El saqueo se extendió también a sus viviendas, tanto en el pueblo de Apolo, en la zona Madrid, como en su propiedad rural en la comunidad de Copacabana.
Fuente: ANF
Juan Bascopé, apicultor de Apolo, denunció que tras su detención en el marco del denominado caso Apolo fue víctima de un saqueo total y sistemático de todos sus bienes, además de una persecución persistente contra su familia por parte de comunarios y personas allegadas de la zona. Según su testimonio, su encarcelamiento abrió la puerta a un despojo que no solo destruyó su actividad económica, sino que lo dejó sin patrimonio ni posibilidad de retorno seguro a su tierra.
“Cuando me detuvieron, la gente se aprovechó del árbol caído. No dejaron nada, absolutamente nada”, relató Bascopé a ANF, al detallar que el saqueo alcanzó a sus colmenas, viviendas, maquinaria, ganado y tierras familiares. “Me han quitado todo lo que construí en años de trabajo”, afirmó.
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Uno de los golpes más duros, según explicó, fue la pérdida total de su actividad apícola, que constituía su principal fuente de sustento. Bascopé aseguró que un comunario identificado como Lorenzo L. se llevó entre 800 y 1.000 colmenas, mientras que Víctor Ch. trasladó otras 200 al sector de Bucaso, donde finalmente fueron quemadas o destruidas.
“De todas mis colmenas, mis hermanos solo pudieron rescatar tres. Todo lo demás se perdió”, lamentó.
El despojo, de acuerdo con su relato, también alcanzó a la mina de la que era titular. Bascopé denunció que inicialmente personas como Gregorio C., Felipe S., Romer C. y Ramiro se apropiaron del yacimiento. Posteriormente, dijo, Aldo Ch. tomó la mitad de la mina e introdujo a una empresa china que operó durante ocho meses con retroexcavadoras y volquetas.
“Han trabajado como si fuera suyo, hasta que la comunidad los expulsó”, señaló.
Afirmó que los comunarios levantaron un campamento y una cancha de fútbol sobre la mina, aunque luego la abandonaron al no poder explotarla. Actualmente, Bascopé asegura haber iniciado trámites legales para recuperar ese espacio.
El saqueo se extendió también a sus viviendas, tanto en el pueblo de Apolo, en la zona Madrid, como en su propiedad rural en la comunidad de Copacabana. “Entraron y se llevaron todo. Camas, televisores, radios, parlantes, mi computadora, la ropa de mi esposa, hasta las colchas”, enumeró.
Según su denuncia, cada cama torneada robada estaba valuada en unos 7.000 bolivianos. En uno de los inmuebles, agregó, “tumbaron una pared para poder sacar mis cosas”.
Bascopé sostuvo que parte de los bienes sustraídos fueron vendidos por los saqueadores para cubrir deudas personales. “Han hecho negocio con lo mío”, reprochó. El impacto del despojo, dijo, alcanzó también a otros miembros de su familia: de su madre se llevaron siete cabezas de ganado y, en los terrenos ancestrales de Copacabana donde vivía su hermana Eva, los comunarios quemaron la vivienda con todas las pertenencias en su interior y erradicaron los cultivos de coca para sembrar pasto destinado a su propio ganado.
Además del saqueo, el apicultor denunció la existencia de amenazas y posibles trampas contra su familia. Relató que Lorenzo L. intentó convencer a su esposa (cuando estaba viva) e hijos de ir a cosechar una supuesta plantación de coca que la comunidad habría sembrado para ellos.
“Era una emboscada para matarlos. Yo me di cuenta y les dije que no vayan”, afirmó.
Persecución a su familia
La persecución sistemática y extrema contra su familia está marcada por muertes, golpizas, torturas y secuestros, según denuncia, que atribuye a conflictos por tierras y al interés de despojarlos de sus bienes.
Relata que su hijo mayor en 2016 fue víctima de una venganza directa. También está la muerte de su esposa que previamente sufrió un grave ataque. Fue ahorcada por un grupo de personas identificadas como miembros de su comunidad y después murió por las secuelas.
El testimonio incluye agresiones reiteradas contra familiares vivos: su madre de 80 años fue golpeada y rodeada de fuego con intención de quemarla viva; su hermano Donato fue garroteado; su cuñado Quintín fue azotado, quedando imposibilitado de trabajar; y otros parientes, incluidos niños, fueron golpeados o perseguidos con chicotes, palos y cuchillos.
Además, denuncia el secuestro de un sobrino, presuntamente vendido y cuyo paradero sigue siendo desconocido. Bascopé expresa impotencia ante la impunidad de los agresores y sostiene que la violencia busca exterminar a su familia para consolidar el despojo de sus tierras y patrimonio.
Hoy, desde la cárcel, Bascopé asegura que no le queda ningún bien. “No tengo ni una gallina, ni un chancho, ni una vaca”, dijo, y añadió que los comunarios han advertido que, si él o su familia regresan a la zona, serán asesinados. Atribuye ese odio, en parte, a su éxito previo como apicultor y a su decisión de defender a familiares que habrían sido agredidos. “Mi único delito fue trabajar y no callarme”, concluyó.
Juan Bascopé fue detenido en julio de 2014, casi nueve meses después de los hechos ocurridos el 19 de octubre de 2013, cuando un enfrentamiento entre comunarios y efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta, durante un operativo de erradicación de coca en Apolo, dejó cuatro muertos.
Pese a que no fue encontrado en el lugar ni se presentaron pruebas físicas que lo vinculen directamente con los hechos, fue acusado como autor y sentenciado en 2020 a 30 años de prisión sin derecho a indulto. Es el único de 25 procesados que terminó condenado.
Su defensa y organizaciones de derechos humanos han denunciado graves irregularidades en el proceso, entre ellas la ausencia de pericias científicas y el uso de testimonios no corroborados. Bascopé también ha denunciado torturas durante su detención, que le dejaron secuelas físicas y psicológicas. Actualmente permanece encarcelado en San Pedro, con su salud deteriorada, a la espera de que su caso sea revisado.
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Fuente: ANF