El expresidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic, afirmó que la cultura del bloqueo y el uso de la dinamita en las protestas sociales han provocado, durante los últimos 15 años, dolor, luto y desabastecimiento en el país, por lo que consideró absolutamente necesaria la aprobación de una ley antibloqueos.
Fuente: ERBOL
Sus declaraciones surgen en paralelo a la decisión de la Comisión de Justicia Plural de postergar hasta febrero el tratamiento de los proyectos de ley relacionados con los bloqueos, a fin de planificar su socialización. La iniciativa legislativa cobró relevancia tras los recientes bloqueos de caminos que obligaron al Gobierno a retroceder en la aplicación del Decreto Supremo 5503.
Blazicevic sostuvo que Bolivia es el único país de la región donde los bloqueos por reivindicaciones sociales no están tipificados como delito penal, pese a que han dejado decenas de muertos, centenares de heridos y graves pérdidas económicas. En ese marco, también planteó la necesidad de una norma que sancione penalmente el uso de violencia extrema, como la dinamita o las armas de fuego, durante las movilizaciones.
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El líder empresarial remarcó que deben protegerse los derechos a la libre circulación de ciudadanos, transportistas y campesinos, y afirmó que es urgente erradicar el bloqueo como mecanismo de chantaje y coerción política contra el Gobierno nacional y las entidades subnacionales. Si bien reconoció el derecho a la protesta social, subrayó que esta debe ejercerse sin vulnerar la vida humana, el orden público ni los derechos fundamentales.
Como antecedentes, recordó que durante la pandemia de 2020 los bloqueos impidieron el traslado de oxígeno medicinal, ocasionando muertes evitables, y que en distintos conflictos sociales registrados desde 2016 se produjeron fallecimientos, heridos y hechos de violencia extrema, incluido el asesinato de una autoridad de Gobierno.
También mencionó los prolongados bloqueos de 2019, 2022 y 2025, que generaron desabastecimiento, paralización económica y enfrentamientos con saldo fatal. Blazicevic advirtió que la normalización de los bloqueos ha afectado seriamente la gobernabilidad, la estabilidad económica y las inversiones.
Citó datos que señalan que, entre 2019 y la actualidad, Bolivia acumuló alrededor de 160 días de paralización, más de medio centenar de muertes vinculadas a conflictos sociales, más de mil heridos y pérdidas económicas superiores a los 3.200 millones de dólares.
Alertó que el país lidera los niveles de conflictividad en América Latina, no solo por la cantidad de protestas, sino por su intensidad y recurrencia, lo que convierte a Bolivia en un caso de conflictividad crónica.
Añadió que el uso habitual de petardos y dinamita en marchas, especialmente del sector minero, genera temor, pone en riesgo vidas y causa daños a la infraestructura urbana, reforzando la urgencia de una regulación clara y efectiva.
Fuente: ERBOL