El caso fue presentado por delitos electorales. Audios atribuidos a Santos Quispe, también involucran al jefe de campaña de UPC, Zenón Quispe; la directora de Sedeges, Beatriz Churata y Brígido Chipana exfuncionario de la entidad.
Fuente: eldeber.com.bo
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Una denuncia por delitos electorales fue presentada ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) contra la candidatura del gobernador de La Paz, Santos Quispe, a quien se le acusa de extorsionar a funcionarios y consultores bajo la promesa de asegurarles contratos por un año, a cambio de que respalden su campaña de reelección con el frente Unidos por el Cambio (UPC). La autoridad evitó responder ante estos cargos.
La denuncia fue interpuesta por los asambleístas departamentales de La Paz Israel Alanoca y Fernando Condori. Como respaldo, los legisladores adjuntaron archivos de audio que corresponderían a grabaciones de una reunión realizada el 7 de enero en el salón Tupac Katari de la Gobernación.
Alanoca afirmó que dicha reunión fue convocada a través de grupos de WhatsApp y que en los audios se escuchan las voces del gobernador Quispe y de tres de sus colaboradores más cercanos: Zenón Quispe, exsecretario departamental de Desarrollo Social y Comunitario y actual jefe de campaña de UPC; Brígido Chipana Calderón, exsecretario de Desarrollo Económico y Transformación Industrial, y Beatriz Churata Mamani, directora técnica del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges).
Según la denuncia, Zenón Quispe y Brígido Chipana también son candidatos para ser asambleístas departamentales por el mismo frente político en el contexto de las elecciones del 22 de marzo.
Ofrecimiento
“Nosotros les vamos a ayudar en sus contratos, pedimos que nos ayuden haciendo un bloque, para hacer trabajo político. El contrato lo vamos a realizar por un año”, se escucha decir a una voz atribuida al gobernador en uno de los audios, tras lo cual funcionarios y consultores aplauden el ofrecimiento.
EL DEBER intentó obtener la versión del gobernador a través de la Unidad de Comunicación de la Gobernación, así como mediante mensajes y llamadas a su teléfono celular, sin recibir respuesta.
Quien sí atendió las consultas fue el jefe de campaña de UPC, Zenón Quispe, quien afirmó que se enteraron de la denuncia presentada por Alanoca y Condori, pero que hasta el momento no han sido notificados formalmente por el TSE. “Es parte de la guerra sucia de estos personajes; durante toda su gestión han hecho este tipo de denuncias. Habría que preguntarles qué proyectos han realizado en favor de La Paz”, sostuvo.
Zenón Quispe explicó además que tanto él como el gobernador se encontraban de viaje, lo que —según dijo— podría explicar la falta de respuesta a las llamadas. Añadió que antes de cualquier comparecencia ante el TSE se debe verificar si los audios son originales y a qué fecha corresponden.
El jefe de campaña afirmó que la reunión en el salón Tupac Katari tenía otro propósito y que, contrariamente a lo denunciado, se instruyó a los funcionarios a no incurrir en ofrecimientos ilegales, como la contratación a cambio de hacer campaña política. Como antecedente, mencionó que meses atrás se detuvo a dos personas por la venta irregular de ítems.
Implicados
En la denuncia presentada ante el TSE, los asambleístas detallan que en la reunión del 7 de enero también intervinieron los otros tres implicados, presuntamente en la misma línea de extorsión.
“La convocatoria al acto fue difundida en grupos de WhatsApp del Sedeges y de bloques políticos de UPC, sigla con la que Quispe participará en las elecciones del 22 de marzo. Funcionarios y consultores enviaron audios del encuentro que respaldan sus denuncias. De acuerdo con los registros difundidos, Zenón Quispe reiteró el ofrecimiento hecho por el gobernador a cambio de trabajo político, exigiendo compromiso y lealtad hacia la autoridad. A cambio, se les garantizaría una fuente laboral durante todo el año. Además, los consultores debían evidenciar en sus cuentas de TikTok y Facebook el apoyo a la autoridad”, señala parte del documento entregado al TSE el 13 de enero.
En ese contexto, los denunciantes consideran que el gobernador de La Paz pudo incurrir en unos tres delitos electorales. Uno de ellos está relacionado con el uso de bienes y recursos del Estado, al condicionarse la renovación de contratos por un año a la conformación de bloques políticos. Alanoca sostiene que Quispe vulneró los artículos 126, 238 y 239 de la Ley del Régimen Electoral.
Asimismo, recordó que la Ley del Estatuto del Funcionario Público (Ley 2027), en su Artículo 9, inciso b), prohíbe la realización de actividades políticas partidarias o de interés particular durante el ejercicio de funciones. De igual manera, la Ley 026 del Régimen Electoral establece en su artículo 126 la prohibición de realizar campañas electorales en instituciones públicas y de utilizar bienes y recursos del Estado para propaganda política, disposiciones que han sido reglamentadas por el TSE.