Fuente: ANF
El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) expresó su respaldo a la denominada Ley antibloqueos, actualmente en debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional, al considerar que se trata de una norma necesaria para frenar los perjuicios económicos provocados por los bloqueos de vías. Sin embargo, la institución cívica manifestó su desacuerdo con uno de los puntos centrales del proyecto: la prohibición del uso de dinamita en las manifestaciones.
Alberto Pérez, representante de Comcipo, calificó la iniciativa legislativa como “totalmente positiva” y aseguró que este criterio no solo es institucional, sino que también refleja el sentir de gran parte del pueblo potosino. Según el dirigente, la ley apunta a evitar que determinados sectores sociales continúen afectando la economía nacional mediante medidas de presión que paralizan al país.
Pérez señaló que organizaciones como la Central Obrera Boliviana (COB), las Bartolinas y los Ponchos Rojos actúan como “brazos operadores” del anterior gobierno, utilizando los bloqueos como una herramienta política que termina golpeando a una economía ya debilitada. En ese contexto, sostuvo que la normativa busca poner límites a prácticas que, lejos de beneficiar a la población, profundizan la crisis.
No obstante, el representante cívico identificó un punto de fuerte rechazo, especialmente entre los trabajadores mineros y cooperativistas: la prohibición del uso de dinamita durante las protestas. Pérez explicó que para este sector el explosivo no es solo una herramienta de trabajo, sino también un medio histórico de expresión y reivindicación.
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“Quitarle la dinamita a un minero es como quitarle el micrófono a un periodista”, afirmó en contacto con ANF, al considerar que esta restricción funciona como una “mordaza” que limita la capacidad de protesta de los trabajadores del sector minero, cuya vida cotidiana está estrechamente ligada al uso de explosivos.
Pese a esta observación crítica, Pérez justificó el apoyo de Comcipo a la ley recordando las graves pérdidas económicas sufridas por Potosí en anteriores conflictos, como los 19 días de paralización total provocados por bloqueos. Remarcó que Potosí es un departamento “rebelde” y productivo, que sostiene al país a través de la minería, y llamó a dejar de perjudicarse entre bolivianos para permitir la reactivación económica.
La propuesta de Ley antibloqueos busca tipificar los bloqueos de vías como delito grave, con penas que oscilan entre tres y veinte años de prisión, además de sanciones civiles para resarcir daños. Mientras el proyecto sigue en discusión legislativa, la COB y otros sindicatos rechazan la iniciativa, la califican de inconstitucional y advierten movilizaciones si la norma avanza.