Desde hace más de dos décadas sigue prevaleciendo la irresponsabilidad de los gobiernos y se imponen intereses políticos estructurados para romper con la propiedad privada: mediana, grande y pequeña, que sistemáticamente viene sufriendo avasallamientos.
El constituyente ha incluido en la parte dogmática la institución de la propiedad privada, y por tal naturaleza y finalidad el Estado y sus instituciones tienen la inexorable responsabilidad de protegerla con todos los medios legales. Su unidad e integridad de la propiedad privada sea individual o colectiva, no admite que grupos armados violentos tengan la libertad de ejecutar despojos criminales, con resultados que activan en cualquier espacio público del mundo procesos penales en contra de los avasalladores.
Al presente se estima que más de 326 propiedades han sido víctimas de grupos interculturales afines al MAS de avasallamientos. Las consecuencias causan zozobra y anulan la producción agrícola ganadera con: lesiones a la integridad física al Cacique de San José de Chiquitos, Ricardo Peña; toma de rehenes comunarios y trabajadores; apropiación de maquinarias agrícolas-ganaderas; robo de soya y otros productos; instalación de campamentos en superficies titularizadas con saneamiento y cumplimiento de la función económica-social, y amenazas sistemática a los legítimos propietarios si regresan a intentar retomar las tierras fruto de acciones dolosas.
No es posible paralizar responsabilidades y menos desresponsabilizar al gobierno actual, porque se conoce que las políticas devastadoras, saqueo y avasallamientos a propiedades saneadas y legales, nacen de las lavas del volcán denominado INRA. Mientras el epicentro no se apague, por acción de un plan riguroso de desmontaje de esa burocracia siniestra y comercial en tierras, el daño a la cadena productiva alimentaria en el Departamento de Santa Cruz, será irreparable, y ningún cruceño e institución cívica o social puede aceptar que la impunidad se instale en el departamento y en Bolivia.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Los tiempos del realismo prebendalismo de tierras a sindicatos y cooperativas obsecuentes con los postulados de los gobiernos de Evo Morales y Arce Catacora, el primero prófugo de la justicia y el segundo en San Pedro por daño económico al Estado por disposición de 4.000 millones de dólares del Fondo Indígena y otros excluidos por miopía política de poder, deben acabar con la vedada legitimación de leyes, títulos y autorizaciones normativas irregulares. La Ciencia del derecho garantiza los derechos fundamentales al ser pilares de la convivencia social, paz y seguridad en el Estado de derecho Constitucional.
Después de dos días de protestas de cívicos y productores frente a oficinas del INRA, tanto el Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis y el presidente del Comité Provincial, Marcelo Méndez, coincidieron en afirmar que urge en renovar a los funcionarios del INRA por profesionales de la región, al considerar que son los supuestos cómplices de los atropellos y avasallamientos, el último registrado en la Comunidad Virgen de Urkupiña, y auditoria a más de 2.500 resoluciones
emitidas por el INRA que afectan a tierras productivas, parques y reservas nacionales. Auditorias que contará con el apoyo de Universidades y profesionales de la región, como única forma de transparencia y cumplimiento de la ley.
Desde el plano de los productores, el sector adelantó que los avasallamientos no solo generan pérdidas millonarias, profundizan la inseguridad jurídica, desincentivan la producción y ponen en riesgo la seguridad alimentaria del país. Sin duda, que el desmantelamiento del INRA, podría ser un punto de partida, pero hay otros elementos determinantes, como la implementación de procesos meritocráticos de los cargos públicos y el cambio de modelo de la justicia, que fuera de la podrida dependencia, no de todos los jueces, son incapaces de hacer cumplir los desalojos emitidos.
El artículo 56.I de la Constitución de 2009 establece: «Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que esta cumpla una función social». Qué función colectiva y de interés social-económica tienen los grupos violentos y criminales de avasalladores, que el INRA promueva la desresponsabilidad con emisión de Resoluciones en áreas productivas legales. Qué interés congelan para que autoridades llamadas por ley se muestren escéptica ante sistemática prácticas criminales, dolosas y repetitivas. Pues, al parecer que ninguna y, por el contrario, constituyen hechos de impunidad promocionada con normatividad.
Durante el Encuentro Interinstitucional realizado en Santa Cruz, el jueves 22 de enero, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó que todas las instituciones del Estado deben asumir su responsabilidad. Cada una de las instituciones tenemos que dar las garantías a los bolivianos y bolivianas que esta es nuestra patria, donde la reforma no sea impunidad. Advirtió, que el Estado no será cómplice de las mafias estructuradas que trafican tierras en Santa Cruz.
El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, sostuvo que llegó el momento de acabar con los avasallamientos, que es una actividad delictiva organizada y brindar seguridad jurídica a los productores que apuestan por el desarrollo.
El Gobernador del Departamento de Santa Cruz, Luís Fernando Camacho, hizo un llamado a la coordinación entre instituciones del Estado, sectores productivos y de la sociedad civil para enfrentar de manera firme y efectiva las tomas ilegales de tierras en el país. En días precedentes, afirmó que presentará un plan de desalojo para que en 24 horas los avasalladores abandonen al menos 300 propiedades tomadas de forma ilegal en el departamento. La Decana del TSJ, Rosmery Ruíz Martínez, sostuvo que la justicia empleará los mejores mecanismos para ejecutar los desalojos de avasalladores.
En conclusión, todas las autoridades participantes en el Encuentro Interinstitucional, coincidieron con firmeza, pasar de la tolerancia dilatada del problema a la acción, obligándose en forma coordinada y medios legales rigurosos y efectivos a poner fin a los avasallamientos y garantizar la seguridad jurídica a la propiedad privada en Santa Cruz y en toda Bolivia.
El profesor Norberto Bobbio indica: «Acreditamos saber que existe una salida, mas no sabemos dónde está. Pero hay que procurarla».
Pedro Gareca Perales