El diputado de Alianza Unidad sostiene que el bloqueo no es un derecho constitucional y propone sanciones penales, responsabilidad civil solidaria y garantías legales para policías y militares, mientras el país pierde millones de dólares por día por el cerco de más de 50 puntos instalado por la COB.
eju.tv / Video: Bolivisión
En pleno recrudecimiento del conflicto social provocado por los bloqueos de carreteras convocados por la Central Obrera Boliviana (COB), que ya superan los 50 puntos de cerco en el territorio nacional y generan pérdidas millonarias diarias para la economía, el diputado de Alianza Unidad, Carlos Alarcón, defendió la necesidad de aprobar una ley ‘antibloqueos’ que ponga fin a una práctica que vulnera derechos fundamentales y paraliza al país.
Alarcón informó que el proyecto de ley fue presentado el 15 de diciembre de 2025 y actualmente se encuentra en trámite en la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, a la espera de un debate legislativo de fondo. “Lo que se tiene que generar es un gran debate para que tengamos una política que destierre la cultura del bloqueo, porque con la cultura del bloqueo Bolivia es inviable”, sostuvo.
El legislador remarcó que, contrariamente a lo que señalan sectores sindicales, el bloqueo no está reconocido como un derecho en la Constitución, mientras que sí lo están el libre tránsito, el derecho al trabajo, la educación, la salud, la seguridad, la industria, el comercio, la importación y exportación y el normal funcionamiento de la economía nacional, porque la Constitución Política del Estado (CPE) no precautela en ninguno de sus artículos el derecho al bloqueo.
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“En el tema de la ley antibloqueos, el concepto es clarísimo. Usted en ninguna parte de la Constitución va a ver que el bloqueo es un derecho; pero sí son los derechos constitucionales, el libre tránsito de un lugar a otro, la educación, la salud, la industria, el comercio, la importación, la exportación, la economía del país, la vida, la seguridad, tranquilidad y orden público”, enfatizó el asambleísta de Alianza Unidad.
Foto: captura de pantalla
Alarcón explicó que la norma que promueve se sustenta en tres niveles de sanción penal y negó que se trate de una ley que imponga automáticamente penas extremas. Para el bloqueo en su forma básica, sin agravantes, se establece una pena de tres a seis años de cárcel, una modificación al Código Penal vigente que eleva el mínimo actualmente previsto.
Para los promotores, instigadores, organizadores o financiadores de los bloqueos, la propuesta eleva la pena a un rango de cinco a ocho años de prisión contra quienes dirigen las medidas de presión sin exponerse directamente en los puntos de conflicto. La pena máxima, de diez a veinte años, se aplicaría únicamente cuando en los bloqueos se produzcan hechos de violencia grave, atentados contra la vida o integridad de las personas, ataques a efectivos policiales o militares, entre otros.
“Y cuando en la violencia de los bloqueos se atenta contra la vida, contra la integridad corporal de las personas, o de los policías que van a levantar los bloqueos, o se atenta contra bienes del patrimonio público, bienes particulares, incendia una flota, por ejemplo, se incendian automóviles, se plantea que debe ser de diez a veinte años”, refirió.
Foto: captura de pantalla
El proyecto incorpora además la responsabilidad civil solidaria, lo que permitirá que cualquier ciudadano afectado por un bloqueo pueda exigir la reparación total del daño sufrido a cualquiera de los responsables. “Si una persona pierde su salario porque no pudo llegar a su trabajo, va a poder reclamar a cualquiera de los bloqueadores que le reponga el total del salario que le han descontado; porque usted, como ejemplo, sería víctima de la violencia ejercida para la reivindicación de algo con lo que usted no tiene nada que ver”, apuntó.
Otro eje central de la iniciativa es el establecimiento de garantías legales para la Policía y las Fuerzas Armadas cuando actúen en operativos de desbloqueo. Alarcón afirmó que la ley busca evitar que los efectivos sean enviados ‘como carne de cañón’, sin equipamiento ni respaldo jurídico, y luego sean procesados cuando actúan en legítima defensa.
“La ley establece que, cuando el uso de la fuerza sea necesario, proporcional y conforme a los protocolos nacionales e internacionales, no puede haber responsabilidad penal para los efectivos”, sostuvo. “Resulta que van como carne de cañón y cuando tienen que defender su vida para que no sean quemados vivos, usan su arma reglamentaria en legítima defensa y todavía los quieren volver a los policías los victimarios y a los verdaderos victimarios las víctimas, como si fueran cabeza de turco”, reclamó.
Foto: captura de pantalla
Alarcón hizo hincapié en la necesidad de una norma que hubiese servido en la actual coyuntura, cuando grupos afines a la COB protagonizan bloqueos, pese al contexto de crisis que atraviesa el país, con sectores productivos, comerciales y de transporte que advierten pérdidas diarias de millones de dólares, mientras 52 cercos en rutas estratégicas mantienen aisladas a varias regiones del país y agravan la tensión política y social.