Fuente: ANF
Los centros de acogida dependientes del Arzobispado de Cochabamba determinaron la suspensión temporal del ingreso de nuevos niños, niñas y adolescentes, debido a que la Gobernación aún no regularizó el convenio de becas alimenticias correspondiente a esta gestión.
La responsable de la Comisión de Promoción Social de la Pastoral Social Cáritas Cochabamba, Marlen Vida Flores, explicó en conferencia de prensa que la decisión fue asumida el 8 de enero, tras una reunión con los directores de todos los centros.
“Mientras la Gobernación no regularice la situación del convenio, no vamos a recibir niños de ingresos nuevos”, señaló, aclarando que la medida es temporal y no implica el cierre de los centros.
Actualmente, los centros de acogida del Arzobispado atienden a aproximadamente 270 niños y adolescentes, entre los 4 y 18 años, que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad, como víctimas de violencia sexual, niños huérfanos o abandonados.
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Vida Flores explicó que el Estado aporta 12 bolivianos diarios por niño a través de la beca alimenticia, monto que solo cubre la alimentación básica, mientras que el servicio de salud, de educación y otros gastos son asumidos íntegramente por la Iglesia.
La responsable de Pastoral Social manifestó su preocupación, señalando que enero es un mes sin financiamiento estatal para alimentación, lo que obliga a los centros a cubrir los gastos con recursos propios.
“Sabemos que la Gobernación atraviesa dificultades económicas, pero la alimentación de los niños es fundamental y no puede ser postergada”, afirmó.
Alerta sobre Ley 1006 que genera más crisis
La Hermana Bruna Pierobon, representante de los hogares de acogida del Arzobispado de Cochabamba, también alertó sobre la difícil situación económica y administrativa que enfrentan estas instituciones tras la aplicación de la Ley 1006 y decretos departamentales que, según indicó, “afectan directamente a la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad”.
Además, explicó que la normativa, promulgada en 2021 y en aplicación operativa desde 2024, incluye requisitos cuyo cumplimiento representa costos elevados para los hogares, que dependen “mayormente de la solidaridad” para sostenerse.
Pierobon puso como ejemplo el caso del Centro de Acogida Wacinchej, en Sacaba, donde aún no se concluye el pago de 2.500 bolivianos exigidos para obtener la Resolución Administrativa que permite la firma de convenios con la Gobernación. También cuestionó que las evaluaciones psicosociales deban realizarse exclusivamente por funcionarios del SEDEPOS, entidad que además inspecciona los hogares, generando gastos adicionales.
“Estamos en emergencia. No se trata solo de normas y trámites, sino de la vida cotidiana de los niños y jóvenes que están bajo nuestro cuidado”, afirmó.