Autoridades municipales y vecinos denunciaron la presunta inacción —y posible encubrimiento— de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), a la que acusan de haber abandonado su rol fiscalizador y permitir que la minería ilegal avance sin control, destruyendo cultivos, alterando ríos y exponiendo al municipio a inundaciones de gran magnitud.
Fuente: ANF
El alcalde de Guanay, Víctor Ticona, fue categórico en sus señalamientos. “La AJAM es protectora de esta minería ilegal. No actúa, no hace presencia de Estado. Es increíble esta situación”, afirmó en contacto con ANF. Según la autoridad edil, pese a las denuncias formales presentadas desde el gobierno municipal, la entidad minera no ha intervenido de oficio ni ha realizado inspecciones técnicas en las zonas afectadas.
“De oficio deberían bajar al municipio, hacer su trabajo y presentar informes, pero muy poco han hecho”, reclamó.
ANF solicitó información a la AJAM, hace más de dos semanas, sobre la labor fiscalizadora que cumplen para prevenir la minería ilegal en Guanay, pero hasta la fecha no recibió ninguna respuesta.
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La molestia del alcalde es compartida por los habitantes de Guanay, quienes aseguran que la minería ilegal opera a plena luz del día, incluso en áreas cercanas a la mancha urbana. Enrique Silva, vecino del municipio, sostuvo que la única explicación para la falta de control es la corrupción.
“Aquí no hay presencia del Estado. Parece que reciben sus coimas, porque saben que no tienen autorización y aun así siguen trabajando”, denunció en contacto con ANF. Silva exigió que comisiones de la AJAM, junto con el Parlamento y autoridades ambientales, se trasladen a la zona. “Que vengan y vean con sus propios ojos cómo han destruido la topografía y los ríos”, añadió.
Las demandas hacia la AJAM son claras y reiteradas. La principal es la presencia física e inmediata en Guanay para realizar fiscalizaciones de oficio. Vecinos como Valentín Mateo aseguraron que, tras averiguar en la propia AJAM, confirmaron que varias empresas no cuentan con autorización para operar.
“Averiguando, conocimos que la AJAM no tiene autorización para esas empresas, entonces no deberían estar trabajando”, señaló. En la misma línea, Elffi Reyes indicó que la empresa Flormining -que explota oro de manera ilegal- tiene varias solicitudes en trámite, pero ningún permiso otorgado. “No le han dado permiso y aun así trabaja de forma ilegal”, afirmó.
Otra exigencia central es la paralización inmediata de actividades y el decomiso de maquinaria. Tanto el alcalde como los vecinos piden que las máquinas que operan sin licencia ambiental ni autorización de funcionamiento sean capturadas. “Es obligación de la AJAM ingresar a las zonas de conflicto y frenar esta explotación ilegal que ya está entrando a la ciudad”, sostuvo Ticona.
La desconfianza hacia la AJAM se profundiza por la falta de transparencia. Los habitantes relatan que han tenido que investigar por su cuenta el estado legal de las empresas, descubriendo que muchas operan con el supuesto aval de dirigentes locales, sin respaldo legal alguno.
“Pedimos orden. Si se va a sacar oro, que sea bajo la ley y sin destruir nuestro futuro productivo”, reclamó Enrique Silva.
El impacto más grave, advirtieron autoridades y vecinos, es el riesgo inminente de inundaciones. Según Ticona, los desmontes mineros han elevado el lecho del río por encima del nivel del pueblo.
“Así nos garantizan fuertes inundaciones en enero, febrero y marzo”, alertó. Los vecinos explicaron que los escombros no solo bloquean el cauce natural del agua, sino que también han servido para avasallar y destruir tierras de cultivo, habilitándolas luego para su comercialización ilegal.
Además, denunciaron que la minería ilegal ha tapado los llamados “respiraderos” o canales naturales de evacuación de agua. “Han rellenado estos canales ante la mirada pasiva de las autoridades mineras”, sostuvo Valentín Mateo, quien teme que cualquier lluvia intensa vuelva a causar un desastre.
Esta mañana el centro urbano de Guanay sufrió una inundación, consecuencia directa de la minería ilegal. Las zonas 3 y 4 fueron las más afectadas con 600 damnificados. El alcalde indicó que hasta mañana tendrá la información completa sobre la magnitud de la afectación en las diferentes zonas.
En Guanay también se identificaron a responsables concretos de esta situación. En la zona de Miguel Dolling, el dirigente Rudy Arenas es señalado por el alcalde y los vecinos por autorizar a Flormining a realizar movimientos de tierra sin permisos municipales, explotar oro sin autorización y vender lotes de forma ilegal y coaccionar a las bases para guardar silencio. Arenas enfrenta actualmente un proceso penal.
En el ámbito vecinal, el alcalde acusa al presidente de la Federación de Juntas Vecinales, Dajir Núñez, de recibir sobornos en oro, manejar ilegalmente recursos del peaje municipal y firmar contratos mineros lesivos al Estado.
En otras zonas como Wacahuilo y Duran Playa, los vecinos responsabilizan a dirigentes como Roxana Tupa y Shirle Apuri por promover la minería ilegal y por hechos de violencia que, según denuncian, derivaron en la destrucción de escuelas, iglesias e infraestructura pública. También mencionan a Efraín Murillo, Isaac Núñez, Alcides, Zoila, Rosmery y una persona de apellido Soto como actores con intereses mineros directos.
Las empresas y cooperativas mineras tampoco quedan al margen de las acusaciones. Además de Flormining, se señala a la Cooperativa Urkupiña, a una empresa china, a la cooperativa Los Amigos II y a Cofadena por operar sin control, amontonando desmontes en los ríos o trabajando en terrenos ancestrales.
Paradójicamente, el propio alcalde Víctor Ticona también es cuestionado por algunos vecinos. Diana Apaza y Enrique Silva aseguraron que permitió que la maquinaria trabaje “en sus narices” sin intervenir a tiempo. Incluso circulan testimonios que lo acusan de haber recibido un kilo de oro para no frenar operaciones en Miguel Dolling y de tener intereses en cooperativas mineras, acusaciones que el alcalde rechaza.
Mientras las responsabilidades se cruzan y las denuncias se acumulan, Guanay permanece expuesto. Para sus habitantes, el problema de fondo sigue siendo el mismo: una AJAM que, pese a conocer que muchas empresas y cooperativas no tienen autorización, no actúa.
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