Comité Cívico de Santa Cruz dice que acuerdo sobre el decreto no es con el pueblo, sino con «extorsionadores»


El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, rechazó el acuerdo entre el Gobierno y la COB sobre el decreto y aseguró que no responde a las necesidades del pueblo boliviano, sino a presiones y extorsiones de dirigentes sindicales. El ente cívico anunció que analizará el decreto y convocó a un directorio de emergencia ante la crisis política y económica.

 

Conferencia de prensa del Comité Cívico de Santa Cruz. Foto: Captura de pantalla



Fuente: Brújula Digital

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, cuestionó los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) el pasado domingo entorno a la abrogación al Decreto Supremo 5503, al afirmar que “no es un acuerdo con el pueblo boliviano, sino con extorsionadores”, y advirtió que analizará cada uno de los puntos del nuevo decreto.

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“Primero debe primar lo que los bolivianos necesitamos sobre el decreto que va a emitir el Gobierno. Se analizará cada uno de los puntos, porque eso no es un acuerdo con el pueblo boliviano es un acuerdo con los extorsionadores de la COB”, afirmó en conferencia de prensa.

Cochamanidis sostuvo que “grupos minúsculos no pueden, mediante la extorsión y la violencia, dirigir el rumbo del país” y acusó a la COB y al evismo de presionar al Gobierno para «mantener privilegios personales».

Además, informó que cada día de bloqueo que llevó adelante la COB en demanda de la abrogación del DS 5503,  significo un perjuicio directo para la población y el sector productivo.

“Cada día de bloqueo fue un ataque al estómago del boliviano y un castigo al productor que perdió su producción. Los millones de dólares no van a volver, y lo único que trajo la COB fue más inflación: la comida llega más cara o simplemente no llega a los hogares”, afirmó.

Finalmente, Cochamanidis responsabilizó al Gobierno por no haber puesto un freno oportuno a los bloqueos y aseguró que la falta de decisiones firmes permitió que el conflicto se prolongue por más de 20 días, con graves consecuencias económicas y sociales. “O se pone un alto a estas personas que buscan privilegios personales o el país no va a soportar la crisis que estamos viviendo”, concluyó.