Desde la pandemia, varios países de la región adoptaron prácticas de renegociación de deuda para atender situaciones económicas o sociales. En Bolivia se han promulgado seis decretos y una ley.
Fuente: eldeber.com.bo
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La pandemia del Covid-19 provocó una crisis económica de alcance global que dejó a millones de personas sin empleo y redujo drásticamente los ingresos de hogares y empresas. En América Latina, los gobiernos reaccionaron con políticas de emergencia orientadas a aliviar, al menos parcialmente, la carga financiera de prestatarios afectados por la paralización de actividades. En ese contexto, se adoptaron esquemas de flexibilidad, renegociación y alivio de deuda con el sistema financiero, con el objetivo de amortiguar el impacto social y económico de la crisis.
Aunque varios países de la región —como Brasil, Ecuador, Chile, Costa Rica o Uruguay— mantuvieron programas de alivio crediticio de manera focalizada incluso hasta 2024, la reciente aprobación del Decreto Supremo 5503 en Bolivia, emitido en diciembre de 2025, colocó al país en el primer lugar del ranking latinoamericano de medidas extraordinarias de diferimiento y reprogramación de créditos. Se trata de un proceso acumulativo que no se limita a una norma aislada, sino que refleja una política sostenida en el tiempo.
Desde 2020, de acuerdo con registros de la Gaceta Oficial, en Bolivia se promulgaron seis decretos supremos y una ley orientados a aliviar las obligaciones financieras de prestatarios. Normas como los decretos supremos 4206, 4248, 4318 y 4409 establecieron diferimientos automáticos y extensiones sucesivas de pagos, además de condiciones especiales para que las entidades financieras reprogramen créditos, especialmente en sectores vulnerables.
A este paquete normativo se suma la Ley 1670, promulgada en noviembre durante el gobierno de Luis Arce y reglamentada posteriormente por el Decreto Supremo 5503 bajo la administración de Rodrigo Paz. Esta normativa establece un diferimiento obligatorio de hasta seis meses para créditos de vivienda social y créditos productivos de micro y pequeñas empresas, siempre que los prestatarios lo soliciten de forma expresa. El capital diferido continúa devengando intereses corrientes, pero sin penalizaciones adicionales, y quedan excluidos de este beneficio aquellos deudores que tengan procesos judiciales qu estén en curso.
La frecuencia y extensión de estas moratorias crediticias no encuentra un equivalente directo en la mayoría de los países de América Latina. Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), titulado Programas de moratoria de créditos bancarios en tiempos de COVID-19 en América Latina y el Caribe, señala que durante la pandemia estos mecanismos se concibieron como medidas transitorias de alivio para empresas y familias. El documento subraya que, a diferencia de los esquemas de garantías estatales, las moratorias implicaron un esfuerzo principalmente para los bancos, pero no generaron impactos sobre las arcas fiscales.
En Bolivia, sin embargo, estas políticas de alivio no solo se mantuvieron, sino que se ampliaron en el tiempo. Según estadísticas oficiales de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), entre abril de 2024 y marzo de 2025 las entidades financieras atendieron 63.545 operaciones de reprogramación de créditos, que representaron un monto total de Bs 12.050 millones. En el mismo periodo, se registraron 120.492 operaciones de refinanciamiento por más de Bs 10.689 millones.Las cifras de 2024 muestran una tendencia similar. Ese año, ASFI reportó 57.576 créditos reprogramados por un total de Bs 11.192 millones, así como 116.708 operaciones de refinanciamiento que alcanzaron los Bs 10.279 millones. Estos datos se consolidaron con el Decreto 5241, emitido en octubre de 2024, que buscó apoyar a consumidores afectados por bloqueos y eventos climáticos.
Los antecedentes se remontan incluso más atrás. En diciembre de 2022, según ASFI, se habían registrado 7.493 solicitudes de reprogramación por un monto de Bs 939 millones, de las cuales el 67 % ya había sido procesado, lo que evidencia que el uso de estos mecanismos se fue normalizando con el paso de los años.
Desde el sistema financiero, las advertencias no tardaron en aparecer. Representantes de la banca privada alertaron sobre los riesgos que implica la prolongación de estas medidas. De acuerdo con datos citados por la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), hasta el 62 % de la cartera en mora estaría vinculada a créditos previamente reprogramados, con saldo pendiente de recuperación cercano a los $us 784 millones.
El economista Fernando Romero advirtió que, más allá de aspectos culturales, estas políticas no abordan el problema de fondo: la crisis económica estructural. A su criterio, las medidas funcionan como una “anestesia” temporal que puede derivar en un efecto bola de nieve. Romero señaló que este tipo de intervenciones no envía señales positivas ni a ahorristas, ni a depositantes, ni a futuros prestatarios, y remarcó que existe una diferencia sustancial entre un diferimiento acordado voluntariamente entre bancos y clientes y uno impuesto por el Estado.