Gobierno.
Crisis penitenciaria
El último reporte oficial de la Dirección General de Régimen Penitenciario indica que hasta mayo de 2025 la población carcelaria llegaba a 33.275 personas distribuidas en los recintos de todo el país. La cifra, según las mismas autoridades, refleja un 190% de hacinamiento.
Sobre la situación particular del penal de Morros Blancos, no existe un registro anual exacto. Sin embargo, sí hay datos aproximados. A fines del 2023 ya se calculaba que había unas mil personas, un 90% varones, dentro de una infraestructura que tiene capacidad máxima para unas 700. Sin embargo, hoy ya se estima la presencia de más de 1.300 internos.
Hacinamiento Morros Blancos tiene una infraestructura para unas 700 personas. Sin embargo, hoy ya se estima la presencia de más de 1.300 internos
Distintos reportes dan cuenta que algunas personas carecían hasta de colchones y mantas.
Particularmente, el párroco, Miguel Sotelo, apuntó que en la convivencia con los presos evidenció que el hacinamiento sumado a otras deficiencias deriva en varias problemáticas: violencia, estrés y adicciones que dificultan cada vez más una posible reinserción a la sociedad de estas personas.
Entre los últimos casos está la denuncia que se conoció sobre una presunta tortura a un privado de libertad. La Defensoría del Pueblo constató el 26 de noviembre que el hombre presentaba marcas de cuerdas en las muñecas, habría sido maniatado y castigado.
Se activó a inicios de mes el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y tanto el personal médico como Régimen Penitenciario comprometieron seguimiento. El último reporte demuestra que requirió un tratamiento de diez días con antibióticos.
Otro de los hechos fue el que la Jefatura de Seguridad de la Policía hizo conocer sobre un interno que el jueves por la noche dentro de su celda trató de quitarse la vida con una soga, mientras estaba en compañía de su pareja, que es una privada de libertad del pabellón de mujeres que contaba con el permiso administrativo para pernoctar con él.
Fue ella quien gritó pidiendo auxilio y los guardias tuvieron que tumbar la puerta para luego ingresarlo al hospital. Entre las causas se barajan un posible conflicto sentimental o un cuadro de posible estrés o depresión.
El burocrático indulto
Ante esta situación de crisis en Tarija y el resto del país, entró en vigencia el indulto carcelario. Sin embargo, la última semana los presos hicieron una protesta y enarbolaron carteles cuestionando, entre otras cosas, que ha pasado más de un mes sin que ningún interno de Morros Blancos haya podido tramitar el indulto por la burocracia que requiere un certificado del Órgano Judicial.
Aunque el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) comprometió que en cada departamento habría personal para atender esas solicitudes, el Defensor del Pueblo informó que a nivel nacional esta diligencia afecta unos 3.000 presos y presentó una acción de libertad para que un juez de garantías ordene emitir los certificados en 24 horas, pero le fue denegada. En ese sentido, aún no hay plazos máximos establecidos ni una estimación de cuándo podrían concluir los trámites.
Los cambios que deben aplicar en el penal
El nuevo comandante departamental de la Policía, coronel Marco Antonio Rojas, la pasada semana convocó a una reunión con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la Pastoral Carcelaria y Régimen Penitenciario para abordar particularmente dos temas: denuncias de violencia y extorsión.
Las conclusiones incluyeron la necesidad de reforzar la seguridad, optimizar procesos disciplinarios, implementar un nuevo protocolo de visitas y la capacitación del personal en formación penitenciaria.