El botadero de K’ara K’ara, principal sitio de disposición de residuos sólidos de Cochabamba, ya fue auditado por la empresa Serviderma y los resultados entregados a la autoridad ambiental, la Gobernación. Actualmente, corre un plazo de 15 días para observaciones, antes de enviar el informe final al Ministerio de Medio Ambiente.
La auditoría ambiental establece que la operación de este botadero no cumple con disposiciones “clave” de la normativa ambiental y laboral vigente en Bolivia, por lo que plantea una serie de medidas obligatorias orientadas a corregir estas vulneraciones y reducir los riesgos a la salud pública y al medio ambiente.
La Ley 1333 de Medio Ambiente establece que toda actividad capaz de generar impactos negativos debe aplicar acciones de prevención, control y mitigación. En este marco, el informe señala que en K’ara K’ara se vulnera la prohibición de verter residuos líquidos no tratados en el suelo y en cuerpos de agua, lo que contraviene esta ley y su reglamentación sobre contaminación hídrica.
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El Decreto Supremo 28592, que regula la calidad ambiental y el control de emisiones, también es observado en la auditoría debido a la presencia de olores ofensivos y emisiones contaminantes que afectan a trabajadores y a poblaciones cercanas. Esta normativa fija límites y obligaciones para proteger la calidad del aire y resguardar la salud de la población expuesta.
Asimismo, la normativa técnica que regula los rellenos sanitarios establece criterios obligatorios para el diseño, operación y cierre de celdas de residuos, incluyendo la estabilidad de taludes, el manejo de lixiviados, la segregación de residuos y la delimitación de áreas de amortiguamiento. El informe advierte que estas exigencias no se cumplen de manera adecuada, lo que incrementa los riesgos ambientales y sanitarios en la zona.
En el ámbito laboral, la Ley 755 y su reglamentación disponen la obligación de proteger a las personas que trabajan o interactúan con residuos sólidos. La auditoría identifica la falta de un plan de seguridad y salud en el trabajo actualizado, así como el ingreso no controlado de personas y animales al botadero, situaciones que vulneran la normativa y exponen a accidentes y enfermedades.
El documento también hace referencia a la Ley 1178, que en el marco de la responsabilidad por la función pública obliga a las instituciones a garantizar transparencia y rendición de cuentas. La falta de entrega oportuna de información durante el proceso de auditoría constituye un incumplimiento a este marco legal.
Cierre inmediato
En función de estas vulneraciones, la auditoría recomendó suspender de inmediato el ingreso de nuevos residuos, al considerar que el botadero ha agotado su capacidad volumétrica y vida útil.
Asimismo, plantea la reconfiguración de taludes conforme a normas técnicas, el cierre técnico progresivo de las celdas, la implementación de sistemas adecuados para el tratamiento de lixiviados y residuos orgánicos.
Entre las medidas prioritarias, también, se incluye la implementación inmediata del plan de seguridad y salud, el control estricto del acceso al predio y la realización de monitoreos ambientales periódicos, bajo supervisión de la Gobernación de Cochabamba y del gobierno municipal.
La auditoría señala que cumplir con las normas ambientales y laborales es obligatorio para los operadores y autoridades. Aplicar las recomendaciones permitiría reducir la contaminación, proteger la salud de la población y atender los problemas acumulados durante años de operación. Además, garantizaría que las instituciones cumplan con la normativa ambiental vigente en Bolivia.
Responsabiliza a Colina y la Alcaldía de Cochabamba
Asimismo, el documento señala como instancia municipal de supervisión al Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, responsable de ejercer control y seguimiento sobre la operación del botadero. Esta entidad debe verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas, ambientales, laborales y garantizar que las observaciones sean atendidas dentro de los plazos.