Huanuni y Colquiri destinan más del 90% de sus recursos a gasto corriente, principalmente salarios. Los datos revelan una estructura que prioriza planillas sobre la inversión y reabre el debate sobre el control y la gestión de la minería estatal
Por Ernesto Estremadoiro Flores
Fuente: El Deber
29 de diciembre de 2025. Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), esquiva una pregunta directa, de esas que no admiten rodeos: ¿cuánto gana? La respuesta no llega. En su lugar, evasivas. El silencio no solo incomoda; alimenta el cuestionamiento a un sector que arrastra una creciente pérdida de credibilidad y es percibido, cada vez con menos disimulo, como un grupo privilegiado dentro del universo laboral.
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Argollo no es un dirigente cualquiera. Proviene de Huanuni, una mina administrada por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), que, junto con Colquiri absorben el 75% del presupuesto total de la corporación.
El dato inicial sorprende, pero lo revelador aparece al mirar el detalle. Según el presupuesto 2025 de Comibol, al que accedió EL DEBER, más del 90% de los recursos asignados a Huanuni y Colquiri se destinan a gasto corriente: sueldos, salarios y costos operativos. Pero la inversión productiva queda relegada a un papel decorativo, con una cifra que no superan el 8%.
En 2025 el Gobierno de Luis Arce asignó a Comibol Bs 3.153 millones. Pero el reparto interno dibuja una fotografía incómoda: tres de cada cuatro bolivianos del presupuesto se concentran en estas dos minas, y la mayor parte de esos recursos no apunta a modernización, exploración ni aumento de productividad, sino a sostener una pesada estructura salarial.
Detalles
Huanuni, símbolo histórico de la minería estatal, manejó Bs 1.389 millones en 2025. De ese total, Bs 1.295 millones, equivalentes al 93,3%, están destinados a gasto corriente. Solo en servicios personales —sueldos, bonos, horas extra, aguinaldos y aportes patronales— se asignan Bs 731,3 millones, más de la mitad de todo su presupuesto.
Mientras que la inversión en activos reales alcanza Bs 93,3 millones, apenas 6,7% del total. En términos simples, por cada boliviano que Huanuni invierte, gasta casi ocho en salarios.
El resto del presupuesto se distribuyó en servicios no personales por Bs 317,3 millones, que incluyen energía eléctrica, transporte, seguros y servicios especializados, y en materiales e insumos por Bs 192,2 millones, destinados a combustibles, repuestos y productos químicos. El resultado: una estructura que absorbe casi todos los recursos, mientras la inversión queda limitada a proyectos puntuales de mecanización, equipamiento y obras menores.
Colquiri presenta un esquema similar, aunque con ligeras diferencias. Su presupuesto para 2025 fue Bs 965,3 millones, de los cuales Bs 886,4 millones —el 91,8%— corresponden a gasto corriente. En sueldos se destinaron Bs 419 millones, el 43,4% del total. La inversión asignada fue Bs 78,9 millones, equivalente al 8,2%, un porcentaje algo mayor que el de Huanuni, pero insuficiente para cambiar la lógica general.
En Colquiri, el gasto en materiales e insumos es proporcionalmente más alto, con Bs 247,3 millones, lo que refleja una operación más intensiva en insumos productivos. A ello se suman Bs 102,3 millones en servicios no personales y Bs 104,4 millones en otros gastos, como impuestos y regalías. Aun así, la relación entre salarios e inversión sigue siendo desfavorable: por cada boliviano invertido, Colquiri gasta más de cinco en planillas.
Análisis
Los elevados ingresos de trabajadores asalariados en empresas mineras estatales como Huanuni y Colquiri no son una anomalía aislada ni un error contable: son la consecuencia de una estructura de gestión distorsionada, donde la Comibol perdió control efectivo sobre sus propias empresas. Así lo sostiene el experto en minería Héctor Córdova, al analizar la situación financiera y administrativa de Comibol.
