El proyecto de ley que autoriza la conversión voluntaria de la pequeña propiedad agraria en propiedad mediana o empresarial no es un mero trámite administrativo. En realidad, revela un fenómeno agrario profundo y preocupante: el fraccionamiento simulado de predios como expresión de luchas políticas y económicas en torno a la tenencia de la tierra en Bolivia.
Durante décadas, la pequeña propiedad fue concebida como un espacio de vida y producción de familias rurales, protegida por su función social bajo un régimen jurídico diferenciado. Sin embargo, el proceso de saneamiento de los últimos años muestra que, en muchos casos, esta forma de propiedad fue usada de manera instrumental.
Muchos poseedores de grandes extensiones de tierras recurrieron al fraccionamiento en varios predios pequeños y con conocimiento de causa de que al hacerlo estaban infringiendo la ley. Actuaron de esta manera para beneficiarse de procedimientos simplificados y, especialmente, para eludir los controles relacionados con la verificación de la Función Económico-Social (FES).
El fraccionamiento simulado se convirtió en una estrategia jurídica y política para legalizar grandes extensiones de tierras que, de otro modo, habrían sido sometidos al escrutinio que ordena la ley respecto al origen del derecho propietario, compatibilidad con normas de protección ambiental y el cumplimiento de obligaciones productivas.
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Al haber esquivado el debido proceso, se titularon tierras en áreas de bosques protegidos, parques nacionales o reservas forestales, bajo el supuesto de que eran compatibles con el uso sostenible del suelo y la biodiversidad.
El uso de la pequeña propiedad como figura formal se masificó en los últimos años, principalmente en el departamento de Santa Cruz. Según estimaciones de Fundación TIERRA, al menos existen 104 mil predios titulados como pequeñas propiedades que suman 3,5 millones de hectáreas.
Lo más llamativo es que muchas de estas tierras fueron legalizadas como predios ganaderos, pero cerca de un millón de hectáreas corresponden a monocultivos mecanizados de soya. El fraccionamiento no solo encubrió esta realidad, sino que facilitó procesos de conversión de bosques hacia usos agrícolas intensivos.
En este contexto, el proyecto de ley no es una iniciativa legislativa inocente o neutral, sino la pieza maestra para cerrar un ciclo que comenzó con el fraccionamiento falseado y que ahora se pretende completar con la “reconversión” a propiedades medianas y empresariales.
La propuesta resulta todavía más problemática por plantear un procedimiento excepcional, discrecional y acelerado. En su versión última, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) está obligado a aprobar la conversión en un plazo máximo de 10 días y a simple solicitud y declaración jurada de la parte interesada.
Esto significa que el Estado renunciaría a su rol como garante del ordenamiento territorial, la seguridad jurídica y la protección ambiental. Un trámite voluntario pasaría a sustituir un proceso técnico–jurídico que regula el uso del suelo según su vocación productiva y presencia de bosques y biodiversidad.
En consecuencia, el proyecto de ley no es una iniciativa de pequeños productores, ni está orientada a fortalecer la economía de los pequeños productores. Al contrario, se perfila como un instrumento de poder político para institucionalizar la impunidad en materia agraria y la postergación reiterada de la verificación tanto de la Función Económico-Social (FES), como de la Función Social (FS).
Estos son los antecedentes y estado de situación en que las autoridades del gobierno nacional enfrentan hoy la disyuntiva de aprobar o rechazar el proyecto de normativa. La decisión que se adopte marcará un precedente en materia agraria.
Su aprobación habrá consolidado un escenario de mayor impunidad, gestión corrupta de la tenencia de la tierra y debilitamiento institucional. Su rechazo, en cambio, podría constituirse en una señal alentadora de que cualquier reforma debe hacerse con sentido de responsabilidad histórica, transparencia, criterios técnicos, y no bajo presión de grupos de poder.
Gonzalo Colque es investigador.