El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, explicó la posición oficial de Bolivia sobre la situación de Venezuela y resaltó que el derecho internacional no ampara a individuos acusados de colapsar el Estado de derecho, en referencia a Nicolás Maduro, quien se hizo de la presidencia de unas elecciones manipuladas.
Fuente: ANF
Ayer en la madrugada, Maduro fue capturado por las fuerzas estadounidenses en un operativo dentro de territorio venezolano. Posteriormente, fue llevado a Estados Unidos donde enfrenta cargos por corrupción, narcotráfico y otros delitos.
Varios países gobernados por autoridades de izquierda rechazaron la operación y denunciaron una violación al derecho internacional con la invasión a territorio soberano.
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El canciller Aramayo resaltó que el país reafirma su compromiso con el derecho internacional y con la carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, resaltó que la situación de Venezuela tiene leerse desde su complejidad y la situación que viene enfrentando en los últimos 26 años.
“El carácter del presidente constitucional en Venezuela es un hecho jurídico controvertido. Recuerden el conjunto de observaciones y rechazo de muchos países al proceso electoral del 2018 y luego el 2024. Este no es un tema menor, porque cuando se apela al derecho internacional estamos hablando de un conjunto de principios que aplican a presidentes constitucionales”, subrayó el ministro de Relaciones Exteriores.
El presidente del Bolivia, Rodrigo Paz, emitió un mensaje ayer indicando que el país siempre defenderá el respeto a la democracia y por eso aplaudió el proceso de Venezuela hacia un nuevo gobierno.
Aramayo también indicó que el derecho internacional no ampara a quienes son acusados de violar el Estado de derecho o romper la vigencia del orden democrático.
“El otro elemento fundamental tiene que ver con el hecho del derecho internacional consuetudinario que no regula acciones dirigidas contra individuos acusados de crímenes internacionales. Especialmente cuando incurren en colapso del Estado de derecho o la ruptura del orden constitucional o la vigencia del orden democrático y del Estado de derecho”, enfatizó.
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