CAO exige un INRA técnico y «no político» para garantizar seguridad jurídica


El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente advirtió que los avasallamientos responden a tráfico de tierras y no a conflictos sociales, y pidió al Gobierno aplicar la ley sin negociación con la ilegalidad.

Por Ernesto Estremadoiro Flores



Fuente: eldeber.com.bo

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Klaus Frerking, demandó este jueves poner un freno definitivo a los avasallamientos de tierras y advirtió que estos hechos no responden a conflictos sociales, sino a intereses vinculados al tráfico ilegal de tierras. La declaración fue realizada en el marco del encuentro convocado por autoridades cruceñas en la Gobernación de Santa Cruz para analizar esta problemática.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Frerking sostuvo que terminar con los avasallamientos es una condición clave para devolver la seguridad jurídica al país y reactivar la inversión privada. “Si no hay respeto a la propiedad y al trabajo, no hay inversión, no hay empleo y no hay economía que se mueva”, afirmó, al insistir en que la única vía para enfrentar esta situación es el cumplimiento estricto de la ley, sin excepciones ni concesiones.

El dirigente empresarial planteó, además, la necesidad de endurecer la normativa y exigir que jueces, fiscales y todas las instancias del Estado cumplan su rol. “Respetar el derecho propietario y el derecho al trabajo es respetar el futuro del país”, señaló, al tiempo de cuestionar el manejo político del INRA durante los últimos años. En ese sentido, pidió la conformación de un INRA “técnico y no político”, que trabaje junto a los productores y al servicio de la sociedad.

Frerking alertó que los avasallamientos no se limitan a Santa Cruz y se registran también en Cochabamba, Tarija, Beni e incluso en concesiones mineras en Potosí, lo que —dijo— evidencia un problema estructural que pone en riesgo el Estado de Derecho. “Esto tiene que terminarse. El país necesita reglas claras para todos”, remarcó.

Como primera medida, el presidente de la CAO instó al Gobierno a hacer cumplir las órdenes de aprehensión y de desalojo ya emitidas. “Hay que dar un mensaje firme y directo: no se negocia con delincuentes ni con la ilegalidad”, afirmó. A su juicio, solo una respuesta contundente del Estado permitirá recuperar la confianza y garantizar condiciones para el desarrollo productivo y económico del país.