*Por: Antonio Saravia
Se lo veníamos reclamando. Le pedíamos que gobierne, que muestre liderazgo, valentía y sentido de urgencia… se le estaba acabando la luna de miel… Un mes y diez días después, Rodrigo Paz escuchó y empezó a gobernar. Hizo finalmente lo que tenía que hacer y a partir de ahora podemos alimentar la esperanza de que el país podrá ser viable una vez más.
El decreto no es perfecto ni mucho menos. Hay mucho que se puede criticar, y lo haremos más adelante, pero nada opaca su virtud: haber acabado (o casi acabado) con la subvención a los combustibles. Esto era ineludible e impostergable. La subvención le costaba al gobierno alrededor de $us 2.000 millones al año y representaba la mitad del déficit fiscal. Sin eliminar la subvención era imposible eliminar los déficits fiscales y sin eliminar déficits fiscales el Banco Central tendría que haber seguido imprimiendo Bs. para cubrirlos. Eso hubiera causado más inflación y una profundización de la crisis.
El decreto ataca la subvención además con una política de shock universal que era lo más recomendable. Hacerlo gradualmente hubiera significado seguir solventando déficits y seguir pidiéndole prestado al Banco Central. También hubiera significado seguir perdiendo mucho combustible por desvío al contrabando y enfrentar distorsiones especulativas a medida que la gente actualizaba sus expectativas. Una política de shock es dura, pero nos ahorra todas esas preocupaciones. Que el incremento haya sido además universal, en lugar de diferenciado, evita serios dolores de cabeza administrativos y toda posibilidad de arbitraje o reventa. ¡Bien!
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El decreto también incluye interesantísimas medidas para incentivar la inversión y la actividad productiva. Algunos ejemplos incluyen el fast track administrativo, la estabilidad jurídica y tributaria por quince años, los incentivos para la regularización patrimonial, la eliminación de ciertos aranceles y algo largamente esperado, la liberación de exportaciones eliminando la exigencia del Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo. Esto último era crucial para fomentar las exportaciones y traer dólares. Fue siempre absurdo exigirles a los productores que vendan internamente su producto a un precio controlado y menor al que obtenían afuera. ¡Bien!
¿Qué no se hizo o pudo hacerse mejor?
El decreto le exige un sacrificio enorme a la gente. La gasolina sube un 86% y el diesel un 163%. El problema es que no vemos un sacrificio similar en el Estado. El aparato estatal no se ha reducido en absoluto, no se ha eliminado ni una sola empresa pública ni se ha reducido la burocracia. El Estado elefantiásico que heredamos del MAS sigue intacto. Esto genera mucho ruido en la ciudadanía: nos piden ajustarnos los cinturones, pero ¿cuándo lo harán ellos, los políticos? Es posible que esto sea solo un problema de timing y que la reducción del Estado esté por venir, ojalá, pero hubiera quedado mejor hacerlo antes o al mismo tiempo que se le pedía a la gente este sacrificio.
El otro gran problema del decreto es que fija los precios de los combustibles. Levanta el subsidio y, por lo tanto, los precios suben, pero en lugar de establecer que los precios se determinen a diario de acuerdo con el precio internacional, el decreto los fija por seis meses. Esto hace que, si los precios suben en ese interim, el subsidio se vuelve a activar. Si, por el contrario, los precios bajan, le ponemos una carga extra e innecesaria a la gente y fomentamos el mercado negro y el ingreso de contrabando de combustibles.
El decreto incluso fija el margen de ganancia del minorista en el expendio de GNV. Esto es deshonesto, atentatorio con la propiedad privada y probablemente inconstitucional. ¿Cómo puede el gobierno decirles a los privados cuánto pueden o no pueden ganar con su actividad?
El tercer gran problema del decreto es el incremento en el salario mínimo. Como todo control de precios, el salario mínimo fue, es y siempre será una mala política. Encarecer al trabajador es la mejor manera de hacer que no sea contratado. Esto solo ocasionará que algunas empresas quiebren, que otras reduzcan su personal y que otras se muevan completamente al sector informal. Esta medida, por lo tanto, no tiene ningún sentido. Probablemente su único objetivo era apaciguar a la COB y otros sindicatos, pero, por lo visto en las horas siguientes al anuncio, ni siquiera eso ha sucedido.
Y podemos seguir. Se extrañan anuncios sobre la política cambiaria, una solución al corralito de dólares en el sistema financiero, y como mencionamos arriba, reformas profundas que reduzcan el tamaño del Estado. Hay mucho que hacer y hay que hacerlo pronto, pero este es un paso decisivo en la dirección correcta. La subvención tenía que levantarse y se levantó. Esto no solo nos devuelve la esperanza de tener salud fiscal y estabilidad macroeconómica en el futuro, sino que además es un poderoso argumento para negociar un paquete integral con el FMI. Eso nos permitirá reconstruir reservas y restablecer la confianza en el sector financiero para los inversores que traigan dólares.
Por todo esto yo apoyo el gasolinazo con entusiasmo y llamo a la gente de bien a hacerlo. Nos toca cruzar un largo desierto de ajustes, pero no queda otra. Defendamos lo correcto y no permitamos que los dirigentes bloqueadores y los sindicatos de siempre nos lleven de vuelta a la pesadilla de la irresponsabilidad económica.
*Antonio Saravia es PhD en economía (Twitter: @tufisaravia)