Pese a una leve reducción en comparación con la gestión anterior, Bolivia cerró 2025 con 10.816 denuncias de violencia sexual contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, una cifra que confirma la persistencia de este delito como una de las expresiones más graves de la violencia de género y etaria en el país.
De acuerdo con datos del Observatorio de Género, elaborados a partir de información del Ministerio Público hasta el 31 de diciembre de 2025, el promedio anual equivale a casi 30 denuncias por día, lo que evidencia que la violencia sexual sigue siendo un problema estructural y cotidiano.
El desglose por tipo de delito muestra que el abuso sexual continúa siendo la forma predominante, con 3.298 casos registrados en 2025. Le siguen las denuncias por violación, que alcanzaron 3.016 casos, y la violación de infante, niña, niño y adolescente (NNA), con 2.313 denuncias, una cifra que refleja el alto nivel de vulnerabilidad de la niñez y adolescencia frente a este tipo de agresiones.
Otros delitos reportados incluyen 1.847 casos de estupro, 340 denuncias por acoso sexual y 2 casos de actos sexuales abusivos, categorías que, aunque con menor incidencia numérica, forman parte del mismo entramado de violencia sexual que afecta principalmente a mujeres y menores de edad.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La evolución histórica de las denuncias entre 2018 y 2025 muestra una tendencia general al alza. En 2018 se registraron 5.865 casos, cifra que fue incrementándose progresivamente hasta alcanzar su pico en 2024 con 11.827 denuncias. En 2025 se observa un descenso del 8% respecto a la gestión anterior; sin embargo, el número total se mantiene por encima de las 10 mil denuncias anuales, un umbral que se ha sostenido desde 2022.
Desde el Observatorio de Género advierten que esta leve disminución no puede interpretarse necesariamente como una reducción real de la violencia sexual, sino que podría estar vinculada a factores como el subregistro, las barreras para denunciar o la desconfianza en el sistema de justicia.
Organizaciones de defensa de derechos humanos insisten en que las cifras siguen siendo alarmantes y demandan políticas integrales de prevención, atención y sanción, así como un fortalecimiento de los mecanismos de protección para las víctimas.
/FC/