Córdova explica que tras el Decreto Supremo 2160 y las reformas posteriores, Comibol fue reducida durante años a una entidad “prácticamente en liquidación”.
La recuperación parcial de competencias llegó en 2007, con la Ley 3720, pero sin activos suficientes ni capacidad técnica real. “Había más abogados que ingenieros”, resumió Córdova. Aun así, se encargó a Comibol la administración de la reserva fiscal minera y la asignación de áreas, una tarea para la que —según el experto— no estaba preparada.
El punto de quiebre se dio con la recuperación de operaciones clave como Empresa Minera Huanuni, Empresa Minera Colquiri y Empresa Minera Corocoro.
En el caso de Huanuni, un conflicto originado en 2006 derivó en la disolución de cooperativas y la incorporación, de la noche a la mañana, de unos 4.000 trabajadores a la planilla estatal. “Una empresa que tenía 800 empleados pasó a casi 5.000. Desde ahí se volvió prácticamente inviable”, señala.
A ese problema se sumó una decisión política que, según Córdova, fue un error grave: declarar a Huanuni empresa estratégica y poner como presidente de su directorio al ministro de Minería, y no al presidente de Comibol. “Eso rompió la estructura jerárquica. La corporación quedó desautorizada para tomar decisiones sobre su propia empresa”, afirma.
Aunque ese esquema se corrigió luego en Colquiri y Corocoro, el daño ya estaba hecho.
El economista Germán Molina aseguró que la crisis estructural de la Corporación Minera de Bolivia no es nueva ni accidental, sino el resultado de decisiones políticas tomadas durante los años de bonanza minera que consolidaron altas escalas salariales y un gasto corriente insostenible, particularmente en empresas como Empresa Minera Colquiri y Empresa Minera Huanuni.
Molina explica que el problema se origina en el primer gobierno de Evo Morales, cuando el alza internacional de los precios del estaño, la plata y otros minerales permitió pactar salarios elevados más bonos de producción atados a la cotización internacional.
“Mientras hubo bonanza, el modelo se sostuvo. El problema vino cuando los precios cayeron desde 2013-2014 y los trabajadores exigieron mantener esos ingresos como ‘derechos adquiridos’”, dijo el especialista.
Desde entonces, aseguró, gran parte de los ingresos generados por las estatales a pagar sueldos y bonos, dejando a la Comibol sin capacidad real de reinversión.
El especialista en minería José Padilla, coincide que parte de los ingresos se diluye en salarios, mientras la reinversión y el capital de operación quedan relegados.
Padilla señala que el problema no es reciente y responde a la forma en que históricamente se han manejado las empresas estatales, agravada en el sector minero por el peso del sindicalismo.
“Ya se ven los sueldos que reciben algunos dirigentes y, además, el robo de mineral. Son empresas deficitarias, mal administradas”, afirmó. A su juicio, este cóctel explica por qué, pese a generar ingresos importantes, las operaciones terminan funcionando a pérdida o con márgenes cada vez más estrechos.
Padilla reconoce que cualquier intento de reforma tendrá costos políticos, sobre todo por el poder que han acumulado los sindicatos mineros. Sin embargo, considera que el Gobierno debe asumir medidas firmes. “Tiene que doler a los que están adentro. No se puede seguir pagando sueldos altos mientras se trabaja a pérdida”, dijo
El silencio de Mario Argollo descrito en las primeras líneas de este reportaje, no es un lapsus retórico. Mientras las cifras revelan que la minería estatal destina la mayor parte de sus recursos a sostener salarios y estructuras internas, la pregunta sobre cuánto ganan quienes dicen representar a los trabajadores sigue sin respuesta. Al final, más que una cuestión salarial, el debate expone algo más profundo: ¿Quién manda en la minería estatal? ¿Y a quién beneficia el silencio cuando los números hablan solos?
Fuente: El Deber