Santa Cruz. La agresión al cacique chiquitano Ricardo Peña, de 76 años, en San José de Chiquitos revela acciones violentas en la tomas ilegales de tierras en Santa Cruz. Las comunidades denuncian impunidad, abandono estatal y falta de seguridad jurídica
Fuente: eldeber.com.bo
El dolor aún se refleja en su voz. Ricardo Peña, cacique chiquitano de 76 años, habla pausado desde una cama de hospital en Santa Cruz de la Sierra. Sus brazos enyesados, el cuerpo debilitado y el recuerdo fragmentado de una agresión que casi le cuesta la vida, resumen una historia que va más allá de un ataque personal. “Me tumbaron por detrás… caí listo. Era para matar”, relata. No vio los rostros de sus agresores, solo sintió el golpe y luego la oscuridad. Cuando volvió en sí, estaba en el hospital.
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El ataque ocurrió en el municipio de San José de Chiquitos, cuando el cacique retornaba a su vivienda tras constatar que un terreno de su familia había sido avasallado. Dos sujetos lo emboscaron por la espalda, provocándole una fractura abierta en un brazo, la rotura de ambas muñecas y lesiones en el cuello. Fue auxiliado por su familia y trasladado de emergencia al hospital San Juan de Dios, donde fue sometido a una cirugía. Aún necesita nuevas intervenciones, pero la falta de recursos económicos retrasa su recuperación.
Peña no duda al señalar el trasfondo del ataque. Afirma que ya había recibido amenazas de sectores interculturales asentados en la zona y que, pese a haber acudido al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), a la Fiscalía y a instancias cívicas, nunca obtuvo protección. “Más bien nos demandaron a nosotros por nuestras propias tierras”, lamenta. Hoy, su principal exigencia es justicia y garantías para que la violencia no se repita.
El caso del cacique no es aislado. Comunidades indígenas y propietarios rurales denuncian que los avasallamientos se han convertido en una práctica sistemática en Santa Cruz. Según datos de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), en el departamento existen al menos 300 predios avasallados, una cifra que refleja la magnitud del conflicto y la fragilidad de la seguridad jurídica sobre la tierra.
La indignación por la agresión derivó en una vigilia instalada en las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria, en la ciudad de Santa Cruz. Comunarios chiquitanos denunciaron no solo el ataque al cacique, sino también destrucción de viviendas, daño ambiental y una presunta protección institucional a favor de grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). “Han destruido nuestras casas y nadie nos escucha”, reclamó la cacique Giseli Cuéllar, al advertir que los atropellos se arrastran desde hace años.
La agresión al cacique Peña volvió a encender las alarmas sobre la indefensión de líderes indígenas y comunarios frente a la toma ilegal de tierras. Para las víctimas, el mensaje es claro: denunciar no basta si el Estado no garantiza protección efectiva ni sanciona a los responsables.
La protesta cuenta con respaldo cívico. El primer vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, fue categórico al referirse al hecho: “Golpear a un cacique de 70 años no es un conflicto social, es violencia, impunidad y un Estado ausente”. Exigió la aprehensión inmediata de los responsables y la intervención del Ministerio de Gobierno y del Ministerio Público. Para Zambrana, los avasallamientos son un crimen que debe ser enfrentado con orden y justicia.
En medio de la presión social, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho anunció que presentará un plan al Gobierno nacional para el desalojo de avasalladores en todo el departamento, con apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas. “Vamos a iniciar el desalojo de las 300 propiedades avasalladas”, afirmó, señalando que el objetivo es evitar que los ocupantes ilegales vuelvan a asentarse.
La posible participación militar abrió un debate jurídico. El constitucionalista Paul Antonio Coca explicó que los avasallamientos responden a una estrategia de ocupación territorial tolerada durante años y que el auxilio para el desalojo debe provenir de la fuerza pública. Recordó que tanto la Policía como las Fuerzas Armadas responden al Órgano Ejecutivo y que el presidente tiene atribuciones constitucionales para ordenar su movilización, siempre dentro del marco legal.
Mientras el debate político y jurídico avanza, Ricardo Peña sigue esperando justicia. “Yo defendí esas tierras para nuestra gente”, repite. Su testimonio, marcado por el miedo y el dolor, se ha convertido en símbolo de un conflicto más profundo: la lucha por la tierra en Santa Cruz, donde la violencia avanza y la impunidad sigue siendo, para muchos, la regla y no la excepción.